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Vivienda

En el marco de la elaboración de este informe, fue preciso realizar un replanteamiento del trabajo tras recabar nuevos datos en materia de vivienda de los inmigrantes. La gravedad de las situaciones conocidas ya entonces, el análisis sobre la capacidad de iniciativa de los Ayuntamientos y las valoraciones en cuanto a la actitud de los empresarios agrícolas en sus obligaciones respecto al hábitat de los empleados temporeros, motivó la convocatoria de la denominada "Mesa sobre la Vivienda" a fin de poder contrastar y ampliar los diferentes puntos de vista de las organizaciones y entidades de iniciativa social presentes en el ámbito de la inmigración.

Como reflexión inicial, valga señalar que la vivienda es un factor primordial para los inmigrantes como ideal de integración, sea a través de compra o alquiler, pues, al contrario de otros procesos migratorios anteriores, los inmigrantes que llegan a Navarra tienen una mayoritaria voluntad de permanecer. Sin embargo, la vivienda constituye en estos momentos en Navarra el principal problema de los inmigrantes censados en las diferentes localidades de nuestra Comunidad, cualquiera que sea su condición o situación administrativa. La realidad del problema y el hecho mismo de ese deseo de permanencia, modifica las previsiones en cuanto a vivienda, agrava la pequeñez de la bolsa existente y hace mayor la exigencia de una política agresiva e inmediata en esta materia por:

  • El alto coste actual de la vivienda en propiedad o alquiler

  • Lo exiguo de la oferta

  • La manipulación de la oferta existente por un numero importante de propietarios

  • La gravedad de algunas situaciones humanas extendidas por toda la zona, no por menos numerosas menos graves

  • La variada actitud de los Ayuntamientos ante este problema, enmarcada en una inhibición general por entender que es una problemática que supera sus propias competencias

  • El nivel de medios y competencias reales de los Ayuntamientos que han tomado conciencia del problema y desean tomar la iniciativa

  • Las dificultades de los entes locales o mancomunados para poder participar en las medidas propuestas por el Gobierno foral en favor de los inmigrantes, a las que pueden acceder otro tipo de organizaciones, iniciativas derivadas del Plan de Ayuda a la Vivienda previsto en el Plan de No Exclusión

La gran mayoría de las personas inmigrantes que residen de forma estable en Navarra habitan viviendas. Esta no es, en absoluto, la misma situación de los trabajadores temporeros agrícolas, al menos en las campañas del tomate y la vendimia, pues una significativa mayoría de los cuales se alojan en infraviviendas, locales semihabilitados y alojamientos colectivos patronales, además de algún agrupamiento o campamento instalado por iniciativa municipal, como el de Mendavia.

Aunque la encuesta de la UPNA ofrece datos de noviembre y diciembre, cuando ya la presencia de temporeros es mínima o inapreciable, es importante contrastar la realidad en cuanto a vivienda de ambos colectivos de personas: temporeros, extranjeros inmigrantes temporales o nacionales, de una parte, e inmigrantes que pueden hacer trabajos de temporada, de otra parte.

Ambos colectivos participan de forma apreciable en los trabajos de temporada y es creciente la presencia de inmigrantes, ilegales o no. Este cruce de datos sobre la realidad de unos y otros en cuanto a vivienda tiene una especial trascendencia a la hora de valorar y dimensionar las políticas y medidas encaminadas a cubrir la necesidad en este sentido de los temporeros, tanto por parte de la Administraciones como de las organizaciones profesionales, sindicatos y ayuntamientos. De hecho, de los datos obtenidos en las campañas agrícolas del año 2000, un tercio de los trabajadores temporeros, fundamentalmente nacionales procedentes de otras Comunidades Autónomas de España, habitaban viviendas alquiladas o facilitadas por los empresarios; más de un tercio aprovechaban sus propios medios (infraviviendas, caravanas, automóviles...) y en el que se incluían inmigrantes temporeros procedentes de otros paises o del sur de la Comunidad Autónoma de Galicia, agrupados o diseminados por las diferentes poblaciones de la Ribera y sus alrededores.

Finalmente, el sistema de vivienda del resto de los trabajadores temporeros era diverso en función del colectivo de personas que integran, principalmente inmigrantes regularizados o ilegales, agrupados en viviendas en un alto grado de hacinamiento o en otro tipo de refugios marginales.

Es un hecho constatado que los agricultores contratan mano de obra sin cubrir las necesidades de vivienda previstas en dicho contrato.

En general, el 35 por 100 de los inmigrantes viven con familiares y un 20,5% con familiares y otras personas. En el 35,2% de los casos conviven con no familiares, lo que es un elemento diferencial por su alta proporción y por la dificultad añadida a las condiciones de la propia vivienda, como veremos, de hecho. La mitad de los encuestados en esta situación desean dejar de compartir la vivienda.

El coste del alquiler de las viviendas es alto en las localidades de la Ribera, no únicamente por la carencia de una suficiente oferta de viviendas, sino también por el aprovechamiento que sus propietarios realizan del alquiler, y la medida prevista por el Gobierno para financiar a los trabajadores temporeros, con hasta un 50% del coste de dicho alquiler, prácticamente no ha sido utilizada por los agricultores, encargados de abonar posteriormente dicha cantidad a sus empleados.

