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Intervención de la Defensora del Pueblo ante el Pleno del Parlamento Foral de Navarra

19 Septiembre 2006

1. SALUDO Y PRESENTACION

Señor Presidente del Parlamento, señoras y señores parlamentarios, buenos días a todos. Egunon.

Tengo el honor de intervenir ante el Pleno de este Parlamento para dar cuenta del informe ordinario de la institución de la Defensora del Pueblo correspondiente al año 2005. Se hace por fin realidad nuestra reiterada solicitud de comparecer ante todos ustedes como es práctica habitual en el resto de Defensores Autonómicos.

Esta intervención es complementaria de la que realicé el pasado mes de junio ante la Comisión de Régimen Foral en la que ya di cuenta pormenorizada del informe y por ello y dado el tiempo concedido, que es tan solo de 15 minutos, abordaré únicamente las cuestiones que considero esenciales, teniendo como fundamento para las valoraciones que manifestaré, las quejas y consultas recibidas el resultado de los informes especiales realizados y la observación de la realidad social.

Hablando del tiempo los ciudadanos y ciudadanas navarras no entienden que alcanzado ya el siglo XXI, algunas de sus principales preocupaciones no hayan sido aún resueltas y por ello trataré de poner voz a sus demandas. Sigo creyendo que nuestra institución sirve para mejorar a las Administraciones Públicas, pero para ello el primer paso es siempre detectar y reconocer las insuficiencias.

Les informaré también de las labores de impulso de los derechos que venimos llevando a cabo y finalizaré mi intervención realizando un pequeño balance de los logros alcanzados y de los retos aún pendientes.

La experiencia acumulada por los Defensores del Pueblo en diversos países nos ha llevado a la convicción generalizada de que nuestra una actitud no debe ser meramente reactiva ante las quejas que se nos presentan sino que, para ejercer una función preventiva, debemos profundizar en los problemas estructurales. Por ello por venimos desarrollando una amplia actuación proactiva de impulso y fomento de los derechos ciudadanos que centramos en cuatro ejes principales:

  • La defensa de los derechos de los SECTORES SOCIALES MÁS DESFAVORECIDOS.
  • La reivindicación permanente de que se establezcan GARANTÍAS para un ejercicio efectivo y equitativo de los derechos ciudadanos.
  • El impulso de la TRANSPARENCIA pública para mejorar el modo, a mi entender todavía inadecuado, en el que las distintas administraciones publicas se relacionan con los ciudadanos.
  • Y por último el impulso a la CONVIVENCIA y respeto a los derechos de las minorías de toda suerte y condición.

Los Defensores no restamos importancia a la atención a la quejas, ya que sirven para detectar carencias, pero consideramos que no deben ser el elemento nuclear de unas instituciones cuya eficacia garantista no debiera analizarse fundamentalmente en términos numéricos.

2. EVOLUCIÓN Y TENDENCIA DE LAS QUEJAS.

En todo caso no eludiré en mi intervención hacer una referencia a los datos estadísticos.

Desde su creación unos 10.000 navarros y navarras han tenido una experiencia directa con la institución de la Defensora del Pueblo y en el año 2005 el número de nuevas quejas abiertas (415) ya es un 20% superior a la media de las instituciones de Defensores Autonómicos mucho más veteranas.

Además la tendencia sigue siendo creciente. En el 2006 seguimos experimentado un crecimiento de un 30% en el número de quejas y de más de un 50% en el número de consultas. Se utiliza más nuestra institución o bien las causas de queja están aumentando.

Varias áreas muestran una tendencia creciente, año tras año, me refiero a Vivienda, Sanidad, Educación, Medio Ambiente, etc.

3. COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

La colaboración de las Administraciones Públicas con la institución de la Defensora del Pueblo es mejorable ya que persiste la tardanza en la remisión de los informes solicitados, y en ocasiones su calidad deja mucho que desear.

Cada día son menos frecuentes pero aún detectamos algunas actitudes defensivas de quienes viven las recomendaciones de esta Defensora en clave personal, o de quienes olvidan que todos somos servidores públicos sujetos a la crítica y obligados a aprovechar cualquier oportunidad de mejora.

Sin duda la colaboración más importante con la institución se pone de manifiesto cuando se demuestra sensibilidad ante sus Recomendaciones y en el año 2005 las Administraciones aceptaron en un 76% de los casos el criterio de esta Defensora en relación con las quejas tramitadas.

Este resultado sin duda positivo no puedo considerarlo totalmente satisfactorio ya que importantes recomendaciones de gran trascendencia y calado social todavía no se han puesto en marcha.

