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Propuesta para que se regularice la utilización de sujeciones en los centros asistenciales.

11 febrero 2014

Materia : Bienestar social. Limitación en utilización de sujeciones.

Administración destinataria: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Resumen: La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) expuso la problemática existente en torno a la utilización de sujeciones en personas mayores y personas con demencia en los centros asistenciales, a pesar de que su uso diario tiene efectos negativos sobre la salud, así como la limitación y vulneración de derechos fundamentales.

Manifestaba la CEOMA que un continuo trabajo ha permitido que muchos ciudadanos se convenzan de que las sujeciones son algo a evitar, y que deben reservarse para situaciones límite, de extremos e inminente peligro para la persona o terceros, pero que no se deben utilizar más allá de esos episodios y, desde luego, no de forma diaria.

Resultado: Habida cuenta del contenido de la propuesta, de competencia estatal, se dio traslado de la misma a la Defensora del Pueblo de España, para su valoración y actuaciones procedentes ante los órganos estatales. Sobre este particular, se informó a la Defensora del Pueblo de España, que por parte del Gobierno de Navarra se aprobó el Decreto Foral 221/2011, de 30 de septiembre, de uso de sujeciones físicas y farmacológicas en los servicios sociales de Navarra.

La Defensora del Pueblo dejó constancia de que la preocupación por la limitación de la utilización de las sujeciones físicas a los casos imprescindibles, se ha puesto de manifiesto en diversos informes anuales del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales. Refiere que debe reiterarse la petición ya formulada para establecer un nuevo estatuto legal de garantías para regular la aplicación de medidas coercitivas en enfermos mentales, ancianos o adolescentes que puedan resultar imprescindibles. Estas medidas, cuyo límite máximo es el respeto a la dignidad de la persona, tendrían que ser autorizadas o ratificadas por los jueces y supervisadas en su aplicación por el Ministerio Fiscal, al objeto de asegurar su adecuación temporal, no lesividad y proporcionalidad.