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Aspectos Sociolaborales

De nuevo, la importancia de los aspectos laborales en la vida del inmigrante obliga a conocer con detalle los aspectos vinculados a su integración desde el empleo y, seguidamente, los más puramente sociales.

PERMISOS DE TRABAJO

A partir de 1997, en la curva de la inmigración en Navarra se produce un primer crecimiento muy importante. Al mismo tiempo que se va produciendo ese aumento, se incrementa el total de inmigrantes ilegales. Los permisos de trabajo concedidos continúan siendo muy inferiores a la cifra registrada de inmigrantes y sólo a mediados del año 2000 se produce un acercamiento entre las dos realidades, la del numero de inmigrantes y la de inmigrantes con permiso de trabajo. No obstante, pese a ese aumento de permisos de trabajo, continúa aumentando la distancia entre permisos de trabajo y total de inmigrantes.

EMPLEO

En el conjunto de Navarra, dos de cada tres inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar estaba ocupados a finales de 2000 . En total, unas 8.500 personas, con presencia preferente en el servicio doméstico, la construcción y la agricultura.

El empleo, porque es la principal razón para emigrar, es también el principal factor de integración o marginación de los inmigrantes y, de hecho, constituye uno de los principales problemas de los inmigrantes llegados a Navarra, en una doble vertiente: el acceso a un empleo y las condiciones de ese empleo.
Y los objetivos prioritarios en materia de empleo de los inmigrantes difieren poco de los generales, incluidos en los sucesivos Planes de Empleo bianuales que suscriben Gobierno foral y organizaciones sindicales y empresariales:

  • Reducir la tasa de desempleo

  • Reducir la precariedad

Principios ambos mantenidos en el Plan de Empleo recientemente aprobado, aunque no dejen de entrañar una contradicción con el hecho mismo de que la Administración foral no haya cuantificado ante la Administración estatal las necesidades de mano de obra para el próximo año, a fin de poder definir los correspondientes contingentes de inmigrantes por parte del Ministerio de Interior para 2002.

El trabajo de la Administración foral y de las organizaciones de iniciativa social, sindicales y profesionales ha avanzado sensiblemente en estos últimos años para facilitar el acceso al empleo de los inmigrantes, en la mayoría de los casos con esfuerzos superiores a los medios disponibles, especialmente en el caso de organizaciones sindicales y ONGs. Los acuerdos de colaboración en este sentido con la Administración navarra han sido positivos, en tanto que han permitido a dichas organizaciones situarse en el centro de la necesidad y establecer sistemas de apoyo. Y este esfuerzo se ha dejado sentir tanto en el ámbito general de la inmigración como en el de los trabajadores inmigrantes de temporada.

En la Ribera, un porcentaje importante de la población inmigrante carece de permiso de trabajo, por lo que la búsqueda de empleo se hace muy difícil, realizando mayoritariamente trabajos esporádicos como forma de subsistencia. Estas tareas dependen de las campañas agrícolas y, en muchos casos, el periodo de trabajo no supera los 3 o 4 días. La jornada laboral en estas temporadas de máxima producción puede alcanzar las 12 horas diarias y en muy raras ocasiones se respetan los fines de semana o días festivos, que se remuneran como los restantes días de la semana. El sueldo que perciben suele oscilar entre las 600 y 800 pesetas/hora.

En la Ribera navarra son frecuentes las jornadas laborales por encima de las cuarenta horas semanales y remuneraciones salariales inferiores a lo establecido en los correspondientes convenios. De hecho, la explotación que en ambos casos se da ha sido denunciada por el Centro Guía de la UGT en Tudela, a la vez que desarrollaba una campaña informativa entre los inmigrantes sobre sus derechos y deberes como trabajadores.

En la Ribera navarra son frecuentes las jornadas laborales por encima de las cuarenta horas semanales y remuneraciones salariales inferiores a lo establecido en los correspondientes convenios.

Los extranjeros que han regularizado su situación administrativa en España gozan de mejores condiciones laborales, aunque en muchas ocasiones se detectan abusos en cuanto al pago de las horas extras, pagas extraordinarias o vacaciones, principalmente por desconocimiento de los propios trabajadores sobre sus derechos.

En la localidad de Arguedas, con un importante contingente de inmigrantes procedentes de Lituania, existen trabajadores en situación administrativa regular que no pueden percibir el salario real por el que fueron contratados, tal como han denunciado ante las entidades de iniciativa social, por la presencia de "intermediarios" en el ámbito laboral; una presencia que llega a la limitación de las libertades personales de algunos inmigrantes y agresiones sexuales ya denunciadas. De esta situación de irregularidad participan personas procedentes de la zona, aunque está comprobado que de esos menores salarios no se benefician los empresarios que contrataron a los inmigrantes.

Es común que los trabajadores extranjeros en la Ribera tengan contratos "por obra o servicio". Es decir, en general este sector de población no cuenta con la estabilidad laboral que, en consecuencia, le aporta la estabilidad económica. Una situación que se ve agravada cuando tienen deudas contraídas en su país de origen. Y aunque los empresarios muestran una buena disposición para regularizar dicha situación administrativa, son numerosas las dificultades que encuentran para poder hacerlo.

