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El Defensor del Pueblo de Navarra presenta ante los medios de comunicación el balance de los seis primeros meses al frente de la Institución

10 Octubre 2007 Pamplona

Pamplona, 10 de octubre de 2007

EL DEFENSOR DEL PUEBLO HACE UN BALANCE DE LOS SEIS PRIMEROS MESES DE SU MANDATO

Menos quejas que el año pasado.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz Olaechea, ha hecho hoy ante los medios de comunicación un balance de los seis primeros meses de su mandato, desde que tomara posesión el 22 de marzo de 2007.

“Se trata de un balance general que nos permita conocer cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos que acuden a nosotros. No quiere decir que estos sean los problemas de la sociedad navarra en su conjunto, sino tan sólo de los que han venido a formulárnoslos. En cualquier caso, permite obtener una radiografía de lo que preocupa a los ciudadanos, y tal vez sea bueno hacer un balance cada seis meses para ver por donde discurren esas inquietudes, y comprobar cuáles se reiteran y cuáles no”, afirmó el Defensor.

En una rueda de prensa celebrada en su sede, Enériz ha señalado que en estos seis meses se han presentado 210 quejas, una cifra algo inferior a las presentadas en el mismo periodo el año pasado, que fue de 229 quejas (-8,3%).

“El número de quejas presentadas es relativamente bajo en comparación con el número de Administraciones navarras: departamentos, organismos autónomos, sociedades públicas, 600 entidades locales, etcétera”, señaló Enériz. “Ello puede obedecer a varias causas: una Administración profesionalizada con funcionarios competentes y buenos servicios, la facilidad de acceso a los órganos y personas que toman las decisiones administrativas con las que se discrepa, la existencia del Tribunal Administrativo al que recurrir para impugnar actos de las entidades locales, la labor de nuestra Oficina de Información que disuade de presentar algunas quejas que no prosperarían, los varios órganos de lo contencioso-administrativo actuantes en Navarra, la preferencia de los ciudadanos por acudir a los jueces en vez de acudir al Defensor en casos de gravedad, y otras más”, añadió.

En los seis meses, el nuevo equipo del Defensor del Pueblo ha procedido a resolver 277 asuntos, lo que representa un 42,8% más que en el mismo periodo anterior, que se resolvieron 194.

Algo más de la mitad de las quejas se presentan en persona, esto es, se redactan en la propia Oficina de Información con apoyo del personal técnico de la misma, o la traen escrita las personas que la presentan. En cambio, una cuarta parte se presentan ya por correo electrónico, habiéndose triplicado las quejas que se remitieron por este medio en lo que va de año respecto a 2006. Por correo ordinario se remiten ya menos que por correo electrónicos (una de cada cinco).

“Cada vez es mayor el uso de las tecnologías informáticas para remitirnos quejas, lo que da idea del nivel social e intelectual de quienes se quejan”, aclaró el Defensor.

El perfil tipo de las personas que presentan las quejas es el de un hombre de edad comprendida entre 30 y 65 años (un 52% de los casos). Obviamente, quienes menos acuden son los menores y más jóvenes y los más mayores, que bien desconocen la Institución, bien encuentran dificultades para acercarse a ella.

Como es lógico, la mayor parte de las quejas, el 47,1%, casi la mitad, se dirigen contra los departamentos y organismos del Gobierno de Navarra. El 28,6% (algo menos de una tercera parte) se refieren a actos de las entidades locales y el 13,8% se presentan ante la Administración del Estado.

“Es lógico que las quejas se dirijan más contra el Gobierno de Navarra que contra los demás. No es que lo haga peor. Es que los actos de las entidades locales se pueden recurrir ante el Tribunal Administrativo, cuyas resoluciones son vinculantes, y los actos de la Administración del Estado van a parar al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. Por tanto, quien queda más expuesto a nuestro control son los distintos departamentos y organismos del Gobierno, incluidas sus sociedades públicas”, manifestó Enériz.

