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Inclusión social

Al Departamento de Derechos Sociales

EXP. 15/424

En relación con la denegación de la renta de inclusión social:

  • Sugerir al Departamento (legislatura 2015-2019) que, dada la situación de necesidad del autor de la queja, quien reside en Pamplona desde 2005, valore concederle, mediante orden foral, la prestación de renta de inclusión social de forma excepcional, conforme al artículo 3.2 de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.

AO15/19

En relación con el artículo 3.1 b) Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión, que establece, como uno de los requisitos de acceso para la percepción de esta renta, “residir legalmente en territorio español”:

  • Sugerir al Departamento (legislatura 2015-2019) que adopte las iniciativas precisas para que, lo antes posible, se deroguen los artículos 3.1 b) y 3.2 a) de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.

Al Departamento de Políticas Sociales

EXP. 14/941

En relación con la no concesión a la promotora de la queja de la renta de inclusión social correspondiente al mes de agosto de 2014:

  • Recomendar al Departamento que revise el acto de renovación de la renta de inclusión social objeto de queja y que conceda a la interesada la prestación con efectos de 1 de agosto de 2014.

EXP. 14/1025

En relación con la situación de especial necesidad económica en la que se encuentra su familia, agravada por la retirada de la renta de inclusión social:

  • Recomendar al Departamento que conceda la renta de inclusión social a la unidad familiar a la que pertenecen los dos hijos menores de edad (dos años) de la autora de la queja, con el fin de garantizar su subsistencia vital, y que deje sin efecto la medida cautelar adoptada y que impediría tal concesión.

EXP. 15/75

En relación con la cuantía concedida al promotor de la queja en concepto de renta de inclusión social:

  • Sugerir al Departamento que reconozca la renta de inclusión social al autor de la queja en el importe resultante de la aplicación del artículo 2.2 de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, reguladora de la renta de inclusión social (410,87 euros), sin minoraciones adicionales, con efectos iniciales de 1 de enero de 2015.
  • Sugerir al Departamento que valore un incremento de la prestación concedida, en función de modificación de la situación de convivencia que se habría producido, con la fecha de efectos que proceda.

Al Ayuntamiento de Corella

EXP. 14/1028M

En relación con las dificultades por las que atraviesa actualmente el promotor de la queja, dada la falta de empleo y de percepción de ayudas:

  • Sugerir al Ayuntamiento que, dadas las circunstancias del promotor de la queja, valore concederle algún tipo de ayuda económica extraordinaria.
  • Sugerir al Ayuntamiento que, a través de los servicios sociales de base, a la vista de los requisitos de acceso a la prestación de Renta de Inclusión Social, tras la reciente aprobación de la Ley Foral 6/2015, de 5 de marzo, valore promover ante el Departamento de Políticas Sociales una nueva solicitud de la prestación.

Al Ayuntamiento de Pamplona

EXP. 15/49

En relación con el embargo efectuado por el Ayuntamiento sobre la Renta de Inclusión Social que percibe el promotor de la queja, como consecuencia de una sanción administrativa:

  • Recomendar al Ayuntamiento que proceda, a la mayor brevedad posible, a devolver al promotor de la queja las cantidades embargadas de la prestación de renta de inclusión social que no superen el salario mínimo interprofesional, más los intereses de demora.

EXP. 15/480M

En relación con la situación de extrema dificultad económica por la que atraviesa y solicita ayuda la persona autora de la queja:

  • Sugerir al Ayuntamiento (legislatura 2015-2019) que, por parte del órgano municipal que corresponda en materia de servicios sociales, se haga una valoración en profundidad de las circunstancias concurrentes y se determinen las posibilidades de actuación, y, si es procedente, se conceda o inste alguna prestación del sistema público de servicios sociales u otra prestación que pueda corresponder.