Por su parte, en Azagra, una localidad con graves problemas vinculados a la inmigración, existe oferta laboral no cubierta, aunque no se cuenta con una bolsa de trabajo municipal y son UAGN y UGT quienes coordinan la contratación de los trabajadores. Más allá de su capacidad de control, se registran casos de contratación informal, sin nómina, a trabajadores inmigrantes, a los que se les aplica el convenio laboral del sector, salvo en lo que respecta a la cuota patronal a la Seguridad Social, que no se abona.

Asimismo, el hecho de que la mayor ocupación de inmigrantes se de en los sectores agrícola y del servicio doméstico, junto a la construcción, añade un plus de gravedad a la situación laboral de los inmigrantes en tanto que esos dos primeros sectores no cuentan con su regulación laboral correspondiente, pese a la larga tradición que tienen, especialmente los trabajos agrícolas, y su incidencia en la economía navarra. Por su parte, el trabajo en el servicio doméstico está regulado por normas que ya parecen insuficientes ante la afluencia de una nueva mano de obra más estable, que desarrolla largas jornadas de trabajo y, en la mayoría de los casos, realizando actividades que requieren un cierto nivel de especialización.

Por colectivos de inmigrantes, es preocupante la situación de los procedentes de los paises del Magreb, que puede empeorar pues viven un progresivo desplazamiento del mercado laboral por otros colectivos, especialmente latinoamericanos y ciudadanos procedentes de los paises del este europeo.

Probablemente, uno de los aspectos más importantes del informe elaborado por la UPNA en materia de empleo, que da pie al proyecto de Plan del Gobierno, sea su capacidad para definir y ordenar los mecanismos de primera acogida de los inmigrantes, para los que recaba la colaboración del Servicio Navarro de Empleo, los servicios de las organizaciones sindicales y patronales y de las entidades de iniciativa social; colaboración que debería regularse en el marco de la también propuesta Comisión de Empleo e Inmigración (Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra).

No obstante, el empleo de los inmigrantes en Navarra viene determinado por su situación de legalidad o ilegalidad, también para la Ribera; es decir, por el proceso de regularización que está llevando a cabo el Ministerio del Interior para aquellos que han podido acogerse a él y por las condiciones mismas de ese empleo. Y es en este último sentido, el de las estrictas relaciones laborales, donde más dificultades encuentran los inmigrantes, donde es mayor la dicotomía entre inmigrantes y autóctonos.

Se requiere un esfuerzo añadido, fundamental en todo caso, en la colaboración de los sindicatos y de estos con la Administración foral en ese citado marco de los planes de empleo o el más específico de la colaboración -incluso económica- entre ambas partes para la atención a los inmigrantes. Teniendo claro que la responsabilidad de dichas condiciones laborales corresponde directamente al empleador, la necesidad del empleo para subsistir e integrarse socialmente y la indefensión estructural de los inmigrantes ante cualquier abuso, convierten en urgente esta necesidad de intervención de la Administración foral y de los sindicatos.

La coordinación con la Administración central, para intensificar la función inspectora o el desarrollo de nuevas competencias forales en esta materia, parece tan importante como evidente es la necesidad de coordinación de ambas administraciones a la hora de determinar las políticas migratorias, como vía básica para evitar la presencia y actividad clandestina de las personas. La incidencia en el ámbito foral de las decisiones políticas estatales en materia de inmigración es de tal importancia -social, económica, municipal...-, que la exigencia de esa presencia y colaboración debería constituir un objetivo inicial prioritario. Prioridad que en la Ribera navarra se deja sentir con especial trascendencia.

De otra parte, y atendiendo a los dos colectivos de inmigrantes que soportan las peores condiciones de trabajo (en el sector agrario y el servicio doméstico), es oportuna la propuesta de la UPNA de establecer un plan de medidas de choque en estos dos sectores que, entre otros aspectos, incluya el de la formación obligatoria tanto para las mujeres dedicadas al cuidado de personas mayores o enfermos asistidos como para el conjunto de inmigrantes en los períodos de inactividad y, en estos mismos períodos, la garantía de protección social y acceso rápido a la Renta Básica. En definitiva, un plan en línea con el establecido en su momento para los trabajadores inmigrantes de temporada y que abarque realmente a ambos colectivos.

La expansión de estos dos sectores de actividad -empleadas de hogar y trabajo agrícola- y el aumento progresivo de población inmigrante, debería ser razón suficiente para estudiar la reforma laboral de ambos sectores y los aspectos vinculados a la Seguridad Social, así como la equiparación de los inmigrantes desempleados y de los registrados en las bolsas de trabajo a otros colectivos desfavorecidos y servicios integrados en el acceso a las ayudas para la contratación estable.

Finalmente, es unánime también en este apartado del empleo la opinión favorable a la intervención de mediadores especializados en interculturalidad, como una nueva figura de apoyo en la resolución de conflictos de convivencia en las empresas; una figura que, por la propia realidad de la inmigración, parece destinada a realizar otras funciones añadidas de no menor calado.

