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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (Q18/951) por la que se recomienda al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo por el servicio de grúa municipal al que se refiere la queja, y que devuelva a la interesada el importe correspondiente. Asimismo se le recomienda que deje sin efecto la multa impuesta a la interesada por estacionar indebidamente su vehículo en una zona de estacionamiento limitado sin el correspondiente tique, por encontrarse anulada la denuncia correspondiente a dicha multa.

25 Febrero 2019

Tráfico

Alcalde de Pamplona-Iruña

Excmo. Sr. Alcalde:

  1. El 26 de diciembre de 2018 esta institución recibió un escrito de la señora doña […], mediante el que formulaba una queja frente al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, por la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal, al haber estacionado sin tique en zona de estacionamiento limitado.

    En dicho escrito, exponía que:

    1. El 30 de octubre de 2018, a las 8:55 horas, aparcó su coche en la Travesía Monjardín, de Pamplona-Iruña, que es zona azul, no llegando a finalizar el pago del tique de aparcamiento a través del móvil, ya que mientras estaba en la aplicación TELPARK recibió una llamada telefónica y, al finalizar, olvidó por completo finalizar el pago.
    2. A las 10:07 horas se dio cuenta del descuido cometido y comprobó en la aplicación TELPARK que tenía una denuncia anulable (en plazo, ya que si no la aplicación no permite abonar la multa), por lo que procedió al pago del importe correspondiente a la anulación de la multa (11,65 euros) y al pago de un nuevo tique de la zona azul, por importe de 1,35 euros.
    3. Cuando regresó a recoger el vehículo se encontró con que se lo había llevado la grúa. Seguidamente, acudió al depósito municipal, donde tuvo que abonar 100 euros, por la retirada de su vehículo por la grúa municipal, pero no abonó los 60 euros correspondientes a la multa impuesta.
    4. Su vehículo se encontraba correctamente aparcado, sin obstaculizar el tráfico ni suponer ningún peligro. Ni siquiera perjudicaba el estacionamiento de otros vehículos, ya que es una zona donde la mayoría de plazas de aparcamiento están libres a la hora en la que realizó el estacionamiento de su vehículo.
    5. No comprende cómo es posible anular, en plazo, la multa en la aplicación TELPARK en el móvil y, sin saberlo, que el vehículo ya haya sido retirado por el servicio municipal de grúa.

      Por todo ello, solicitaba la devolución de los 100 euros abonados por la retirada de su vehículo por la grúa municipal, y la anulación de la multa de 60 euros impuesta por haber estacionado sin el correspondiente tique.

    6. Seguidamente, esta institución se dirigió alAyuntamiento de Pamplona-Iruña, solicitando que informara sobre la cuestión suscitada.
  2. En el informe recibido, se señala lo siguiente:

    “Del expediente administrativo y de lo manifestado por la interesada se desprende que el día 30 de octubre de 2018 estacionó su vehículo en una zona de estacionamiento limitado sin tique habilitante, ni poseer tarjeta de residente.

    Lo anterior está tipificado como una infracción administrativa en el art. 40.2.b) de la Ley de Tráfico 6/2015, en el art. 57.o) de la OMT de Pamplona y en el art. 24.1 de la ORZEL de Pamplona.
    Como consecuencia de lo anterior se formuló la correspondiente denuncia a las 9,10 horas. (Expte. 23311/18).

    Dicha infracción conlleva la retirada del vehículo de la vía pública a tenor del art. 105.1.g) de la Ley de Tráfico, en el art. 93.1 del Reglamento General de Circulación, en el art. 69,e) de la OMT de Pamplona y en el art. 23 de la ORZEL de Pamplona.

    El vehículo en cuestión fue retirado por la grúa municipal a las 9,33 horas.

    Tanto la denuncia como la retirada del vehículo son ajustadas a Derecho.

