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Propuesta para que se favorezca el acceso o la permanencia en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.

05 septiembre 2014

Materia : Vivienda. Alquiler de viviendas de protección oficial.

Administración destinataria: Departamento de Fomento.

Resumen: Una ciudadana exponía las dificultades que atraviesa para abonar la renta de la vivienda de protección oficial, en régimen de alquiler, en que reside desde hace trece años. Por ello, proponía que se valorase la procedencia de un cambio normativo, en cuya virtud disminuyan las cuotas mensuales de este tipo de viviendas o se aumente el umbral económico para acceder a las subvenciones al alquiler concedidas por el Departamento de Fomento.

Resultado: El Defensor del Pueblo de Navarra, tras recabar informe del Departamento de Fomento, y atendiendo a la dificultad que encuentran en la actualidad algunos ciudadanos para abonar la renta de viviendas protegidas, vio preciso sugerir al mencionado Departamento que continuase impulsando medidas que contribuyan a garantizar el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada por parte de los ciudadanos, y, en concreto, las que favorezcan el acceso o permanencia en alquileres protegidos, pudiendo ser tales medidas la minoración del precio de renta, la modificación de los umbrales de renta considerados a efectos de subvenciones públicas, la valoración actualizada de las circunstancias económicas de las unidades familiares, la valoración de las circunstancias específicas de los solicitantes, u otras medidas orientadas a la misma finalidad.

El Departamento trasladó al Defensor que aceptaba la sugerencia y que, en tal sentido, a lo largo del próximo trimestre, se iba a aprobar una modificación de la normativa que disciplinaba el arrendamiento de las viviendas protegidas. Comunicó que, por un lado, se iba a flexibilizar el requisito relativo a la acreditación de una capacidad económica mínima para poder renovar un contrato de arrendamiento. Es decir, ya no iba a ser necesario que, al renovarse un contrato de arrendamiento de una vivienda protegida, se acreditasen unos ingresos superiores a 3.000 euros. Asimismo, se iba a tener en cuenta la situación económica y personal actual, con independencia de los ingresos expresados en la declaración de la renta. Por otro lado, se iba a crear el Fondo Foral de Vivienda Social con la finalidad de dar una rápida respuesta a las necesidades de vivienda de ciertos colectivos (personas desahuciadas, personas que se han visto inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria, personas en riesgo de exclusión social…). Para el acceso a las viviendas incluidas en este Fondo no sería necesaria la acreditación de ingresos mínimos.

Con la aceptación por el Departamento de Fomento y el traslado de la información a la ciudadana, se puso fin a las actuaciones, sin perjuicio de retomar el asunto en caso de no observarse una actuación legislativa en el sentido apuntado.