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El Derecho de Acceso a la información pública. Limitaciones. Protección de datos y acceso parcial.

Charla ofrecida por el Defensor del Pueblo de Navarra "El Derecho de Acceso a la información Pública. Limitaciones. Protección de Datos y Acceso Parcial" dentro del CURSO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA, celebrado en el Civivox Iturrama.

28 Junio 2019 Civivox Iturrama

INTRODUCCIÓN.

Buenos días.

Muchas gracias a la FNMC por su amable invitación para participar en esta jornada y a ustedes por su interés y atención.

Me corresponde a mí hablarles del derecho de acceso a la información pública, sus limitaciones y su relación con el derecho a la protección de datos personales.

Este derecho, en lo que es de aplicación a las entidades locales de Navarra, se regula en la actualidad en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta Ley Foral es la aplicable a todas las solicitudes de acceso de información pública desde el 23 de agosto de 2018.

Conforme a la disposición adicional séptima, la ley foral se aplica, con carácter general, a toda la actividad relacionada con el acceso a la información pública (que tienen en su poder por cualquier causa) de las administraciones públicas, instituciones públicas y entidades contempladas en el artículo 2 de la misma.

Incluso la nueva ley foral se antepone a la normativa sobre acceso a la información medioambiental, sobre ordenación del territorio y urbanismo, sobre archivos y documentos históricos y subvenciones, que se regirá en lo sucesivo por lo dispuesto en ella, salvo únicamente en aquellos supuestos en que la normativa especial establezca con rango de ley limitaciones materiales para el acceso por razón de la protección de determinados intereses públicos o de la protección de datos de carácter personal. Por tanto, en cuanto a plazos, procedimientos, etcétera, se aplica la nueva ley foral.

En cambio, no es de aplicación esta Ley Foral en lo relativo al acceso a la información tributaria, sanitaria, policial y cualquier otra información en que una norma con rango de ley declare expresamente el carácter reservado o confidencial de la información, que prevalece la normativa específica.

Ahora bien, en lo que no prevea la normativa específica, será de aplicación supletoria esta ley foral.

En todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable, el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública, salvo en los casos del Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra.

Es decir, con estas excepciones ante estas cuatro instituciones, cualquier persona puede dirigir una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra cuando solicite información de la administración y esta se le deniegue. El Consejo velará por si tiene derecho o no a lo que solicita, cualquiera que sea la normativa aplicable, y dictará las medidas que considere más apropiadas para que se garantice el derecho.

¿Qué dispone esta ley foral sobre este derecho?

LO QUE QUIERE LA LEY ES QUE LOS CIUDADANOS TENGAN LA INFORMACIÓN QUE SOLICITAN (PRINCIPIO GENERAL) Y QUE SOLO SE LES PUEDA NEGAR ESE DERECHO DE ACCESO POR LAS CAUSAS DE LA LEY INTERPRETADAS RESTRICTIVA Y MOTIVADAMENTE AL CASO CONCRETO.

El artículo 1.1 establece, en su letra b), que es objeto de esta ley foral “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. Subrayo lo de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho”, que va más allá de un reconocimiento formal del derecho.

El artículo 1.2 establece como fines de la ley foral, en su letra c), “proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros”. Subrayo aquí “toda persona” y “procedimientos sencillos y claros” de acceso.

El artículo 4 da las definiciones de los conceptos que emplea la ley foral y destacan en ellos los tres siguientes relacionados con el derecho de acceso a la información pública:

  • La definición de “transparencia”, que se concibe como “el valor esencial del gobierno abierto, que impregna toda la actividad y organización de los sujetos obligados que tienen el deber de poner a disposición de la ciudadanía, legítima propietaria de la información pública, bien de manera proactiva, bien previa solicitud, la información pública que posean y de dar a conocer el proceso y las decisiones adoptadas de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones y la evaluación de las mismas”.

Cabe subrayar que la ciudadanía es legítima propietaria de la información pública y que las administraciones públicas son sujetos obligados a poner a disposición de ella la información pública que posean cuando se lo soliciten.