    La interesada, con posterioridad a estos hechos y mediante la aplicación Telpark procedió a anular la denuncia abonando la tasa de anulación de 11,65 euros contemplada en la Ordenanza Fiscal nº 13 del Ayuntamiento de Pamplona y abonó tique de aparcamiento de 1,35 euros pensando que el vehículo todavía no había sido retirado de la vía pública. La interesada realizó las citadas actuaciones a las 10,07 horas.

    A la vista de lo anterior debería tenerse por anulada la denuncia (expte. 23311/18) y devolverse la cantidad abonada en concepto de tique de aparcamiento (1,35 euros) sin que proceda la devolución de la tasa de grúa al ser ajustada a Derecho, al igual que la denuncia, aunque en este caso se procedió a su anulación en la forma legalmente establecida”.

  3. Como ha quedado reflejado, la queja se presenta por la retirada del vehículo de la interesada de la vía pública, derivada de un estacionamiento sin tique ni tarjeta de residente en una zona de estacionamiento limitado, y por la imposición de una multa de 60 euros por estacionar el vehículo sin el correspondiente tique, cuando la interesada ya había abonado 11,65 en concepto de anulación de la denuncia interpuesta.

    La autora de la queja expone que el día de los hechos estacionó en horario regulado su vehículo en una calle de Pamplona-Iruña y que, tras un despiste, no abonó el estacionamiento. Cuando fue consciente del descuido, la interesada comprobó en la aplicación TELPARK que tenía una denuncia anulable (en plazo, ya que si no la aplicación no permite abonar el importe de la anulación), por lo que procedió al pago del importe correspondiente a la anulación de la denuncia (11,65 euros) y al pago de un nuevo tique de la zona azul, por importe de 1,35 euros.

    Por parte del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, se considera que la actuación es conforme a derecho, con arreglo a la Ley de Tráfico, a la Ordenanza Municipal de Tráfico y a la Ordenanza reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

  4. Esta institución, en relación con la retirada de vehículos por el servicio municipal de grúa en las zonas de estacionamiento limitado, ha señalado lo siguiente:

    “La medida de retirada del vehículo está limitada por los principios informadores que rigen la adopción de decisiones de naturaleza cautelar -cuya finalidad es garantizar el buen fin del procedimiento, proteger incidentalmente la legalidad, el interés general o los derechos de terceros-, y, en general, por los principios que informan la actividad administrativa de limitación o la policial, entre los que se encuentran los de proporcionalidad y de menor restricción de la libertad individual o favor libertatis.

    Se señala lo anterior porque, aunque la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [(artículo 105.1 g) del Real Decreto Legislativo 6/2015)] prevea que la autoridad encargada de vigilar el tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a retirar el vehículo en los casos de estacionamiento en zona limitada sin tique, de tal previsión no se deriva, por sí solo, la legalidad de la retirada.

    Según interpreta esta institución, que exista un supuesto legal de retirada del vehículo por estacionamiento sin tique es condición necesaria, pero no suficiente, para amparar el acto administrativo. Y ello porque, por la naturaleza de la medida de retirada del vehículo, la misma exige una valoración de las circunstancias concurrentes que lleve a la convicción de lo adecuado y preciso de adoptarla, habida cuenta de que no estamos ante una sanción ante el incumplimiento de la normativa, sino ante una actuación tendente a proteger incidentalmente la legalidad, el interés general y los derechos de terceros.

    La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (vigente en el momento de producirse los hechos que motivaron la queja), en su artículo 136, exige la motivación de las medidas provisionales, que es inherente a su propia naturaleza y finalidad, y que lleva aparejada una valoración de las circunstancias que concurren, incompatible con una aplicación tasada o reglada en este ámbito. La motivación de la adopción de las medidas provisionales también resulta exigible en virtud de lo dispuesto en el artículo 35.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

    A este respecto, la jurisprudencia recuerda reiteradamente que el principio de proporcionalidad es límite material para la adopción de medidas provisionales y, en esta línea, el Tribunal Constitucional ha declarado que una medida provisional desproporcionada e irrazonable adquiere, en el exceso, carácter punitivo (así, por ejemplo, en la STC 104/1995).