TEMPOREROS

La reunión mantenida con motivo de la elaboración de este informe con representantes de UAGN, por parte de los empresarios agrícolas, y de CC.OO. y UGT como organizaciones sindicales y a la que asistieron también otros miembros de Cruz Roja Navarra y Cáritas Diocesana, tenía como objetivo el análisis de la situación de los trabajadores temporeros directamente y a través de sus principales protagonistas. En esa reunión, las tres primeras organizaciones citadas manifestaron su interés por diferenciar el trabajo de temporada y la situación de los trabajadores temporeros del análisis general que pudiera hacerse sobre la inmigración en Navarra; en primer lugar por la exclusiva perspectiva laboral que tenía su trabajo y, de otra parte, porque, en su opinión, el trabajo de temporada se lleva a cabo exclusivamente a través de contratos, lo que excluye a los ciudadanos inmigrantes no regularizados.

Una visión no siempre compartida por las propias entidades de iniciativa social que actúan entre los inmigrantes, aunque esa observación del trabajo de temporeros desde una estricta visión de las relaciones laborales por parte de UAGN, CC.OO. y UGT, pueda ser respetable.

No obstante, es muy importante reflexionar sobre la sustitución que se está produciendo de temporeros (que llegan a Navarra exclusivamente para la recolección) por inmigrantes residentes y que fue una de las principales razones que motivaron la elaboración de oficio de este Informe incluso antes de conocerse el estudio de la Universidad Pública de Navarra. Tan solo en la vendimia ya se pudo registrar durante los trabajos de la UPNA una presencia semejante de inmigrantes (3.000) a la de temporeros tradicionales, aunque el mencionado estudio no establece cuántos de estos trabajadores se corresponden con otros tantos contratos.

La progresiva sustitución de temporeros por inmigrantes está modificando de manera sustancial el tradicional sistema laboral de las faenas de temporada, al margen de la estabilidad que se registra en determinados colectivos de temporeros, y tiene una incidencia importante en cuanto al tipo de inmigrantes que se está contratando para dichas faenas. La sustitución de temporeros por inmigrantes puede estar produciéndose, de forma especial, entre inmigrantes no regularizados.

De hecho, las propias organizaciones sociales presentes en el sector de la inmigración consideran que la bolsa de trabajo para empleados temporales que existe en la comarca de Tudela no tiene utilidad por la contratación que, en paralelo, se realiza a través de inmigrantes en situación administrativa irregular o ilegales. Y el Gobierno de Navarra ha recogido en su proyecto de Plan para Integración Social de los Inmigrantes las sugerencias incluidas en el Informe de la UPNA en el sentido de propiciar que sean los trabajadores residentes (fundamentalmente inmigrantes) quienes sean contratados para dichas tareas de temporada, aprovechando la tendencia positiva que se registra entre los agricultores que, de forma progresiva, van utilizando como cauces de contratación los previstos por las organizaciones profesionales y sindicales presentes en el sector.

En cualquier caso, esta progresiva sustitución ya contrastada pone en cuestión el alcance, en cuanto a población y filosofía, de las medidas encaminadas a la organización de los trabajos de temporada y los sistemas de atención a los temporeros, excepción hecha de nuevo de esos determinados colectivos de inmigrantes temporales que de forma habitual estarán presentes en dichas labores agrícolas de temporada.

BALANCE DEL AÑO 2000

Los datos aportados por varias organizaciones presentes en el sector de los trabajos agrícolas de temporada y su análisis conjunto no es optimista respecto a la situación ni respecto al futuro inmediato. La necesidad de alcanzar un porcentaje más representativo de las necesidades de mano de obra que sean efectivamente supervisadas y garantizadas desde el punto de vista contractual y la urgencia en desarrollar nuevas herramientas que permitan sacar a la luz el mayor numero de plazas de alojamiento, son dos puntos de preocupación en la situación actual desde el punto de vista de las organizaciones. De otra parte, el ciclo de atención a los trabajadores temporeros no puede finalizar, como así lo expresan algunas de esas organizaciones, en las necesidades exclusivas de personal por parte del sector agrario. Por el contrario, deberían darse pasos, al menos en el análisis de la propuesta, en el sentido de que la actividad de temporero pudiera abarcar al sector ganadero y a la industria agroalimentaria. La creación de ese "ciclo laboral" combinaría las necesidades de los tres sectores o subsectores generando una plataforma de empleo estable. Un ciclo continuado que, de una parte, permitiría la recolocación de los trabajadores y, de otra, justificaría el esfuerzo de recursos económicos y humanos de las organizaciones y la Administración en el mantenimiento de un sistema que significa un apoyo importante al sector empresarial, que es el principal responsable en materia de alojamiento.

Durante la campaña del año 2000, se rebasó el censo de 1.300 trabajadores a los que se les gestionó su contrato de trabajo desde la estructura organizada por la Administración foral, UAGN y sindicatos. De ellos, la mayoría eran ciudadanos de fuera de nuestra Comunidad, lo que evidencia la importancia de posibilitarles tanto el traslado como el alojamiento. No obstante, una de cada tres ofertas de empleo remitidas por los agricultores ya estaban cubiertas directamente por éstos, lo que indica que la campaña de UAGN agrupando ofertas de trabajo ha tenido un importante valor estadístico y organizativo, pero un tercio de esa oferta era nula de partida al estar ya cubierta por nuevos contratos o por acuerdos individuales con determinados trabajadores que participaron en anteriores campañas. En Azagra, de las 32 ofertas recibidas sólo fueron atendidas 5 al estar autocubiertas con anterioridad las 21 restantes.