La exposición de motivos de la Ley Foral es clara y contundente: “La presente ley foral se fundamenta en el principio de que la propiedad de la información y de los datos públicos es de la ciudadanía y en la obligación de la Administración de suministrarlos, salvo aquellos que estén protegidos por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y aquellos que se encuentran en fases del procedimiento administrativo reservadas.”

  • La definición de acceso a la información pública, que es la “posibilidad –de quién, de los ciudadanos- de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades obligadas por la ley foral, con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos y condiciones que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley foral”.
  • La definición de “información pública”, que es “aquella información cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean”. También es información pública aquella cuya autoría o propiedad es de la entidad o sujetos que prestan servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido generada u obtenida en el ejercicio de una actividad pública”.

Por tanto, es información pública la que genere una administración o esta posea relacionada con el ejercicio de su actividad como tal administración en su sentido amplio.

El artículo 5 b) aclara más aún cuando establece que “toda información en poder, custodia o bajo control de los sujetos obligados por la ley foral se presume pública, salvo excepciones previstas en la ley”

Este mismo artículo 5, en sus letras c), d) y f), establece principios generales aplicables al derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública:

  • El principio de accesibilidad obliga a que la información se proporcione por los medios o en formatos que resulten accesibles y comprensibles.
  • El importante principio antiformalista del procedimiento obliga a que las reglas del procedimiento para acceder a la información pública deben facilitar el ejercicio del derecho, no pudiendo constituir aquellas, en sí mismas, un obstáculo para dicho acceso.
  • El principio de publicidad activa obliga a que la Administración proporcione de una forma veraz y objetiva la información que obra en su poder.
  • El artículo 13.1 vuelve a reiterar en todas estas ideas, principios y normas, y reconoce como derechos de “cualquier ciudadano”, entre otros, los siguientes relacionados con el acceso a la información pública:
  • El derecho a obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las administraciones públicas, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, y sin más limitaciones que las contempladas en esta Ley Foral.
  • El derecho a recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos establecidos en esta ley foral.
  • El derecho a conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, total o parcialmente, esto es el derecho a recibir una respuesta motivada.
  • El derecho a conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la obtención de la información solicitada, así como las causas de exención.
  • El derecho a interponer las reclamaciones a las que se refiere el artículo 45 en materia de acceso a la información pública.
  • El derecho a ser informado de las decisiones que se adopten como consecuencia de los procedimientos que los ciudadanos promuevan en tutela de su derecho de acceso a la información pública. E s este un derecho de terceros afectados por las peticiones de información que realizan otros ciudadanos.
  • El artículo 13.2 señala los deberes de los ciudadanos en esta materia:
  • Acceder a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos.
  • Ejercer su derecho conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho.
  • Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté solicitada.
  • Abonar las tasas establecidas para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original.

El Título III de la Ley Foral regula el derecho de acceso a la información pública.

La exposición de motivos, al referirse a este Título III, es meramente descriptiva: “El título III regula el derecho de acceso a la información pública. El capítulo I establece las normas generales para el ejercicio de este derecho, los límites establecidos al mismo, que en cualquier caso deben ser interpretados de manera restrictiva, la protección de los datos de carácter personal y las causas de acceso parcial. El capítulo II define el procedimiento a seguir para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como la competencia para la resolución de las solicitudes de información. Procedimiento que facilita el ejercicio del derecho por cualquier medio, tanto telemático como presencial, ofreciendo la asistencia que resulte necesaria para facilitar el ejercicio del mismo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de algunos colectivos. El capítulo III regula el régimen jurídico de las reclamaciones contra las resoluciones de acceso a la información pública, cuya resolución es atribuida al Consejo de Transparencia de Navarra.”

TITULARES DEL DERECHO.

Los artículos 30 y 34 nos precisan quiénes son los titulares de este derecho:

Cualquier persona , física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en esta ley foral.

Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley foral, ni acreditar interés alguno .

No hace falta ser interesado para conocer una información pública, porque lo que prevalece en la ley no es la condición del solicitante, que puede serlo cualquiera, sino si la información puede o no darse por razón de las limitaciones materiales de esta. Si es una información no accesible, no puede darse.

El artículo 34.2, al establecer el contenido de la solicitud de información pública, exige la constancia de la identidad del solicitante sin que resulte necesaria la acreditación de la misma.