4. DERECHOS DE LOS MÁS VULNERABLES.

Como ya he señalado entiendo que es obligación principal de mi cargo prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, niños, mayores, discapacitados, y excluidos sociales, cuyos derechos tratamos de proteger de manera integral y con enfoque transversal.

La protección de los derechos de la infancia siempre ha constituido nuestra prioridad máxima y por ello nos felicitamos de la reciente aprobación de la "Ley Foral 15/2005 de protección de la infancia y a adolescencia" que tanto veníamos reclamando. Tras su aprobación nuestra institución adquiere si cabe un mayor protagonismo en la protección del menor ya que la propia Ley nos encomienda su supervisión y su tutela, razón por la que hemos iniciado un nuevo Informe Especial sobre la materia.

En la protección del menor es difícil comprender que existan limitaciones de recursos y por ello realizaremos un profundo análisis de este ámbito y exigiremos que se cumplan de manera inmediata los compromisos adquiridos para un rápido desarrollo reglamentario y un refuerzo de sus estructuras.

Conocen bien mi preocupación por la falta de plazas públicas de educación infantil pero nos preocupa aún más que exista el control adecuado que venimos reclamando sobre las condiciones en que están siendo atendidos los niños y niñas menores de 3 años en la Comunidad Foral.

En el primer trimestre del 2005 les presenté el Informe Especial sobre "La atención a la dependencia de las personas mayores en Navarra" y deseo mostrar mi satisfacción porque todo indica que, tal como proponíamos en nuestro Informe, la atención a la dependencia va a transformarse en un auténtico derecho exigible, gracias a la cooperación de las distintas administraciones.

En el citado informe hacíamos referencia a que la atención domiciliaria actual resulta manifiestamente insuficiente y entendíamos necesario incrementarla de forma sustancial y establecer una normativa de mínimos que garantice la equidad territorial en la prestación de este servicio que en la actualidad depende demasiado del municipio concreto en que se resida.

En el último trimestre del año les trasladaré una propuesta de Carta de Derechos de los Mayores, en la que venimos trabajando, acompañada de un catálogo de acciones dirigidas a promover sus derechos y a luchar contra los distintos tipos de discriminación social que padecen. Seguro que esta Cámara prestará su máximo apoyo a esta iniciativa.

Es mi obligación recordarles que si bien en términos comparativos la situación socioeconómica de Navarra y el nivel de cobertura de sus prestaciones públicas pueden calificarse de satisfactorios, persisten todavía un gran número de situaciones de exclusión social que reflejan el carácter dual de nuestra sociedad

Más de 10.000 navarros viven en condiciones de pobreza relativa. Discapacitados y otros tipos de excluidos sociales que configuran un submundo oculto a nuestros ojos al que se añaden otras situaciones que sin llegar a ser extremas son sin embargo mucho más frecuentes: parados de larga duración que no interesan al sistema, mujeres solas con trabajos precarios, personas que malviven con pensiones de miseria y cuya situación no admite ya más demora.

Me inquieta el escaso desarrollo de las acciones de prevención de la exclusión y me intranquiliza sobre toda la situación de los menores, ya que la mayoría de las veces, la exclusión empieza en los primeros años de vida.

En salud mental la puesta en marcha de los centros rehabilitación psicosocial ha supuesto sin duda un gran avance pero persisten importantes deficiencias. Las quejas que recibimos nos indican que es imprescindible dar una solución inmediata a la actual carencia de plazas de larga estancia para enfermos mentales graves. ¡Los enfermos y sobre todo sus familiares y cuidadores no pueden esperar más! La atención sanitaria a este colectivo dista también de ser la idónea y seguimos reclamando por tanto un Plan de Salud Mental Integral.

El Informe Especial sobre "La accesibilidad física y sensorial a los centros y servicios de uso público en Navarra" que hemos acometido nos indica que transcurridos casi 20 años desde la promulgación de la Ley Foral 4/1988 el incumplimiento de sus previsiones es frecuente.

Deben regularse de forma adecuada los flujos migratorios, pero mi obligación es poner el acento en que resulta esencial reforzar los modelos de integración. Debemos volcar nuestra toda atención en lograr que las segundas generaciones de jóvenes sientan que forma parte de nuestra sociedad. En ello nos jugamos nuestro futuro como sociedad cohesionada.

Como Defensora del Pueblo presto especial atención a las quejas relacionadas con los derechos de la mujer y constato que las desigualdades persisten aún en diversos campos. He reiterado la insuficiencia de medios para una lucha verdaderamente eficaz frente a la violencia de género y me preocupa también especialmente la doble discriminación que padece la mujer inmigrante y entiendo necesario establecer programas específicos para que se garanticen sus derechos constitucionales.

5. OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

La preocupación generalizada por el tema de la vivienda nos ha llevado a todos los Defensores a abordar de forma conjunta el análisis del problema y la formulación de recomendaciones.

Entendemos que las distintas Administraciones competentes disponen de muchas posibilidades de actuación de las que actualmente emplean. Es necesaria una mayor intervención pública en materia de suelo, un mayor impulso a las políticas de vivienda social en alquiler, al uso de viviendas vacías y es preciso evitar el deterioro y favorecer la rehabilitación del parque de viviendas de los cascos antiguos, que son precisamente las que están ocupadas por los colectivos sociales más desfavorecidos.

La sanidad ha sido en el 2005 la principal causa de queja y ello tiene mucho que ver con la situación de las listas de espera. Sobre este tema formulamos la recomendación de que se regulasen los tiempos máximos de espera en el ámbito de las consultas médicas, controles de prevención ginecológica y exploraciones ambulatorias; recomendación que hasta el momento ha sido desoída y que deseo reiterar en sede Parlamentaria.

En materia de educación se han duplicado prácticamente las quejas del año anterior, hecho que está muy vinculado con las quejas por la deficiente situación en que se encuentran las instalaciones de muchos centros, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, la concentración de alumnos inmigrantes, la planificación educativa ante las nuevas necesidades, en particular las relacionadas con la implantación de nuevas líneas del modelo "D" y la demora en la construcción de centros docentes en los nuevos barrios.

No quiero dejar de realizar una mención a las quejas sobre medio ambiente, que han experimentado un incremento del 60%, ni a las quejas relativas al bilingüismo que continúan llegándonos de forma reiterada. Hora es ya de normalizar la situación en esta materia.

6. IMPULSO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS.

Pero más allá de las deficiencias comentadas los Defensores del Pueblo consideramos necesario establecer un nuevo modelo de relación con los ciudadanos. El ciudadano actual, mejor formado e informado no acepta ya modelos de administración pública paternalista que concede prestaciones graciables.

6.1 Garantías

Creemos imprescindible fomentar y exigir que se establezcan mecanismos y sistemas que realmente garanticen el respeto general de los derechos ciudadanos. Para ello la primera acción será lograr que los derechos sociales vayan siendo reconocidos como verdaderos derechos exigibles, y para ello es preciso aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la normativa legal. Tal como les recomendé ya hace un año entiendo que este Parlamento debiera asumir el reto de incorporar al propio Amejoramiento los Derechos y Libertades que las instituciones forales se comprometen a garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas navarros, debieran establecerse compromisos concretos en la nueva Ley de Servicios Sociales, y debiera realizarse un ambicioso desarrollo a las previsiones de la futura Ley de Dependencia.

Definir los derechos es muy importante pero no basta con declarar derechos. Una administración social avanzada debe desarrollar nuevos sistemas mecanismos e instrumentos de garantía para asegurar que sus beneficios alcancen a todos los ciudadanos y ciudadanas y no solos a quienes cuentan con los recursos y habilidades culturales y sociales pertinentes para reclamarlos o exigirlos. La palabra "garantizar" es por tanto la clave. Como ejemplo hemos iniciado un Informe Especial sobre los Sistemas de Garantía de los derechos en materia sanitaria.

También como se recordará nuestra Institución elaboró una propuesta de Carta de los Derechos Ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra y lanzó el reto a las Administraciones Públicas de Navarra para que desarrollaran sus propias Cartas de Derechos y se comprometieran a elaborar Cartas de Servicios específicas con compromisos concretos de calidad. Hemos realizado un seguimiento específico de estas recomendaciones y hoy podemos mostrar nuestra satisfacción porque han empezado a ver la luz diversas iniciativas del más alto rango en materia de cartas de servicios, calidad, etc.

6.2 Transparencia.

Por otra parte una un ejercicio democrático del poder verdaderamente orientado al interés general, debe basarse una concepción positiva y de mejora continua en la transparencia informativa, la rendición de cuentas con el máximo respeto y toma en consideración de la opinión de los ciudadanos.

En esta línea, el año 2001 el Parlamento Europeo aprobó el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, y encomendó a los Defensores del Pueblo la evaluación de su grado de cumplimiento y el impulso de iniciativas para que sus principios sean incorporados por las distintas Administraciones Públicas.

Para dar cumplimiento a este mandato nuestra Institución realizó la Carta de Derechos y recientemente ha puesto en marcha el llamado "Plan Local de Derechos Ciudadanos" en el evaluamos el grado de desarrollo alcanzado en materia de transparencia y buena conducta administrativa y al que se están incorporando progresivamente y de manera voluntaria diversos ayuntamientos que se comprometen establecer áreas de mejora y con compromisos públicos en esta materia.

