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Que se adopten medidas que faciliten el retorno de los menores separados temporalmente de sus padres.

11 marzo 2013

Materia: Bienestar Social. Protección de menores. Reintegración de la unidad familiar.

Administración afectada: Departamento de Políticas Sociales.

Resumen: Un ciudadano propone que, por parte de los servicios de protección del menor, se adopten e intensifiquen medidas para que los menores separados de sus padres puedan regresar con ellos. En este sentido, apunta que, en estos casos, es precisa una supervisión constante de las familias afectadas, biológica y de acogimiento, y de la evolución del menor, trabajando con todas las partes implicadas, habiendo de contarse para ello con personal suficiente y cualificado, con vistas a procurar las condiciones que hagan posible el retorno del menor con sus padres.

Resultado: El Defensor del Pueblo de Navarra constató la coincidencia del planteamiento de la propuesta con la línea de las recomendaciones y sugerencias que la institución viene formulando a los servicios públicos de protección del menor, con ocasión tanto de algunas quejas individualizadas de ciudadanos, como de actuaciones de alcance más general.

A este respecto, la institución ha expuesto a la Administración que las medidas de protección de menores que implican su separación del núcleo familiar deben estar guiadas en todo momento por el denominado principio de reintegración familiar. Ello implica que la duración de las medidas de protección ha de ser lo menor posible, pues lo deseable, atendiendo al interés superior del menor, es hacer viable que conviva con sus progenitores. En esta línea de razonamiento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que, teniendo en cuenta su gravedad, las medidas tendentes a separar a unos padres de su hijo no deben durar más de lo necesario para la protección de los derechos del menor y que, siempre que sea posible, el Estado debe adoptar medidas para reunir a padres e hijos. De no hacerse así, se vulneraría el derecho a la vida familiar reconocido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Defensor del Pueblo de Navarra trasladó al ciudadano que, con ocasión del último informe anual al Parlamento de Navarra y de una actuación de oficio tramitada de forma prácticamente simultánea con su propuesta, se ha insistido al Departamento de Políticas Sociales en similares consideraciones y recomendaciones de orden general, para que se intensifiquen las medidas y actuaciones tendentes a tal finalidad.