Y el artículo 34.3 insiste más: “El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifican la petición de la información. Sin embargo, en ningún caso podrá exigirse dicha motivación.”

Por tanto, lo que limita el acceso a las solicitudes de acceso a la información pública no es la cualidad del solicitante, sino la cualidad de la información, que sea accesible o no.

Y esa inaccesibilidad solo puede venir determinada por lo siguiente:

  1. Las causas que obligan a subsanar las solicitudes por defectos en los requisitos para su validez que establecen los artículos 34 y 35 (este sobre solicitudes imprecisas). Aquí juega la subsanación en el plazo de diez días hábiles.
  2. Las causas de inadmisión de las solicitudes del artículo 36.
  3. Las limitaciones por razón de la materia del artículo 31.
  4. Las limitaciones por protección de datos personales del artículo 32 y de otros intereses de terceros del artículo 39.
  5. Los supuestos de incompetencia del órgano por no tener este la información solicitada del artículo 38.

A mí me corresponde hablar de las limitaciones del artículo 31 de la Ley Foral.

Este artículo 31 establece, en su número 1, que “el derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para” determinadas materias.

Nótese que no basta con alegar esta materia para denegar el acceso a la información, sino que se requiere acreditar por la Administración que con el hecho de dar esa información se produce o se puede producir un perjuicio para esas determinadas materias.

Por tanto:

  1. hay que acreditar el perjuicio posible, teniendo en cuenta el principio de proporción entre lo que se solicita y el bien público protegido (esto es lo que se llama el test del perjuicio o daño, que hay que realizar y acreditar convincentemente);
  2. hay que motivarlo bien, de modo suficiente.
  3. y en relación con el caso concreto.

De no hacer esta acreditación o test del perjuicio y esta motivación relacionada con el caso concreto, lo más normal es que, recurrida la denegación, sea estimada la reclamación. No valen las fórmulas vagas y generales, ni repetir el precepto de la ley en una resolución de pocos minutos.

El artículo 31, en su número 2, establece que:

“La aplicación de las limitaciones deberá ser proporcionada atendiendo a su objeto y su finalidad de protección.

En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y su aplicación atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público superior que justifique la divulgación de la información.

El número 3 aclara un caso en que estas limitaciones no son de aplicación y la administración no debe alegarlas:

  • Cuando quien pretenda el acceso sea una persona con interés personal, particular, directo y, más aún, si la información le afecta a sus derechos o intereses legítimos. Es decir, si estamos ante un interesado en términos jurídicos, no se le puede negar la información que le afecte a él.

El número 4 se ocupa de establecer que las limitaciones al derecho de acceso solo son de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.

¿Cuáles son estas limitaciones materiales que permiten denegar una solicitud si se percibe de forma proporcionada y motivada en el caso un perjuicio para ellas?

  1. La seguridad pública, en su sentido más estricto, cuasipolicial.
  2. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Esta confidencialidad o secreto ha de estar establecida en una ley.
  3. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

    De la normativa de protección de datos personales y de la disposición final undécima de la LOPD podemos concluir que cuando la información incluya datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, administrativas o disciplinarias que no conlleven la amonestación pública al infractor, el acceso solo puede autorizarse en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, por lo que hay que oírse a este, o si aquél está amparado por una norma con rango de ley.

  4. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Se refiere a los procesos judiciales. Téngase en cuenta que no juega esta limitación para el interesado.
  5. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Ocurre lo mismo que se ha dicho: no es aplicable en el caso de procedimientos ya cerrados, puesto que el perjuicio no existe.
  6. Los intereses económicos y comerciales legítimos, sin perjuicio de la publicidad de los convenios, contratos y otros actos administrativos conforme a esta ley foral.
  7. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

    El artículo 42.4 añade que “en caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, al cedente del que se haya obtenido la información solicitada”. Es decir, debe especificarse de quien es la propiedad.

  8. La protección del medio ambiente.
  9. La información declarada reservada o protegida por normas con rango de ley.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Otro de los límites es la protección de los datos personales de las personas físicas.

Las personas jurídicas no están protegidas por la normativa de protección de datos .