La razón del agrupamiento de personas en familia y otras personas ajenas, o en agrupamiento de no familiares (el 55,7 de los casos) evidencian las dificultades para encontrar una vivienda a precio asequible y no por una opción voluntaria derivada de su inestabilidad residencial o de la preferencia por ahorrar al máximo los gastos de vivienda.

Esta fórmula de convivencia agrupada de inmigrantes es inevitable en opinión de algunos alcaldes por la escasez de vivienda o la ausencia de medidas que las faciliten. La necesidad de esa vivienda, combinada con el alto coste de la propiedad o el alquiler, ha generado un proceso de compra y subarriendo de vivienda con un esquema de funcionamiento típicamente mafioso -protagonizado en algunos casos por conciudadanos de los propios inmigrantes-, fenómeno ante el que los Ayuntamientos afirman no disponer de medios para intervenir incluso sobre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, verdaderos pequeños guetos. Estos hechos son especialmente conocidos en las localidades con mayor presencia de trabajadores temporeros, donde los intermediarios controlan vivienda y contratos de trabajo.

En torno a veinte casos de este tipo han sido detectados en la Ribera, especialmente en Milagro, Azagra, Cabanillas y Ribaforada. En estas dos últimas localidades, los inmigrantes búlgaros son los más afectados.

En alguna localidad, es práctica extendida la de no alquilar viviendas a inmigrantes, con lo cual se pretende anular su presencia en dicha localidad, si bien en ella desarrollan su actividad laboral. Este hecho, expresamente asumido de forma pública, se extiende a otras localidades fuera de la Ribera, donde es evidente la pasividad de algunos responsables municipales. Contrasta en este sentido la labor que se desarrolla desde otros Ayuntamientos, como el de Peralta, actuando de mediadores entre propietarios e inquilinos para facilitar el alquiler y mejorar la calidad de vivienda a que pueden acceder los inmigrantes.

Una comarca, la de Peralta, donde en algunos casos los alquileres son más accesibles, pero las condiciones de habitabilidad de estas viviendas no son asumibles ya que carecen de agua caliente, luz, calefacción... Se dan casos de familias enteras obligadas a alquiler bajeras para residir al no existir viviendas en alquiler disponibles.

La carencia de vivienda ha generado asimismo la aparición de prácticas fraudulentas de alguna agencia inmobiliaria, bien percibiendo honorarios anticipados sin contrato de hasta 25.000 ptas. por facilitar números de teléfono de viviendas en alquiler que dejan de serlo cuando los inmigrantes se identifican a los propietarios, o por buscar directamente dicho alquiler durante un período de tiempo, que normalmente se consuma sin haberlo conseguido, aunque la cantidad entregada a cuenta por parte del cliente inmigrante no se devuelve.

De otra parte, es frecuente la aplicación irregular de la Ley de Arrendamientos Urbanos en tanto que agencias inmobiliarias suscriben con inmigrantes contratos de arrendamientos de vivienda de temporada legalmente ampliables hasta cinco años, pero los propietarios deciden unilateralmente deshacer dicho contrato, amenazando en caso de negativa del inquilino, con pedir la intervención de la Policía Municipal. No ayuda, en este sentido, la restricción establecida en la nueva Ley de Extranjería, en la que el inmigrante no regularizado no tiene acceso al derecho de Justicia gratuita, por lo que se le produce una doble indefensión.

Más allá de estos datos, suficientemente significativos aunque puedan parecer aislados en un contexto mucho más complejo, la realidad presenta claras desigualdades en cuanto a los requisitos exigidos para obtener la cédula de habitabilidad, que es discrecional en función de cada Ayuntamiento y su capacidad administrativa y de inspección sanitaria municipal. Esta labor inspectora es prácticamente nula en algunas localidades de menor población por la escasez de medios con que el Ayuntamiento cuenta y la incapacidad para materializar las decisiones derivadas de esa inspección, de llegar a realizarse, mostrando en cambio una actitud más positiva respecto a la posibilidad de participar en el sistema de subvenciones para vivienda en compra-venta, previsto en el Plan de No Exclusión, como se explicaba en el capítulo sobre servicios sociales.

Como consideración general, en la defensa de los derechos ciudadanos es básica la eliminación de los riesgos de exclusión y estos se dan, de forma notoria y con consecuencias sociales y humanas a veces alarmantes, en el marco de la problemática sobre la vivienda de inmigrantes.

Partiendo de la trascendencia que tiene la recomposición de los núcleos familiares en el país de acogida, como medida que reduce ese riesgo de exclusión, es importante que los inmigrantes tengan la posibilidad de acceder a viviendas que permitan la convivencia familiar de las personas que lo deseen. Para ello, como opinión generalizada se considera preciso ampliar y fomentar la oferta de vivienda en alquiler de protección oficial del régimen especial con acceso a la propiedad abriendo la participación a Ayuntamientos y Mancomunidades de SSB; crear viviendas de emergencia social, la intervención de la Administración en la bolsa de viviendas acogidas a los beneficios de la protección oficial sin habitar; la intervención conjunta de Gobierno y Ayuntamientos para generar suelo público y la revisión del decreto foral sobre acceso a la vivienda de protección oficial en cuanto a los baremos exigibles, a fin de hacer una normativa más realista y viviendas más asequibles a las posibilidades del colectivo; y, finalmente, favorecer el acceso a una mayor oferta de vivienda privada en alquiler, propiciando a la vez su aparición a través de incentivos económicos y fiscales al alquiler.