Asimismo, es importante la diferencia entre la oferta inicial de empleo y la que finalmente se demanda, aunque mayor trascendencia a efectos operativos del sistema tiene el hecho de que numerosas ofertas de empleo no incluyan el Numero de Inscripción en la Seguridad Social, por omisión o por que se carece de él al no haber sido tramitado.

En cuanto a la vivienda, que constituye un elemento fundamental de la oferta de trabajo para los temporeros, el 75% de tales ofertas no facilitaban dicha vivienda, lo que afectaba al 80 % del total de personal solicitado.

En consecuencia, las dificultades para conseguir mano de obra de fuera de la Comunidad se hacen cada vez mayores y las medidas de choque adoptadas por la Administración foral para subsanar este problema se han demostrado, hasta ahora, insuficientes o inadecuadas.

Es evidente que la fortaleza del sistema de atención a los temporeros diseñado entre la Administración y las organizaciones profesionales y sindicales presenta serias carencias, a pesar de la intención de todas ellas. El ejercicio de captación de mano de obra por los sindicatos para cubrir las necesidades de los agricultores no se corresponde con un igual rigor por parte de los agricultores en cuanto al respeto a las fórmulas de contratación, aunque sea comprensible la complejidad del trabajo de temporada y la importancia de atender de forma inmediata las necesidades de mano de obra; pero probablemente un mejor ejercicio de planificación y coordinación entre los propios agricultores y sus organizaciones profesionales pudiera agilizar y hacer más eficaz un sistema que, en cuanto a contratación, se demuestra poco útil.

Respecto a vivienda, es más evidente aún la renuncia de los empresarios agrícolas a asumir como responsabilidad propia la parte del contrato referida a cubrir las necesidades en esta materia de los trabajadores empleados. Las dificultades reales que puedan existir para la falta de vivienda en alquiler en las diferentes localidades o sus alrededores no es razón suficiente para que, individual o de forma conjunta, los empresarios agrícolas no busquen medidas alternativas que, en primer lugar, les corresponde solventar a ellos, más allá de la voluntad de la Administración foral en este sentido o de las medidas, hasta ahora poco utilizadas, que esta misma Administración pueda poner en marcha.

Esta misma reflexión y la difusión que se dio a la experiencia de campamento acordada entre el Ayuntamiento de Mendavia y UAGN, motivó la visita realizada por la Defensora del Pueblo a dicho campamento, instalado en esa localidad por segundo año consecutivo y sobre el que es importante dejar señaladas, para mayor clarificación, algunas ideas:

  • La importancia misma del campamento, como iniciativa conjunta del Ayuntamiento de la localidad y algunas organizaciones.

  • La importancia de haber conseguido instalarlo por segundo año, pese a la inicial descoordinación administrativa en cuanto a las ayudas económicas al parecer previstas.

  • La importancia del empeño desarrollado por UAGN en apoyo de una iniciativa de este tipo y, en otro nivel del proyecto, su voluntad de implicar a los empresarios del sector.

No obstante, la difusión del modelo alcanzado este año, aun mejorando al del año anterior de manera sensible, ha ignorado algunos datos de ese mismo campamento que, en lógica, se corresponden más con la precariedad de su instalación que con las ventajas del concepto mismo de campamento. La sobredimensionada difusión de esas instalaciones ha sobredimensionado también sus propias deficiencias de seguridad, sanidad y convivencia, a riesgo de anular las ventajas mismas de lo realizado.

Pese a sus iniciales ventajas, el campamento de Mendavia no es, como conjunto, una experiencia piloto exportable. Pese a sus duras deficiencias, la iniciativa de Mendavia abre la senda de un trabajo

  • Más coordinado de las diversas Administraciones.

  • Con mayor protagonismo y presencia de todas las organizaciones que lo respaldan -patronal y sindicatos-.

  • Que fije la dimensión justa de la intervención precisa -pero no exclusiva- de cualquier entidad de iniciativa social, las cuales tienen como fin la actuación subsidiaria y solidaria, pero nunca sustitutiva de la responsabilidad de otros organismos oficiales.

El informe de la UPNA señala que la situación general de la inmigración en Navarra no alcanza los niveles de gravedad de otras zonas peninsulares, probablemente refiriéndose a situaciones extremas como las que se han registrado en alguna provincia de Andalucía, cuya difusión ha permitido sensibilizar a la población. No obstante, ese conocimiento de otras realidades no amortigua la dimensión real de las situaciones contrastadas en Navarra, por más que sea una realidad diferente en líneas generales.

Por esta razón, y porque no se entendería de otra forma en nuestra propia Comunidad, cualquier proyecto de índole laboral y asistencial debe procurar el estricto equilibrio entre deberes y derechos de las personas que van a beneficiarse -voluntaria o involuntariamente- de esas instalaciones.