En el caso del Gobierno, las quejas se dirigen sobre todo contra los Departamentos de Salud, Bienestar Social (Asuntos Sociales), Educación y Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

En el caso de las entidades locales, el Ayuntamiento de Pamplona concentra el mayor número de quejas, pero sigue siendo un número relativamente reducido (no llega al 8% del total de las quejas).

También destacan las quejas contra la Jefatura Provincial de Tráfico, pero sobre éstas ya no tiene competencia el Defensor navarro, sino el estatal.

De las 210 quejas presentadas, el Defensor declaró la inadmisión de 90 (el 42,9%), en su mayor parte por no apreciarse desde el principio irregularidad administrativa alguna o por tratarse de cuestiones de carácter privado sobre las que la institución no tiene competencia. 27 de las quejas correspondían al Defensor del Pueblo del Estado, al que se remitieron las mismas, lo que representa un 13%.

“Es preferible ser claro con el ciudadano que presenta la queja y no hacerle creer innecesariamente que hay posibilidades de que su queja prospere cuando son o muy escasas o prácticamente nulas las expectativas por no apreciarse vulneración de sus derechos conforme a la ley”, indicó Enériz.

Las principales materias objeto de queja: función pública, bienestar social, salud, tráfico, vivienda y ruidos.

Las principales quejas de los ciudadanos en este semestre se refieren, en primer lugar, a aspectos relacionados con la función pública (18 quejas), tanto en lo relativo al ingreso en la función pública como a disconformidades de aspectos de gestión de los funcionarios.

En el mismo nivel se encuentran las quejas relacionadas con el bienestar social (18 quejas), sobre todo con el reconocimiento del grado de discapacidad (10 quejas) o denegación de ayudas sociales a la tercera edad (8 quejas).

El tercer y cuarto grupo de quejas, con 17 cada uno, afectan a las materias de salud, sobre todo de disconformidad con las prestaciones solicitadas o las listas de espera en operaciones quirúrgicas (4 quejas, con lo que descienden respecto a años anteriores), y de interior y tráfico, donde las sanciones por tráfico ocupan un lugar relevante (8 quejas).

El quinto y sexto grupo de quejas se refieren a la vivienda y al medio ambiente, ambas materias con 15 quejas. 13 de las quejas, un grupo importante, se refieren a discrepancias con los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección oficial y dos a las condiciones de habitabilidad de viviendas. 8 de las quejas se refieren también a molestias de ruidos (perros, camiones estacionados, bares, bajeras de jóvenes, autobuses, escenarios en fiestas patronales…).

Los dos siguientes grupos, con 10 quejas, atañen a problemas urbanísticos (disconformidad con concesión o denegación de licencias, inactividad municipal, construcciones ilegales…) y educación, donde destacan los problemas generados con la inadmisión en centros próximos al domicilio, el modelo A, denegación de ayudas…

Con 9 quejas aparecen los problemas relacionados con la Hacienda, sobre todo con la declaración del IRPF; y son 7 las quejas por no responder las Administraciones las peticiones formuladas por los ciudadanos.

Derechos lesionados. Organismos con un mayor número de vulneraciones.

En los seis meses de actividad del nuevo titular, el Defensor ha dictado 73 resoluciones en las que ha apreciado alguna vulneración de derechos de los ciudadanos.

Esto representa que, de cada cuatro quejas analizadas, una al menos estaba justificada.

En el caso del Gobierno de Navarra, se han apreciado 32 vulneraciones. El organismo en donde se ha apreciado un mayor número es el Servicio Navarro de Salud, con 7. Le siguen Bienestar Social (hoy Asuntos Sociales) y Vivienda, con 5 cada uno. También se han apreciado 4 vulneraciones en materia de función pública, y 2 en el caso de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería.

En cuanto a las entidades locales, se han apreciado 41 vulneraciones de derechos, de las que 7 corresponden al Ayuntamiento de Pamplona, 2 a los ayuntamientos de Tudela, Estella, San Martín de Unx y Ablitas, y otras 2 al Concejo de Riezu. Las otras 24 quejas se refieren a distintos ayuntamientos de Navarra.

