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Introducción

El delegado para la Extranjería, don Enrique Fernández Miranda, auguraba recientemente en Ceuta (22 de octubre de 2001) "poco futuro" a los inmigrantes ilegales: "Desde la ilegalidad no hay futuro", decía.
De otra parte, el Gobierno estudia suspender el contingente de trabajadores extranjeros del próximo 2002 por falta de ofertas, tras el plazo dado por el Ministerio de Trabajo a los empresarios para que estos presentasen sus necesidades de mano de obra, según un nuevo formulario -mucho más específico y concreto sobre el tipo de trabajo a contratar.
Sindicatos y empresarios coincidían en que es prioritario finalizar los procesos de regulación de los trabajadores inmigrantes ya existentes en España (25.000 ecuatorianos que se apuntaron al frustrado puente aéreo de ida y vuelta, y 200.000 inmigrantes que se acogieron al proceso por arraigo impulsado por el Ministerio del Interior). Sindicatos y empresarios dan a entender que el proceso de regularización es mucho más lento de lo que se esperaba por parte del Ministerio y que la mano de obra existente entre ese censo de inmigrantes es suficiente para cubrir la oferta, independientemente de cual sea su estado de regularización -con o sin papeles-. Sólo la CEOE -su asesor externo, don Fabián Márquez- planteaba la conveniencia de establecer un cierto cupo para sectores o trabajos de difícil catalogación a fin de no "estrangular la actividad" de esos sectores.

Son datos que sirven para enmarcar de forma genérica la más reciente actualidad en torno a los inmigrantes en el momento de finalizar el presente "Informe sobre la Inmigración en la Ribera de Navarra".
Este Informe de oficio de la Defensora del Pueblo de Navarra se iniciaba al mismo tiempo que la Universidad Pública de Navarra hacía público el estudio elaborado sobre la inmigración en nuestra Comunidad, a instancia de Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. Un informe que sustenta el denominado "Proyecto del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante" diseñado por la citada Consejería, presentado en junio del presente 2001 y que constituye la respuesta del Gobierno a la resolución adoptada en esta materia por el Pleno del Parlamento de Navarra de 18 de mayo del año 2000.

Por su parte, el presente "Informe sobre la Inmigración en la Ribera de Navarra" es el primer estudio de oficio elaborado por la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, ya anunciado en el Apunte Estratégico que se presentó a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento en mayo pasado.
Iniciado a mediados del mes de junio, pretende cubrir las necesidades de información de esta Institución, del Parlamento y de la sociedad sobre la situación de los inmigrantes y del trabajo con inmigrantes en la Ribera de Navarra y sus áreas de influencia, con una especial incidencia en aquellos aspectos vinculados a sus derechos económicos y sociales.
Más allá de la validez de estos datos y sus correspondientes reflexiones, es muy importante destacar que su elaboración hubiera sido literalmente imposible sin la colaboración de cuantos, desinteresadamente, nos han prestado su apoyo, sus trabajos y su tiempo. Es en su conocimiento real y directo de la situación y en los encuentros con ellos y diferentes Ayuntamientos de esa zona sobre lo que se apoyan los juicios que forman parte de este Informe y las opiniones de esta Defensoría en él recogidos; valoraciones y análisis hechos, en todo caso, desde la perspectiva que le es propia, de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero en el convencimiento de que los ejercicios de reflexión social tienen un valor común, máxime cuando, como en este caso, tienen el valor añadido de la visión conjunta de otros puntos de vista, no forzosamente coincidentes con lo que, finalmente, aquí se expone.

María Jesús Aranda Lasheras
Defensora del Pueblo de Navarra
Pamplona, Diciembre de 2001