Con todo, la defensa de los derechos sociales y económicos de los trabajadores inmigrantes es una obligación colectiva implícita en el quehacer de cualquier organización de interés público, perciba o no ayudas económicas públicas por su labor y, cuando es así, de manera más fundada aún. Las iniciativas municipales, en un contexto de carencia de esas iniciativas, son un pulso valiente contra la realidad, pero han de integrar esa misma defensa conjunta de los derechos, sean individuales o colectivos.

Como se señalaba anteriormente, la incidencia de la inmigración puede llevar a un nuevo marco del trabajo de temporada. En este sentido, es conveniente tener presente algunas consideraciones de carácter general:

  • Los inmigrantes no dejan de serlo por pasar a desarrollar labores de temporada, a ser temporeros. Temporero se es por el tipo de labor que se desarrolla. Inmigrante se es por la procedencia geográfica y la problemática laboral y social en que se ve inmerso, temporal o establemente.

Las organizaciones sindicales, profesionales y de iniciativa social intentan ordenar factores básicos del condenable sistema generado por años de "desintervención" oficial, que ha desembocado en situaciones reales de esclavismo, originadas por razones propias de las estrictas relaciones laborales, como duración del trabajo, salarios, formas de pago, respeto de los acuerdos colectivos o personales y cumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones contractuales en cuanto a alojamiento de los trabajadores, cuando los contratos han comenzado ya a existir de forma más ordenada. Y también, pero no solo, por razones de las propias "culturas" de algunos colectivos de temporeros.

Varias de las propuestas elaboradas desde las organizaciones sindicales y profesionales para y por la propia Administración son una muestra decisoria de ese intento de enmendar una situación desbordante cada año. Igualmente importante ha sido el nivel de consenso alcanzado hasta ahora entre todas las partes. Por eso, el avance imprescindible en la búsqueda de soluciones conjuntas más eficaces, aunque complejas, debe conseguir un igual grado de implicación y presencia de esas organizaciones, para no provocar involuntariamente nuevos desequilibrios en la integridad de los derechos, sean económicos o sociales, de los trabajadores temporeros.

  • La tendencia a aplicar en Navarra experiencias que, en líneas generales, han producido buenos resultados en otras Comunidades Autónomas, en cuanto a la atención de las obligaciones de los empresarios y de los derechos de los inmigrantes temporeros, es un proceso lento que, en cualquier caso, requiere de la participación de todos los interlocutores afectados.

El modelo definitivo que se aplique -Lérida, Vitoria, Mendavia...- tiene una trascendencia de carácter laboral significativa, pues permitirá ordenar de forma genérica la relación de los trabajadores con los empresarios en cuanto al modelo de vivienda facilitada, sea por estos o por las administraciones; pero tiene, añadido, un factor de carácter netamente sindical como es el del cumplimiento de esas condiciones contractuales en cuanto al hábitat, como parte del salario social incluido en los contratos. Los sindicatos deben definir cuál es el espacio que desean ocupar en este sentido en la aplicación del modelo, pero algunos de los derechos básicos de las personas tienen también un carácter netamente sindical y, aunque el punto de mira difiera, el objeto es el mismo.

  • La creación de un marco normativo llamado "Mesa de Temporeros", el papel activo de los sindicatos en cuanto a hacer más ágiles los procesos de contratación de mano de obra temporal y, por qué no decirlo, las propias dificultades que encuentran los inmigrantes ilegales para ser contratados, que pueden llevar a fuertes sanciones a los empresarios, ha producido un efecto de una mayor normalización en cuanto a la contratación de esos trabajadores temporeros. En este aspecto, el trabajo desarrollado por la UAGN, UGT y CC.OO. ha sido importante.

Partiendo de que la tendencia de los inmigrantes es la búsqueda de trabajo y de que la actual normativa sobre extranjería limita esta contratación, la consecuencia contrastada es la existencia de una bolsa de oferta de trabajo no cubierta, a pesar de los índices de desempleo o precariedad en el empleo que se registran. En este marco, la contratación para labores agrícolas de temporada de inmigrantes ilegales también es un hecho contrastado y es lógico pensar que se continuará realizando en tanto no cambien las condiciones de ese "mercado laboral" o las medidas del Gobierno de la nación en materia de inmigración no den su fruto: adecuación de la oferta de mano de obra a la demanda real de trabajadores. Hoy por hoy, la situación es la inversa: una mano de obra legal insuficiente y una oferta de empleo en el sector agrícola semejante en volumen aunque más diversificada.

En este sentido, la labor de mediación de UAGN con los sindicatos y con sus propios asociados parece imprescindible, como también lo será la elaboración de propuestas fundadas a las diversas administraciones a fin de que las necesidades de mano de obra puedan subsanarse por vías legales, sin tener que recurrir a la contratación en las plazas de los pueblos de la Ribera o a través de miembros de "mafias", nada rigurosas en cuanto a derechos laborales y sociales.

En el horizonte inmediato, este parece ser el principal reto de las organizaciones sindicales y profesionales del sector.

  • Está comprobado que la voluntad de las organizaciones presentes en el sector, incluso de las de iniciativa social que han acudido en apoyo de los trabajadores temporeros, no es suficiente para conseguir una mejora inmediata de las condiciones laborales, económicas y sociales de esos trabajadores de temporada.