“Como puede verse, en casi 6 de 10 vulneraciones apreciadas, el autor es una entidad local, a pesar de que el número de funcionarios es de unos 4.000 en conjunto frente a los más de 20.000 del Gobierno de Navarra”, destacó Enériz.

De las recomendaciones dadas por el Defensor para reparar estas lesiones de derechos de los ciudadanos, se han aceptado 25 y rechazado expresamente 7, estando todavía pendientes de contestar 41 de ellas. “ El grado de aceptación viene a ser actualmente de tres sobre cada cuatro recomendaciones, lo que representa un nivel alto de asunción de lo propuesto por parte de las Administraciones supervisadas, lo cual es de agradecer y demuestra su voluntad de colaborar con la Institución en muchos casos; en otros no, claro”, concluyó el Defensor.

Para el Defensor del Pueblo, “el número de vulneraciones de derechos es relativamente bajo y todavía es menor cuando le hacemos ver a la Administración actuante que ha producido una lesión y que puede repararla. La mayor parte de las lesiones quedan rectificadas en cuanto se pone el hecho en conocimiento del órgano competente”.

El Defensor señalo también que no existe un área concreta en la que se aprecie una lesión sistemática de derechos: “Es verdad que las principales lesiones se refieren a convocatorias de ingreso en la función pública, compra o adjudicación de viviendas de protección oficial, prestaciones sanitarias o asistenciales, listas de espera en sanidad o molestias por ruidos, pero no puede afirmarse que haya una causa o causas que supongan una vulneración de forma crónica y sistemática. Más bien se trata de casos puntuales que pueden ser resueltos de forma concreta, sin necesidad de adoptar medidas mayores o más graves. No aprecio problemas serios relevantes, sino mucho casuismo aislado”.

Las principales consultas: urbanismo y vivienda, bienestar social, sanidad y obras y servicios públicos.

Además de atender las quejas que le presentan los ciudadanos, el Defensor del Pueblo también atiende las consultas que le plantean los ciudadanos sobre el ejercicio de derechos o el funcionamiento de los servicios públicos.

Es este un servicio público, diferente de la gestión de las quejas, que crece paulatinamente y que refleja, en muchos casos, otras preocupaciones sociales distintas de las quejas, a tener en cuenta.

Durante los seis primeros meses se han formulado a la Oficina de Información dependiente del Defensor del Pueblo 339 consultas sobre materias de lo más variado. De ellas, 221 fueron telefónicas (dos de cada tres).

Son el urbanismo y la vivienda las materias en las que se formulan más consultas (54). Le siguen los asuntos de bienestar social, sobre todo en relación con discapacidades, prestaciones, dependencia (40 consultas).

Con 22 consultas figuran también las cuestiones de sanidad y las de obras públicas y servicios urbanos, cada una de las materias.

Les siguen los asuntos relacionados con la administración de justicia (20), tráfico (18), trabajo y seguridad social (18), educación (17) o medio ambiente (16).

Las consultas sobre función pública se reducen a 10, siendo superadas incluso por las relacionadas con la hacienda (12).

“Ha habido consultas de todo y por todo, pero las mayoritarias han sido de vivienda, urbanismo y asistencia social”, concluyó el Defensor.

Una Institución bien valorada por los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo destacó que, conforme a las encuestas que rellenan los usuarios, estos valoran muy positivamente la Institución, a pesar de que en no pocos casos no se les da la razón que esperaban o no se les satisfacen las expectativas que se habían creado.

El 56% considera que la intervención del Defensor ha sido útil para resolver su problema. Un 10,7% no se pronuncia.

El 62,7% está de acuerdo en todo o parte con la decisión adoptada por el Defensor.

Un 20% valoran con un 10 la intervención de la Institución, y entre 7 y 9 puntos se concentra un 38,7% más. Es decir, 6 de cada 10 valoran la institución con un notable alto.

7 de cada 10 encuestados recomendaría a otras personas acudir al Defensor del Pueblo de Navarra.

No obstante, también la Institución recibe las lógicas críticas, a veces amargas, de quienes no han obtenido un pronunciamiento favorable a su pretensión o se sorprenden de que el Defensor del Pueblo carezca de capacidad para imponer sus resoluciones a las Administraciones. “En estos casos, piensan que la Institución es poco o nada útil”, precisó Enériz.

