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Que se modifiquen los requisitos para valorar la capacidad económica en las solicitudes de vivienda protegida.

31 mayo 2012

Materia: Vivienda. Ayudas a la vivienda protegida. Requisitos. Capacidad económica.

Administración destinataria: Departamento de Fomento.

Resumen: Un ciudadano propone que se modifiquen los requisitos para valorar la capacidad económica de los solicitantes en la normativa sobre el censo de solicitantes de vivienda protegida. Para el ciudadano, la exigencia contenida en el artículo 7 del Decreto Foral 25/2011, por el que se regula el censo de solicitantes de vivienda protegida, de que los requisitos de la capacidad económica deban acreditarse con referencia al último periodo impositivo cuyo plazo de presentación de declaración del IRPF haya concluido a fecha de 1 de enero de cada año natural, impide que se pueda valorar la capacidad económica real en el momento de la solicitud.

Resultado : Tras solicitarse por esta institución informe al Departamento de Fomento, este informó que la adjudicación de una vivienda protegida es un procedimiento de concurrencia competitiva en el que el cumplimiento de los requisitos de acceso ha de acreditarse del mismo modo por todos sus participantes. De este modo, considera que es necesario que los criterios para la acreditación de los requisitos de acceso sean aplicados a todos por igual, por lo que no cabría valorar la capacidad económica según se haya realizado o no la declaración de renta por parte del solicitante, ya que, según informan, hay situaciones tributarias que no se regularizan hasta los meses de septiembre u octubre de cada año. Para la Administración, es necesario el establecimiento de una fecha concreta para todos, dado que resulta necesario dejar un plazo para que la situación tributaria de los inscritos en el censo se estabilice, de modo que así se incrementa la seguridad jurídica de todas las personas inscritas y del funcionamiento del propio censo. El informe señala también que, si realmente se analizara correctamente la capacidad económica de los solicitantes, habría que exigir, al menos, la aportación de cinco declaraciones de renta, así como los ingresos obtenidos en los meses todavía no declarados; todo ello con la finalidad de comprobar el cumplimiento real de este requisito, labor que, a todas luces, no sería posible realizar, a no ser que el Departamento de Fomento asumiera las competencias atribuidas al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, o, cuando menos, no sería compatible con una actuación ágil y eficaz de la Administración.

En consecuencia, la Administración decidió no asumir la propuesta.