Las propuestas municipales que comienzan a tomar vida como puesta a disposición de espacios o mediación ante la Administración foral para conseguir ayudas económicas para la instalación de campamentos, es muy positivo, por lo que significa de comienzo de ruptura de la pasividad de los Ayuntamientos ante el fenómeno de los temporeros y de su inhibición ante las condiciones sociales y de hábitat en que se desarrolla su vida durante las temporada de trabajo, incluso en las propias calles de su municipio. Más allá de lo que esta actitud pueda tener de colaboración indirecta con las prácticas antisindicales de determinados empresarios agrícolas, sorprendente en cualquier caso en responsables municipales, las razones culturales de los colectivos de temporeros no pueden justificar la falta de intervención.

La presencia de acampadas fuera de toda norma y control municipal es práctica habitual hasta ahora en los trabajos de temporada, y los esfuerzos de las organizaciones profesionales y sindicales sólo serán efectivos cuando ese esfuerzo se realice en coordinación con el conjunto de las administraciones responsables en ese ámbito; la municipal y la de la Comunidad Foral, en áreas como.

  • Los servicios e inspección sanitarios;

  • El orden público, en cuanto al respeto de las prohibiciones de acampada o la implantación de éstas en los espacios previamente acordados con los empresarios y el mantenimiento de un nivel de convivencia razonable en dichas acampadas;

  • La inspección de trabajo, en un marco de acción que supere la mera supervisión de los sistemas de contratación, encomendada como está esa supervisión actualmente a las organizaciones profesionales y sindicales del sector;

  • La educación, a pesar de la dificultad que significa el seguimiento escolar en cortos espacios de tiempo, pero estableciendo sistemas que impidan el abandono del colegio provisional por parte de los menores de mayor edad para acudir al trabajo en ayuda o sustitución de los titulares del contrato.

  • Con la intervención de las organizaciones que mejor conocen el sector, con los Ayuntamientos asumiendo las suyas y otras nuevas responsabilidades, y con la participación activa de la Administración foral en lo que legalmente se siente vinculada, la utilización de políticas de choque hacia el trabajo de los temporeros deja de tener sentido y cabría mejor configurar un plan de intervención social trienal para el trabajo de temporada.

Un plan en el que se incluyan, en línea con lo diseñado por el Gobierno a partir del informe de la UPNA, las medidas coordinadas que sean precisas en materia de regularización laboral del sector, la corrección e inclusión de las diversas medidas adoptadas durante estos años como iniciativas de choque de forma que queden fijadas de forma estructural, especialmente en el ámbito de la vivienda y los servicios sociales; la ordenación nítida de las competencias y responsabilidades que ha de asumir cada una de las tres Administraciones presentes de una u otra forma en el sector (Estado, Comunidad Foral, Ayuntamientos a título individual o a través de los servicios mancomunados); y la cobertura del capítulo económico correspondiente. La aplicación trienal de estas medidas permitiría introducir una mayor normalidad en esta importante actividad económica, en tanto se conoce la evolución que experimenta en ese período de tiempo la procedencia de la mano de obra y el marco legal general de la inmigración.

  • Estas acciones o plan trienal podría incardinarse en el desarrollo futuro del Plan de Integración Social de los Inmigrantes diseñado por el Gobierno foral, y que, por global, puede incorporar aquellas medidas que afecten de manera directa a los inmigrantes, estables o no, que desarrollan trabajos agrícolas de temporada.

A modo de contribución, sería conveniente el estudio por parte de la Administración y de las propias organizaciones profesionales y sindicales de una fórmula que insistiese en el aprovechamiento de la bolsa de viviendas que puedan existir en las localidades, favoreciendo su adaptación como alojamiento a partir de ayudas a los agricultores, bien como deducción de sus propios impuestos o como programa de ayudas específicas y directas a la rehabilitación de viviendas, siempre que sean destinadas a constituir esa bolsa de hábitat disponible para dichos trabajadores.

Al mismo tiempo, la revisión del modelo de campamentos para colectivos específicos debería abarcar la instalación de alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que no disponen de caravana propia o no constituye su habitual hábitat, en base a la construcción de albergues para temporeros inmigrantes y nacionales.

SERVICIO DOMÉSTICO

Se está registrando una cierta especialización laboral de los inmigrantes en función de los paises de procedencia, también por razones de "oportunidad" de los contactos iniciales con que contaban antes de emigrar. Este dato es más perceptible en el caso de la mano de obra femenina, fundamentalmente centrada en el servicio doméstico, especialmente entre el colectivo latinoamericano. Es significativa la recuperación del concepto tradicional de servicio doméstico que se está produciendo, después de muchos años de desarrollar un modelo diferente, basado en el trabajo por horas con población nacional. Así, se ha recuperado ese sentido tradicional, probablemente con una vertiente más humanitaria (asistencia a personas mayores o enfermos), pero con iguales características en cuanto a condiciones laborales por debajo de los previstos legalmente: salario inferior a las trabajadoras nacionales y, en general, jornadas y condiciones laborales sindicalmente propias de la España predemocrática.