El artículo 32.2 Ley ya lo deja bien sentado: “Cuando la información solicitada se refiera a personas jurídicas, se facilitará la información, incluso si contiene datos del nombre y apellidos de personas físicas que sean representantes, administradores o miembros de sus órganos de dirección, administración y control, y direcciones de contacto”.

El RGPD de la UE es de 27 de abril de 2016 y es aplicable desde el 25 de mayo de 2018.

La Ley Foral actual de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es de 17 de mayo de 2018 y entró en vigor el 23 de agosto de 2018.

Luego está la LO3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

¿A cuál hay que estar en lo referido a las solicitudes de derecho de acceso a la información que nos llegan?

La respuesta es que, principalmente, a la Ley Foral.

La norma preferente es el RGPD, que la LOPD no puede contradecir.

El artículo 86 del RGPD establece que “los datos personales de documentos públicos en posesión de alguna autoridad pública u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho de protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento ”.

El RGPD es mucho más claro que la confusa disposición adicional segunda de la LOPD, que establece que “La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las obligaciones de publicidad activa establecidas por la legislación autonómica, se someterán, cuando la información contenga datos personales, a lo dispuesto en los artículo 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica”.

Los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013 y el RGPD remiten a este artículo 15, cuyo correlativo son los artículos 32 y 39 de la Ley Foral.

Conclusión: cuando un ciudadano solicita un documento que es información pública y que es declarado por la ley como de acceso por la ciudadanía, lo que rige es el derecho del Estado miembro, en este caso, la Ley Foral de derecho de acceso, conforme a lo que la misma disponga en ese fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales y la protección de datos personales.

Por tanto, es de aplicación lo dispuesto en los artículos 32 y 39, que delimitan cinco supuestos:

  1. Que la información solicitada contenga “ datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de alguna de las administraciones, instituciones, entidades o personas físicas o jurídicas sujetas a la aplicación de esta ley foral”.

    Esos datos son los del nombre de la persona, cargo o puesto, incluso la titulación profesional con la ejerce el puesto si se solicita, direcciones de contacto relacionadas con el cargo o puesto de trabajo.

    Solución que da la ley: el órgano competente debe conceder el acceso a la información.

  2. Cuando la información solicitada contenga datos especialmente protegidos .

En la actualidad, se equiparan a datos especialmente protegidos los que el artículo 9 del RGPD denomina hoy “categorías especiales de datos personales”, y que son los que revelan:

El origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar a una persona física, los datos relativos a la salud, los datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales.

En este caso, la LF faculta a la administración para denegar directamente la solicitud en dos casos:

  1. si considera que prevalece la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o
  2. se refieren a menores de edad.

    La regla a) se refiere a supuestos muy claros en que se observa a priori que la cesión del dato va a perjudicar al afectado. Son casos manifiestamente grotescos, dañinos, y no cualquier caso. Pedir una nómina no lo es, o su examen por otro aspirante tampoco. Es decir, la administración debe realizar un juicio y motivar que no procede dar esos datos en ningún caso. Tiene que ser algo muy claro. En caso contrario, lo que hay que hacer es oír al afectado y obtener su consentimiento expreso.

    La denegación en estos dos casos directos debe ser motivada.

    La LF impide que se faciliten estos datos sin el consentimiento expreso del afectado, por lo que hay que dirigirse a este, a menos que este haya hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicite el acceso o que el acceso esté amparado por una norma con rango de ley (lo cual es difícil que se dé, pero puede ser).

    Para recabar este consentimiento está el artículo 39, que nos muestra cómo actuar. Dice así:

    1. Cuando la estimación de las solicitudes de información conlleve la comunicación de datos de carácter personal considerados como especialmente protegidos [o pueda perjudicar los intereses de terceros], el órgano encargado de resolver dará a los afectados un plazo de quince días para que puedan manifestar su consentimiento expreso al acceso a la información o realizar las alegaciones que estimen oportunas.
    2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo para su presentación. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia. Si el tercero no responde en el plazo requerido se presumirá su disconformidad con que se otorgue el acceso a la información solicitada.
    3. El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta por los terceros y atendiendo a lo previsto en esta ley foral, emitirá la resolución que estime procedente conforme al interés público general.