Pero, sin lugar a dudas, lo que más valoran los ciudadanos es la Oficina de Información en esa función de consultoría en materia de derechos. Atendiendo a las encuestas de 2006, prácticamente la totalidad de los encuestados considera la atención prestada como muy buena o buena, muy útil la información facilitada y recomendaría a otras personas acudir a dicha Oficina.

El Defensor animó a los ciudadanos a hacer más uso de este servicio. “Quienes tengan dudas de qué hacer o a dónde dirigirse para obtener información sobre sus derechos, no tienen más que llamar al teléfono 900-702900, o venir a nuestra institución o dirigirnos una consulta por carta o por correo electrónico a través de nuestra página web”.

Actuaciones de oficio con cierto interés.

El Defensor desgranó las distintas actuaciones de oficio que ha realizado:

  1. 16 de abril de 2007. Carta al Consejero de Educación sugiriéndole que, dentro de la docencia no universitaria, especialmente en los cursos relacionados con la adolescencia o con una edad un poco más elevada, se incorporen al currículo escolar clases, con la duración y existencia que se considere más apropiada, en la que se enseñe a los jóvenes los contenidos prácticos relacionados con la nutrición y la dietética, esto es, con una alimentación correcta y sana.
  2. 7 de mayo de 2007. Carta a la Consejera de Bienestar Social solicitando que se aclare a los ciudadanos navarros que van a recibir las prestaciones económicas que establece la Ley de Dependencia en términos iguales a las aportaciones de las Comunidades Autónomas, al margen de que la Comunidad Foral de Navarra defienda sus legítimas competencias exclusivas en materia de asistencia social ante el Tribunal Constitucional.
  3. 2 de julio de 2007. Carta a la Alcaldesa de Pamplona para que adoptara medidas en relación con la colocación de las barracas en las fiestas de San Fermín junto a la Casa Misericordia: garantía de que en el interior de la residencia no se superan los límites de aceptación de ruidos que establece la normativa aplicable, establecimiento de un horario límite nocturno a partir del cual no se emplea música o se realicen ruidos innecesarios y comprobación que de la actividad sonora de las barracas no se palía con remedios que minusvaloren la dignidad de las personas mayores residentes.
  4. 3 de julio de 2007. Carta al Defensor del Pueblo de España, don Enrique Múgica Herzog, en relación con el presuntamente indebido comportamiento de los miembros de la Policía Municipal de Benidorm con un ciudadano navarro, vecino de Fontellas, a quien se dio un tratamiento intolerante e intolerable, rayano en la xenofobia, hacia las personas de origen navarro.
  5. 8 de agosto de 2007. Carta a la Alcaldesa de Pamplona abriendo una investigación de oficio en relación con el fallecimiento de doña María Antonia Jiménez Amador y si la causa de la muerte tuvo o pudo tener como causa directa o indirecta algún golpe o acto por parte de algún agente de la Policía Municipal de Pamplona en el ejercicio de sus funciones. Tras recibir la información, se remitió el expediente al Ministerio Fiscal por si podían existir indicios de delito.
  6. 9 de agosto de 2007. Carta a la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, sugiriéndole la adopción de una regulación normativa de la práctica de la espeleología en Navarra, con el fin de reducir y prevenir el riesgo para la vida de los rescatadores y de las personas y el gasto del erario público, derivados del rescate de las personas que practican la espeleología en simas de Navarra: clausura de determinadas simas o la señalización de peligro, necesidad de obtener autorización administrativa previa para la práctica de la espeleología, limitación de autorizaciones a casos justificados (ciencia, estudio) y personas que demuestren acreditada experiencia, seguro para la práctica, aval bancario para evitar daños, cobro de gastos derivados del rescate conforme a un baremo oficial…
  7. 13 de septiembre de 2007. Carta a la Consejera de Asuntos Sociales sugiriéndole que tome en consideración la situación derivada de las bajas cuantías de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y se adopten medidas para incorporar al ordenamiento navarro alguna ayuda económica (en su sentido amplio) dirigida a este colectivo, que complemente sus recursos hasta un mínimo básico, dignificando sus condiciones de vida.
  8. 14 de septiembre de 2007. Carta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, abriendo de oficio una investigación sumaria sobre los heridos causados en las fiestas de varias localidades navarras por los cohetes empleados por los Ayuntamientos para su inicio y sobre posibles medidas a adoptar.