La falta de control sobre este tipo de actividad por parte de la Administración (que solo podría intervenir con autorización judicial al tratarse de domicilios particulares) y la presencia activa de una organización como Cáritas Diocesana ejerciendo un papel de mediador entre hogares e inmigrantes, van parejas con la falta de iniciativa para obtener una mejor regulación del sector, a pesar de las voces de alarma que se registran entre los servicios de acogida de las entidades de iniciativa social surgidas de los propios sindicatos.

De hecho, la ya crónica falta de atención al sector se está agravando con el trabajo clandestino de inmigrantes en este sector, según denuncian las entidades de iniciativa social.

La supuesta ventaja económica de los empleadores ha dado lugar a la aparición de agencias y los denominados "mediadores de empleo doméstico". Unas y otros operan desde la propia Comunidad Foral y otras colindantes, desde donde dichas agencias remiten inmigrantes a las organizaciones sindicales para procurarles apoyos en la regularización de su situación administrativa.

A este respecto del servicio doméstico, es importante destacar los aspectos vinculados con los salarios, que "en general no son muy altos, con una media de 114.000 ptas. mensuales, por debajo de la mitad del correspondiente para la población de acogida. Lo más sorprendente es el volumen de horas necesario para conseguir ese salario" .

Las empleadas de hogar inmigrantes cobran, de media, la mitad de las españolas, con jornadas de 18 horas diarias, sin días de descanso en la mayoría de los casos.

De otra parte, se destaca la actitud de la Inspección de Trabajo, condicionada según algunos interlocutores por la necesidad de mano de obra, la no regularización del sector y la confusión legal de los inmigrantes.

CONDICIONES LABORALES

El informe de la UPNA merece una relectura de sus datos en cuanto a condiciones laborales generales de los inmigrantes, en tanto que revelan la vulneración mayoritaria, si no sistemática, de los derechos más elementales de dichas personas.

  • La irregularidad en la contratación, el exceso en las jornadas de trabajo, las remuneraciones exiguas, la discriminación salarial y los casos de sobreexplotación, están presentes en este espacio del mercado de trabajo.

  • Cualitativamente, la irregularidad supone la expropiación de los derechos laborales y la exposición a todo tipo de abusos. A final de año, más de la mitad de los trabajadores extracomunitarios tenían un empleo irregular. En la inmensa mayoría de los casos, la irregularidad era consecuencia de carecer del correspondiente permiso de trabajo, pero en un 7% la contratación irregular se realizaba con trabajadores con permiso, especialmente en el servicio doméstico.

  • La situación (sobre jornada) en la agricultura y el servicio doméstico es ampliamente irregular. Casi la mitad de los trabajadores inmigrantes declaraban jornadas superiores a las 40 horas semanales.

  • Uno de cada cuatro inmigrantes tienen unos ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional. En algunos casos, las situaciones son de abierta sobreexplotación.

La situación de "pseudoesclavismo" que denuncia alguna entidad de iniciativa social tiene la gravedad añadida de que estos hechos, no aislados, están abriendo paso a un proceso de involución del sector laboral en general a costa de los inmigrantes, en el que las condiciones de contratación irregular pueden arrastrar a las condiciones del conjunto de los trabajadores de los sectores afectados.

DESEMPLEO

Más de 3.000 inmigrantes extracomunitarios se encontraban desempleados en Navarra a finales del año 2000. Esto supone una tasa de desempleo del 27%. Se trata de una tasa cinco veces superior a la de la población de acogida en ese mismo momento (5,7%): Uno de cada cinco desempleados en Navarra es inmigrante extracomunitario.

En opinión de los autores del informe de la UPNA, que ha servido como base para el Plan del Gobierno sobre Inserción Social de los Inmigrantes, la realidad desmiente la posibilidad de que el mercado laboral haya superado ya su capacidad de absorción de nuevos trabajadores. Y señala la existencia, además del desempleo coyuntural de llegada o de la estructura temporal de ciertas labores, de "un desempleo discriminatorio que, en un contexto de desregulación y desprotección, selecciona a los trabajadores con una mezcla de prejuicios y criterios objetivos de productividad o sumisión".

Este desempleo es mayormente masculino, afecta más a los muy jóvenes y a los mayores de 34 años y, de entre estos, a los inmigrantes argelinos (6 de cada 10 se encontraban desempleados a finales de año), mientras que el desempleo femenino es especialmente mayor entre las mujeres africanas y las que residen en zonas rurales.

ESCOLARIZACIÓN

La educación de los hijos ocupa una posición importante en la escala de valores de los inmigrantes. El 99% de los hijos de inmigrantes entre 6 y 15 años está escolarizado. En el tramo de 3 a 5 años, el índice de escolarización es el más bajo: un 8% de niños no van a la escuela a esta edad, la mayor parte de ellos son niños y niñas de tres años. La movilidad laboral de sus padres es un factor de desestabilización escolar importante, de manera especial entre los hijos del colectivo de trabajadores temporeros, que unen la dificultad de los cortos períodos de tiempo de asistencia al colegio con la dificultad para conseguir que sean los padres quienes incentiven esa asistencia, aunque sea temporal.

