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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (12/874/B), por la que se resuelve la queja formulada por doña [?].

10 Octubre 2012

Exp: 12/874/B

Bienestar Social

ANTECEDENTES

  1. Con fecha 3 de septiembre de 2012, tuvo entrada en esta institución un escrito presentado por doña [?], por el que formula una queja relativa al retraso en la resolución de su solicitud de percepción de la renta básica, hecha el 18 de julio de 2012.
  2. Examinada la queja, y a fin de determinar las posibilidades concretas de actuación de esta institución, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la misma, se solicitó al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, que informara sobre la cuestión planteada.

    Con fecha 3 de octubre de 2012, tuvo entrada el informe solicitado.

ANÁLISIS

  1. Como ha quedado señalado, la queja se presenta ante la demora en la resolución de un expediente de renovación de la renta básica, manifestando la interesada que presentó su solicitud, no resuelta, el día 18 de julio de 2012.

    En el informe emitido por la Administración, transcrito en los antecedentes, se invoca el artículo 74.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que exige seguir un riguroso orden de fecha de entrada de la solicitud y no existe prelación en el tratamiento.

  2. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece, en su artículo 42, el deber legal de resolver expresamente los procedimientos y, además, de hacerlo en el plazo máximo que sea de aplicación, de conformidad con la normativa que regule el procedimiento de que se trate.

    Este deber legal es correlativo al derecho de los ciudadanos a una buena administración de sus asuntos, sentado por el artículo 7 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, este precepto legal, en su apartado d), dispone que el derecho a una buena administración incluye el de obtener una resolución expresa por parte de la Administración dentro del plazo legalmente previsto. Y tal derecho, configurado legalmente, es recordado en la Orden Foral 46/2010, de 25 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  3. En relación con el procedimiento administrativo que interesa al caso de la queja, visto lo establecido por la disposición derogatoria única de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, ha de entenderse aplicable lo establecido a estos efectos en el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la renta básica. El artículo 12.2 de esta norma reglamentaria dispone un plazo de cuarenta y cinco días para resolver motivadamente y notificar a la persona solicitante la resolución, contado desde la fecha de la solicitud en el servicio social de base.

    Esta previsión no se opone al contenido de la Ley Foral 1/2012 -que, como se ha dicho, nada dispone en relación con el plazo máximo de duración de los procedimientos de concesión o renovación de la renta básica-, por lo que continúa vigente. Y tal conclusión quedaría corroborada por lo expresado en la Orden Foral 58/2012, de 9 de febrero, de la Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, recientemente publicada, por la que se regulan los supuestos excepcionales y de renovación extraordinaria de la renta de inclusión social, cuyo artículo 6 establece: mientras no se apruebe el Decreto foral que regule la renta de inclusión social, resultará aplicable el procedimiento de concesión previsto en el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la renta básica, sin perjuicio de las especialidades que se exponen en los artículos siguientes.

    A mayor abundamiento, al margen de que el deber legal referido es de aplicación a la generalidad de los procedimientos administrativos, esta institución no puede dejar de manifestar que, en relación con la prestación que nos ocupa, por su naturaleza y finalidad tendente a atender las necesidades más básicas y perentorias de los ciudadanos, debieran extremarse las medidas precisas para que el plazo previsto en la normativa fuera debidamente observado.

  4. La invocación que efectúa la Administración de un riguroso orden a seguir en la concesión, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud, no puede –ni debe- ser tenida en cuenta por esta institución cuando lo que se constata es la superación con creces del plazo establecido para la resolución de la petición. En efecto, ese orden invocado podría jugar como pauta o regla dentro del plazo fijado y en la medida en que su aplicación sea respetuosa con ese plazo, mas no cuando se actúa fuera del plazo y, por tanto, sin respetar el dictado de la norma. Y si la propia Administración reconoce que la demora en la tramitación que se causaría por no seguir ese orden, originaría o podría originar un daño irreparable, dicho daño será mayor –o, cuando menos- de muy difícil reparación cuando a 3 de octubre no se ha resuelto todavía, como ya era preceptivo, una solicitud de renovación (que no de concesión de la renta básica) presentada el 18 de julio de 2012; solicitud formulada por unos perceptores que no disponen de otros recursos económicos de subsistencia.

Por todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra,

RESUELVO:

  1. Recordar al Departamento de Políticas Sociales su deber legal de resolver las solicitudes de prestación de la renta básica o de inclusión social dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días previsto en la normativa vigente, y de notificar en dicho plazo las decisiones adoptadas.
  2. Recomendar al Departamento de Políticas Sociales que proceda, con la mayor celeridad, a resolver la solicitud presentada por la autora de la queja con fecha 18 de julio de 2012.
  3. Conceder un plazo de dos meses al Departamento de Políticas Sociales para que informe sobre la aceptación del recordatorio de deberes legales y de la recomendación, y de las medidas a adoptar al respecto, de conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de esta institución.
  4. Notificar esta Resolución al interesado y al Departamento de Políticas Sociales.

El Defensor del Pueblo de Navarra

Francisco Javier Enériz Olaechea