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Que se garantice el derecho de los opositores a que sus exámenes sean revisados y corregidos motivadamente, estando en total disconformidad con el criterio de “discrecionalidad técnica” que existe en las oposiciones de toda España.

31 octubre 2012

Materia . Función Pública. Discrecionalidad técnica de Tribunales de oposición.

Administración afectada : Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Resumen: Un ciudadano propone que se garantice el derecho de los opositores a que sus exámenes sean revisados y corregidos motivadamente, estando en total disconformidad con el criterio de “discrecionalidad técnica” que existe en las oposiciones de toda España.

Resultado: Tras estudiar con detalle la propuesta, esta institución informó al ciudadano en el sentido de que sobre la cuestión de la discrecionalidad de los tribunales calificadores de oposiciones y concurso-oposiciones, se han pronunciado de una forma muy reiterada los tribunales de justicia (en particular, el Tribunal Supremo) hasta el punto de que han construido una amplia y consolidada doctrina jurisprudencial. En dicha doctrina se reconoce que, en su función evaluadora, los tribunales calificadores de oposiciones y concurso-oposiciones cuentan con un margen de apreciación y valoración que no puede ser sustituido por órganos externos (de la Administración pública o, incluso, del Poder Judicial).

No obstante, reconocida esa libertad de apreciación tan amplia en razón de su conocimiento e imparcialidad, la jurisprudencia declara seguidamente que de esa libertad no se deriva que las decisiones de los tribunales calificadores queden al margen de toda posibilidad de control, pues existen elementos que limitan esta regla de la discrecionalidad técnica. Entre esos elementos de control, figuran: la propia composición del tribunal (formada por especialistas), la verificación de que no concurren causas de abstención o recusación en sus miembros que pongan en cuestión la objetividad y debida imparcialidad, el control de la motivación de las decisiones adoptadas conforme a lo que dispongan las bases de la convocatoria, el control de la racionalidad de dichas decisiones, evitando que sean arbitrarias, la sujeción a las bases de la convocatoria (que actúan como la ley especial de la selección), la garantía de la igualdad de los aspirantes en el acceso a las funciones públicas, etcétera.

De este modo, la libertad de valoración de los tribunales calificadores queda limitada y sometida a control de esos elementos por órganos externos.

Por lo que se refiere al derecho a una revisión y a la motivación de la corrección de los exámenes, se informó que dichos derechos están hoy reconocidos en el ordenamiento jurídico, junto con otros tales como el derecho de acceso al expediente administrativo, el derecho a la motivación de decisiones que afecten desfavorablemente, el derecho a la motivación de actos integrantes de procedimientos selectivos conforme a lo que dispongan las bases de las convocatorias o el derecho a presentar alegaciones o recursos. Para que proceda tal revisión y la motivación inherente en el caso de que un tribunal calificador se negase a explicar el porqué de sus decisiones al opositor en un trámite habilitado para ello, este último puede interponer los citados recursos ante el órgano competente.

También se le informó de que, en ejercicio de la función que de supervisión de la actividad de las Administraciones públicas, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha recibido diversas quejas referentes a la puntuación de exámenes de oposiciones. Tras analizar las mismas y la actuación administrativa, en varias de ellas se formularon distintos recordatorios y recomendaciones, con la finalidad, en síntesis, de que las actuaciones de los tribunales calificadores sean transparentes, motivadas y racionales, así como para que se facilite al ciudadano su derecho a oponerse, procurando evitar la arbitrariedad, si se detectara. Pero todo ello sin dejar de reconocer la discrecionalidad técnica de los órganos calificadores, reconocida por los tribunales de justicia durante décadas, cuyo significado es el que he tratado de expresarle de forma resumida.

Finalmente, se concluye que la discrecionalidad técnica de los tribunales es una facultad de la Administración que esta ejerce a través de estos órganos especializados, que se encuentra muy asentada en el Derecho español y reconocida por prácticamente todas las leyes que regulan la selección y la provisión de puestos de trabajo de las Administraciones públicas. Cambiar dicha concepción legal y, sobre todo, jurisprudencial es tarea que se escapa de las posibilidades de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra, por afectar a todas las Administraciones públicas españolas y no solo a las de Navarra o a una parte de ellas, además de ir contra la corriente de las leyes.

Sin embargo, se le informó también de que, lo anterior no es óbice para que esta institución sí que pueda, como viene haciendo durante todos estos años, entrar a examinar aquellos casos concretos en que los ciudadanos han entendido que se estaban vulnerando sus derechos por los tribunales de oposición y recomendar la corrección de lo que ha considerado que eran malas prácticas administrativas, incompatibles con los principios que le he citado.