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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (12/356/B), por la que se resuelve la queja formulada por don [?].

08 Agosto 2012

Exp: 12/356/B

Bienestar Social

ANTECEDENTES

  1. Con fecha 28 de mayo de 2012, tuvo entrada en esta institución un escrito presentado por don [?], en el que formulaba una queja por los retrasos en la renovación de la renta de inclusión social a su mujer, doña [?].

    Exponía que su mujer solicitó la renovación de la renta de inclusión social el 9 de febrero de 2012, pero que, a la fecha de la presentación de la queja, no había recibido contestación alguna a su solicitud.

    Manifestaba lo dramático de su situación, al carecer, tanto él como su esposa, de trabajo y tener tres hijas pequeñas a su cargo.

  2. Examinada la queja, y a fin de determinar las posibilidades concretas de actuación de esta institución, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, se solicitó al entonces Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, que informara sobre la cuestión planteada.

    Con fecha 31 de julio de 2012, tuvo entrada el informe solicitado, en el que se indica que, para la valoración y resolución de las solicitudes relativas a la renta de inclusión social, se sigue un riguroso orden de registro de entrada de las solicitudes, salvo situaciones excepcionales que, a criterio del Departamento, no concurren en el presente caso. Se añade en el informe que la solicitud se encuentra en fase de valoración.

ANÁLISIS

  1. Como ha quedado señalado, la queja se presenta ante la demora en la resolución de un expediente de renovación de la renta de inclusión social, manifestando el interesado que se presentó la solicitud el día 9 de febrero de 2012.

    En el informe emitido por la Administración se invoca la aplicación de un riguroso orden de entrada de las solicitudes.

  2. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece, en su artículo 42, el deber legal de resolver expresamente los procedimientos y, además, de hacerlo en el plazo máximo que sea de aplicación, de conformidad con la normativa que regule el procedimiento de que se trate.

    Este deber legal es correlativo al derecho de los ciudadanos a una buena administración de sus asuntos, sentado por el artículo 7 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, este precepto legal, en su apartado d), dispone que el derecho a una buena administración incluye el de obtener una resolución expresa por parte de la Administración dentro del plazo legalmente previsto. Y tal derecho, configurado legalmente, es recordado en la Orden Foral 46/2010, de 25 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  3. En relación con el procedimiento administrativo que interesa al caso de la queja, visto lo establecido por la disposición derogatoria única de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, ha de entenderse aplicable lo establecido a estos efectos en el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la renta básica. El artículo 12.2 de esta norma reglamentaria dispone un plazo de cuarenta y cinco días para resolver motivadamente y notificar a la persona solicitante la resolución, contado desde la fecha de la solicitud en el servicio social de base.

    Esta previsión no se opone al contenido de la Ley Foral 1/2012 -que, como se ha dicho, nada dispone en relación con el plazo máximo de duración de los procedimientos de concesión o renovación de la renta básica-, por lo que continúa vigente. Y tal conclusión quedaría corroborada por lo expresado en la Orden Foral 58/2012, de 9 de febrero, de la Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, recientemente publicada, por la que se regulan los supuestos excepcionales y de renovación extraordinaria de la renta de inclusión social, cuyo artículo 6 establece: mientras no se apruebe el Decreto foral que regule la renta de inclusión social, resultará aplicable el procedimiento de concesión previsto en el Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la renta básica, sin perjuicio de las especialidades que se exponen en los artículos siguientes.

    A mayor abundamiento, al margen de que el deber legal referido es de aplicación a la generalidad de los procedimientos administrativos, esta institución no puede dejar de manifestar que, en relación con la prestación que nos ocupa, por su naturaleza y finalidad tendente a atender las necesidades más básicas y perentorias de los ciudadanos, deben extremarse las medidas precisas para que el plazo previsto en la normativa sea debidamente observado.

Por todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:

  1. Recordar al Departamento de Políticas Sociales su deber legal de resolver las solicitudes de prestación de la renta de inclusión social dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días previsto en la normativa vigente, y de notificar en dicho plazo las decisiones adoptadas.
  2. Recomendar al Departamento de Políticas Sociales que proceda, con la mayor celeridad, a resolver la solicitud presentada por el autor de la queja el 9 de febrero de 2012.
  3. Conceder un plazo de dos meses al Departamento de Políticas Sociales para que informe sobre la aceptación del recordatorio de deberes legales y de la recomendación, y de las medidas a adoptar al respecto, de conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra.
  4. Notificar esta Resolución al interesado y al Departamento de Políticas Sociales.

El Defensor del Pueblo de Navarra

Francisco Javier Enériz Olaechea