Pero creo que es necesario dar un salto cualitativo en este campo. Para ello, y en línea con lo realizado en otras Comunidades Autónomas, considero que sería aconsejable que este Parlamento encomendara la realización de una evaluación global y externa del actual grado de transparencia pública en las Administraciones de la Comunidad Foral. Sería recomendable contar con la experiencia que pueden aportar organismos internacionales independientes especializados en la materia.

6.3 Convivencia.

El cuarto eje de nuestra acción proactiva es el impulso de la convivencia y el respeto a los derechos de las minorías. A todos nos preocupa que no estamos acertando en la transmisión a nuestros menores de valores sociales positivos y de convivencia y por ello desde nuestra institución estamos llevando a cabo diversas acciones en esta materia, talleres, campañas, iniciativas de coordinación institucional, etc.

Las responsables públicos no podemos inhibirnos en esta materia que condiciona el futuro de nuestra sociedad y por ello les quisiera pedir a este Parlamento que se comprometa a impulsar iniciativas para implicar a toda la Sociedad en la Educación en Valores y en la Educación para la Convivencia y sobre todo quiero pedirles que prediquen con el ejemplo promoviendo los valores del dialogo y la tolerancia. "Navarra tierra de diversidad" no debiera ser solo un eslogan referido al paisaje.

7. BALANCE DE LA INSTITUCIÓN

En los cinco años transcurridos desde la creación de la figura del Defensor del Pueblo nuestra institución se ha consolidado y progresa adecuadamente pero aún tiene un amplio potencial de desarrollo.

7.1 Logros

La propia puesta en marcha y consolidación de la institución es sin duda el principal logro de estos años ya que hemos conseguido homologar nuestro funcionamiento al de instituciones análogas y hemos alcanzado índices de calidad, utilidad y eficacia similares o mejores que las instituciones homónimas mucho más veteranas. Las Administraciones aceptan con frecuencia nuestros criterios y recomendaciones y en otras ocasiones, aunque las mismas no tengan un eco inmediato, aportan sin duda un importante grano de arena que acaba por aflorar a medio o largo plazo. El Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave, la Ley Foral de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la mejora de los procedimientos de adjudicación de viviendas etc. etc. son algunos ejemplos que dan buena prueba de ello.

Hemos reducido en más de un 30% los Tiempos Medios de Tramitación de las quejas y por primera vez hemos realizado encuestas de satisfacción cuyo principales resultados nos demuestran que el 98 % de las personas que han acudido a la Oficina de Información y el 76% de quienes nos han presentado una queja recomendarían a otros utilizar nuestra Institución por que les ha resultado de utilidad.

7.2 Retos

Las metas alcanzadas en tan corto periodo de tiempo son relevantes pero soy consciente del gran número de retos que aún nos aguardan. Los Defensores del Pueblo podemos y debemos jugar un papel más activo en el proceso de transformación del Estado Social, pero para lograrlo precisamos reforzar los instrumentos de que disponemos y sobre todo debemos remover los obstáculos que nos lo dificultan o impiden.

La Ley Foral 4/2000 reguladora del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral ya preveía que a los cinco años pudieran introducirse las modificaciones que por la experiencia en su funcionamiento se hubiera demostrado necesarias. Dicha previsión fue sin duda acertada y creo llegado el momento de proceder a su revisión.

Creo necesario flexibilizar los criterios de admisión de quejas, ampliar su ámbito de intervención a los servicios de interés general gestionados por empresas privatizadas e incrementar los canales de comunicación existentes entre nuestra institución y este Parlamento a fin de reforzar la posición de la institución realizando un seguimiento más directo del cumplimiento de nuestras recomendaciones.

8. DESPEDIDA

La decisión que hace cinco años adoptó este Parlamento de crear la figura de Defensor del Pueblo fue sin duda correcta. El acierto al elaborar las leyes y su posible mejora es lo que sustentan la labor de un Parlamento y felicito por ello a cuantos tuvieron la valentía de poner en pié la Ley porque creyeron en la necesidad de crear nuevos instrumentos de control externo y de garantía de los derechos ciudadanos. Como he tratado de demostrar el empeño ha valido la pena y hoy contamos con una institución plenamente homologada y que en el ámbito de las actividades de impulso es incluso reconocida como una institución pionera.

Pero no podemos conformarnos con lo que hoy tenemos. Los ciudadanos exigen evaluaciones rigurosas e independientes, y sin duda les gustaría que los órganos de control dispusieran de un peso mayor y del máximo respaldo institucional.

Por su atención y la posibilidad de esta comparecencia, muchas gracias. Eskerri asko.

Mª Jesús Aranda Lasheras .
Defensora del Pueblo de Navarra .