      Lo debido es que si el dato es especialmente sensible y no hay consentimiento expreso, no se facilite.

  3. Cuando la estimación de la solicitud de información pueda perjudicar los intereses de terceros , es decir, cuando comprobamos que hay un tercer interesado con nombre y apellidos y creemos que sus derechos pueden verse perjudicados,

    En este caso, el órgano encargado de resolver debe dar a los afectados un plazo de quince días para que puedan manifestar su consentimiento expreso al acceso a la información o realizar las alegaciones que estimen oportunas.

    Ya hemos dicho que la disposición final undécima de la LOPD establece que si la información incluye datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, administrativas o disciplinarias que no conllevan la amonestación pública al infractor, el acceso solo puede autorizarse en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado, por lo que hay que oírse a este, salvo que el acceso esté amparado por una norma con rango de ley.

    El traslado de la solicitud al afectado produce la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo para su presentación. El solicitante debe ser informado de esta circunstancia.

    Si el tercero no responde en el plazo requerido se presume su disconformidad con que se otorgue el acceso a la información solicitada.

    El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta por los terceros y atendiendo a lo previsto en esta ley foral, debe emitir la resolución que estime procedente conforme al interés público general (es interés público es la ponderación).

    El artículo 40 exige incluso que se dé trámite de audiencia al solicitante cuando concurran alguna de las limitaciones del derecho de acceso o hayan intervenido terceros afectados. El solicitante, en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puede alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. El trámite de audiencia produce la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones, transcurra el plazo para su presentación o el solicitante manifieste su intención de no efectuar alegaciones ni aportar documentos ni justificaciones.

    Oídos afectado y solicitante, lo que tiene que hacer el órgano es ponderar la solicitud conforme al artículo 32 en lo que se refiere a datos que no son especialmente protegidos y valorar si da la información por uno de estos cuatro motivos:

    • El hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y con su comunicación no se aprecie un perjuicio relevante para el interés de los afectados.
    • La justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano.
    • El hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
    • El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de diez años a partir de la fecha del documento o información.

      Cuando hay un tercero afectado, la resolución debe notificársele.

      Si la resolución concede el acceso total o parcial a una información que afecta a ese tercero y este se ha opuesto, el acceso solo se puede hacer efectivo una vez que ha transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo (dos meses) sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Esta condición suspensiva del ejercicio del derecho de acceso se ha de hacer constar expresamente en la resolución.

  4. Cuando la información solicitada se refiera a datos que no sean especialmente protegidos y se considera que no hay perjuicio para los intereses de terceros :

El órgano podrá comunicar la información al solicitante si al ponderar la solicitud estima que prevalece:

  • El hecho de que los datos sean meramente identificativos o de contacto y con su comunicación no se aprecie un perjuicio relevante para el interés de los afectados. Puede facilitar la información directamente si entiende que estamos ante un caso de los previstos en el artículo 19 de la LOPD, esto es, ante datos de contacto y de puesto desempeñado en personas jurídicas o de empresarios individuales y profesiones liberales.
  • La justificación por el solicitante de su petición en su calidad de titular de un interés legítimo y directo o de un derecho subjetivo distinto del de su condición de ciudadano.
  • El hecho de que el solicitante tenga la condición de investigador y motive el acceso con fines históricos, científicos o estadísticos.
  • El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso del plazo de diez años a partir de la fecha del documento o información.

En estos casos, bastaría con la ponderación y emitir la resolución, que en la mayoría de los casos será de concesión de los datos.

ACCESO PARCIAL.

El artículo 33 de la LF establece lo que se llama el acceso parcial a la información pública.

Este acceso parcial se da en el caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones del derecho de acceso.

Cuando se conceda el acceso parcial, debe garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.

El RGPD admite la anonimización (antigua disociación) de los datos personales. Es decir, la supresión de cualquier elemento que permita la identificación de la persona titular de esos datos. Pero dicha anonimización debe ser real, de tal forma que, efectuada, no se pueda conocer a la persona cuyos datos se solicitan.

Muchas gracias por su atención