    Tales límites, a juicio de esta institución, son aplicables a la medida de retirada de vehículos de la vía pública.

    En el caso que nos ocupa, no se aprecia una motivación específica del acto de retirada por parte del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, que viene a interpretar que basta con el hecho de que el vehículo no dispusiera de tique.

    A juicio de esta institución, no se aprecian en el caso circunstancias cualificadas que justifiquen la retirada del vehículo (se explica que el mismo no entorpecía el tráfico), por lo que se incurrió en desproporción.

    Como se ha dicho, el precepto legal que cita el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña prevé un supuesto de retirada del vehículo, pero no construye una facultad o habilitación incondicionada, al menos con la generalidad que pareciera derivarse del informe municipal emitido.

    No es admisible, ni con criterios de justicia material, ni con los criterios jurídicos que limitan la potestad de intervención policial, que un estacionamiento como el producido, si no concurre alguna circunstancia cualificada, se vea penalizado, además de con la sanción por aparcar sin tique, con la retirada del vehículo y su depósito, con las consecuencias gravosas que ello conlleva, no ya solo de molestias para el ciudadano, sino también económicas”.

  5. En el caso ahora suscitado, la institución no aprecia motivo suficiente para la retirada del vehículo, entendiendo, como se deriva de la anterior consideración, que el citado acto administrativo, por su finalidad, requiere un plus adicional a la mera constatación de un estacionamiento irregular.

    Encontrándose el vehículo estacionado en un lugar habilitado para ello (salvada ahora la cuestión relativa al tique), y, por ende, sin obstaculizar el tráfico, la retirada de dicho vehículo constituye una medida desproporcionada, que exigiría la justificación de alguna circunstancia que cualificara la situación irregular y que la hiciera debida (en atención a otros derechos e intereses dignos de protección), sin que baste la pura constatación del hecho, máxime cuando transcurrió un tiempo relativamente breve -la interesada afirma que desde que estacionó al vehículo hasta que lo retiró la grúa habían transcurrido poco más de cuarenta minutos-.

    Todo lo cual lleva a esta institución a recomendar al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo y que devuelva a la interesada la cantidad correspondiente.

  6. En lo que se refiera a la multa de 60 euros impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña por el estacionamiento del vehículo en una zona de estacionamiento limitado sin el correspondiente tique, esta institución constata que la interesada anuló a través de la aplicación TELPARK la denuncia que tenía su vehículo por tal motivo. Sin embargo, según parece, en el momento de producirse dicha anulación, el vehículo ya había sido retirado por el servicio municipal de grúa.

    Comoquiera que la denuncia interpuesta ya había sido correctamente anulada por la interesada, con independencia de que el vehículo ya hubiera sido retirado por la grúa, esta institución considera que no puede exigirse el pago de una multa correspondiente a una denuncia correctamente anulada. Al no existir la denuncia que sirve de sustento para la imposición de la correspondiente multa, no es posible la continuación del procedimiento administrativo sancionador.

    Por ello, esta institución considera necesario recomendar al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que deje sin efecto la multa impuesta a la interesada por estacionar indebidamente su vehículo en una zona de estacionamiento limitado sin el correspondiente tique, por encontrarse anulada la denuncia correspondiente a dicha multa tras el abono por la autora de la queja de 11,65 euros a través de la aplicación TELPARK.

  7. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
    1. Recomendar al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo por el servicio de grúa municipal al que se refiere la queja, y que devuelva a la interesada el importe correspondiente.
    2. Recomendar al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña que deje sin efecto la multa impuesta a la interesada por estacionar indebidamente su vehículo en una zona de estacionamiento limitado sin el correspondiente tique, por encontrarse anulada la denuncia correspondiente a dicha multa.

De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñainforme, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2018 que se exponga al Parlamento de Navarra con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,

El Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea