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El Defensor del Pueblo sugiere un plan de atención sociosanitaria con medidas específicas para la drogodependencia.

21 Diciembre 2007 Pamplona

El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, se ha dirigido a la consejera de Salud, María Kutz Peyronceli, y a la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra, María Isabel García Malo, sugiriéndoles la elaboración de un plan o un programa de atención sociosanitaria a los drogodependientes y a sus familiares, en cuyo contenido se aborde la problemática de estas personas y, si lo consideran conveniente, se incluyan las peticiones manifestadas por la Asociación de Familias Afectadas por la Drogodependencia.

El Defensor recibió a una representación de esta asociación navarra, compuesta por varias madres de hijos drogodependientes. Estas le transmitieron sus sentimientos de soledad y de falta de apoyo de las instituciones públicas en esta penosa situación personal y familiar en que se encuentran, con hijos drogodependientes.

En el curso de la reunión, las madres le expusieron diversas peticiones.

Así, le indicaron que estiman necesario que se considere, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, a sus familiares drogodependientes, por encima de cualquier otra consideración, como enfermos que necesitan de la protección y apoyo de la Administración pública.

En tal sentido, entienden obligada la equiparación jurídica del drogodependiente con el enfermo mental, al menos a efectos del acceso a las ayudas a la dependencia que se han establecido o se piensan establecer, si bien ha de reconocerse que los tratamientos sanitarios han de ser obviamente diferentes.

Las madres expusieron que vienen reclamando que, de modo similar a como ya se hace en otros países europeos (Holanda, Suiza, ...), se prescriba por personal médico a los drogodependientes que lo necesiten un tratamiento alternativo a la metadona cuando ésta ya sea incapaz de hacerles efecto, con el fin de que los enfermos puedan estar tranquilos y hacer una vida ordinaria. En concreto, propusieron, entre otras medidas, la necesidad de que un médico prescriba de forma razonable y controlada dosis de heroína ajustadas a aquellas personas consumidoras que han fracasado en los diferentes tratamientos, de tal modo que se conciba la heroína como un medicamento que permita mantener en una situación estable al enfermo en tanto no se encuentre un medicamento alternativo a la metadona que supere los limitados efectos de ésta.

Asimismo, le solicitaron que interese de la Administración sanitaria la expedición de un certificado médico a nombre del drogodependiente sujeto a tratamiento, acreditativo de encontrarse sometido a dicho tratamiento médico, de tal manera que, si se le somete en un control de tráfico a la prueba de haber consumido sustancias estupefacientes, el positivo que dé no sea sancionado, por cuanto la metadona tiene efectos durante cuarenta y ocho horas y da positivo en tales pruebas.

Expusieron la conveniencia de que se mejore notablemente el actual sistema público de seguimiento médico y psiquiátrico de los drogodependientes, de modo que sea más continuo, directo y eficaz que el que actual. En tal sentido, consideran necesaria la existencia en el sistema público sanitario de plazas de psiquiatras y psicólogos especializados en el tratamiento de la drogodependencia.

Expresaron la necesidad de un mayor apoyo público a los familiares de los drogodependientes, por ser víctimas directas del problema de drogodependencia que padecen sus seres queridos y de las consecuencias que de él se derivan. Apoyo que se traduce en la asistencia psicológica por parte de personal de la Administración especializado en este tipo de situaciones, y en una ayuda económica a la asociación con la que se puedan atender de modo suficiente los innumerables gastos a que, para las familias afectadas, lleva la penosa y ruinosa situación en la que se ven sumergidas, gastos que no se limitan a los corrientes de funcionamiento de la asociación o de divulgación de sus actividades, sino que han de extenderse al necesario apoyo económico que los familiares se ven obligados a afrontar ante la nueva situación.

Otra medida propuesta es que se incluyan en la cartera de servicios sociales que actualmente tramita el Departamento de Asuntos Sociales prestaciones técnicas y económicas aplicables al colectivo de drogodependientes y a sus familiares. En particular, que se asegure el acceso de los drogodependientes a las ayudas por renta básica, minusvalía, etcétera. En este punto, la angustia de los familiares se acrecienta con las dudas y temores que les provoca el futuro de sus hijos cuando ya no estén aquellos para ayudarlos y sostenerlos.

Finalmente, postularon que se inste ante la Administración del Estado la reclusión de los drogodependientes detenidos o presos en centros específicos diferentes de los centros penitenciarios, con objeto de proceder a su tratamiento y rehabilitación social desde parámetros sociosanitarios y no penales. Y, en defecto de tales centros, que se impulsen en los centros penitenciarios módulos específicos dirigidos a este colectivo, separados de los detenidos o presos por delitos no drogodependientes y de los enfermos psiquiátricos.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha encontrado razonables y justas, desde una perspectiva social, estas peticiones que formula la asociación ADEFAD y, en cualquier caso, merecedoras de un estudio y, en lo posible, de una atención por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Por ello, se ha dirigido a las consejeras de Salud y de Asuntos Sociales rogándoles que analicen estas posibles medidas y evalúen la posibilidad de su implantación, todo ello en orden a mejorar la grave situación que padecen los enfermos drogodependientes y sus familiares directos.