Informes especiales.

Se ha elaborado el informe anual de 2006, pendiente de presentar en el Parlamento de Navarra, tras el parón derivado de las elecciones forales y de la elección del Presidente del Gobierno de Navarra. Está solicitada la comparecencia en el Parlamento desde finales del mes de agosto y, tras la constitución de las comisiones, a la espera de que concluyan las presentaciones de los consejeros.

Se ha cerrado la elaboración de los siguientes informes especiales:

  • Sobre las actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra en la protección de los menores. Concluido y a espera de presentarlo en el Parlamento de Navarra próximamente.
  • Sobre los derechos de las personas mayores en Navarra. Concluido y a la espera de presentarlo en el Parlamento de Navarra próximamente.

“Se trata de dos informes cuyo primer borrador fue elaborado por mi predecesora y su versión final concluida por el actual equipo con la colaboración del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud (hoy, Departamento de Asuntos Sociales)”, precisó Enériz.

Asimismo, se han iniciado estos tres informes:

  • Sobre el sistema tributario foral de Navarra. Un examen de la normativa foral para observar si los impuestos directos de Navarra respetan los principios constitucionales de universalidad, capacidad económica, justicia tributaria, igualdad, progresividad y prohibición de confiscación. Remitido al Departamento de Economía y Hacienda para conocer su opinión.
  • Sobre la violencia en el ámbito de la Administración sanitaria de Navarra. Propuestas para la prevención, tratamiento y reducción de la violencia contra el personal de la Administración sanitaria pública. Remitido a los Departamentos de Salud y de Presidencia, así como a los Colegios Oficiales de Médicos y de Enfermería de Navarra.
  • Sobre el silencio administrativo y la actividad urbanística y, particularmente, sobre la aprobación por silencio del planeamiento territorial y urbanístico que define el modelo de ocupación del territorio y establece determinaciones estructurantes. Remitido al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Sugerencias normativas para la modificación de leyes o decretos forales.

El Defensor del Pueblo también ha dirigido varias sugerencias a las Administraciones Públicas de Navarra.

De ellas destacan 6, por ser sugerencias de modificación de leyes o decretos forales, de las que tres han sido aceptadas y una está pendiente de contestación.

En una de ellas se sugiere modificar la Ley Foral del IRPF para que las deducciones sobre la cuota íntegra de la unidad familiar sean compensables entre los distintos miembros que conforman ésta . Esta no ha sido aceptada.

Otras cuatro se refieren a cuestiones relativas a funcionarios. Dos atañen al régimen de derechos pasivos de los funcionarios (apertura de un nuevo plazo para que puedan optar al nuevo régimen quienes hubieran cotizado a la seguridad social por trabajos en el sector privado, actualización de las pensiones congeladas de los jubilados voluntariamente con menos de 30 años de servicio a partir de que cumplan los 70 años de edad), otra al estatuto del personal al servicio de las Administraciones públicas (para que se establezca por ley y no por un reglamento la edad máxima para acceder a los puestos de bombero) y otra al permiso de lactancia (de modo que puedan acogerse a su acumulación las funcionarias navarras, al igual que las funcionarias del Estado y las trabajadoras de toda España). Tres de ellas han sido aceptadas y está pendiente de contestar la referida a la edad de los bomberos.

Por último, se ha sugerido derogar la previsión que posibilita mantener sin límite de tiempo las viejas instalaciones ganaderas en núcleos urbanos (que ya debían haberlos abandonado en el año 2001 por las molestias que causan) y que permite además la transmisión a familiares de primer grado. Esta no ha sido aceptada tampoco.

El Defensor del Pueblo de Navarra expone ante los Medios de Comunicación su gestión durante los seis primeros meses de mandato