De hecho, existen casos de menores entre los 13 y 15 años, principalmente entre el colectivo magrebí, que viajan con sus padres y se incorporaran a trabajar con ellos, abandonando la escuela. Esta situación se da de forma especial también entre los niños de 10 y 15 años que acompañan a los trabajadores temporeros durante las épocas de recolección, incluso en los campamentos que, por iniciativa municipal, se han instalado en alguna localidad navarra.

En el conjunto de la Comunidad, un total de 1.659 hijos de inmigrantes se han matriculado el presente curso 2000-2001, 200 más que el pasado año según los datos provisionales facilitados por la Consejería de Educación y Cultura. De esos 1.659 alumnos, 1.287 cursan educación infantil y primaria, 362 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y unos 10 Bachillerato. De todos los matriculados, 83 hijos de inmigrantes desconocen el castellano. En la CAP de Tudela estaban escolarizados en diciembre del año 2000 un total de 307 inmigrantes, con un muy limitado o limitado conocimiento del castellano, principalmente entre los procedentes de Marruecos, Argelia y Portugal, que sumaban casi el 50 por ciento de los alumnos inmigrantes.

Los menores escolarizados integran cuatro grupos: alumnado español de etnia gitana, alumnado procedente de Sudamérica, que habla español y comparte en cierta medida nuestra cultura; alumnado que no conoce el español y que tiene diferente cultura; alumnado que no conoce el español y que no tiene diferencias culturales importantes, generalmente procedentes de los paises del este europeo; alumnado que no habla español y que tiene raíces culturales diferentes. Son en general de origen magrebí y de religión musulmana.

La cifra total de matriculados se ha duplicado en los últimos cursos y se espera que la curva de crecimiento continúe en ascenso por nuevas matriculaciones durante el curso, pues muchos de los hijos de inmigrantes llegan iniciado éste.

La positiva actitud de los inmigrantes ante la educación de sus hijos; la creciente cifra de menores en edad de escolarización; la diversidad cultural de sus procedencias y las dificultades en el conocimiento de nuestra lengua implican una dimensión del hecho educativo de la inmigración que ya sólo puede ser abordado tomando conciencia pedagógica del mismo, aunque sus necesidades no afecten al conjunto de centros. En este sentido, el establecimiento de criterios estables y de aplicación general es importante, desde el punto de vista de las necesidades de los propios inmigrantes y de la necesidad de organización y coordinación de los centros con los propios Ayuntamientos, en una estrategia conjunta que parta del principio de interculturalidad: Esto es, superar la idea de transmitir una cultura única, sino ayudar a comprender el mundo, potenciando la pluralidad y la cohesión. Este objetivo debe partir de medidas anteriores a la escolarización de los alumnos en un centro educativo y de medidas organizativas y curriculares en el propio centro.

Pese a la duplicación de las cifras de hijos de inmigrantes matriculados en estos dos últimos años, las recomendaciones y peticiones realizadas por los servicios sociales de algunas localidades ante la Consejería de Educación y Cultura no han sido atendidas en tiempo y modo y, en su opinión, los planes de Educación no se han adaptado aún. La necesidad de planificar ese futuro es puesta de manifiesto por educadores y trabajadores sociales, para quienes ya es urgente realizar un ejercicio de planificación atendiendo a las tendencias de la inmigración en Navarra y la información que, en este sentido, puedan aportar las autoridades españolas. Opinión que comparten y han manifestado públicamente representantes de los cuatro centros de educación secundaria de Tudela, quienes destacan la labor que realizan las ONGs ante la falta de adopción de medidas por parte de la Consejería.

Es urgente realizar un ejercicio de planificación educativa atendiendo a las tendencias de la inmigración en Navarra y la información que, en este sentido, puedan aportar las autoridades españolas.

De otra parte, la incorporación de alumnos una vez comenzado el curso es puesta de manifiesto por la necesidad que se afronta intentando corregir las diferencias formativas de los alumnos inmigrantes con los de la localidad, fuera de horario o simultaneando ambas labores docentes, contando exclusivamente con los medios existentes. Asimismo, se plantea la revisión del marco laboral de profesores o creación de una plantilla específica de alfabetización en castellano y/o euskara vinculada al área de mediación cultural que, como "Aula de aprendizaje del castellano", unos plantean en el marco escolar y otros en el de los SSB a fin de rentabilizar la figura del mediador o el marco general de dichos Servicios.

Diversas iniciativas en materia de educación y escolarización se han desarrollado en la zona de la Ribera y en todas ellas se pone el acento en la importancia de establecer un plan de acogida de alumnos inmigrantes que colabore, como primera medida, en amortiguar el choque inicial que supone para dicho alumnado su incorporación a la escuela. En este sentido, surge de nuevo la conveniencia de la figura del mediador intercultural, especialmente para facilitar la comunicación con las familias con desconocimiento de la lengua castellana.

Evidentemente, la escolarización del alumnado inmigrante y su adecuada integración, tanto social como escolar, requiere de recursos adicionales. Una necesidad que no puede analizarse en términos de coste económico, sino como compensación para situaciones de desarraigo e inversión social. Por ello, necesita de la colaboración y coordinación de las diversas instituciones sociales. El informe de la UPNA incide en ese aspecto de los medios adicionales y el propio proyecto de Plan elaborado por el Gobierno recoge esa propuesta en términos genéricos, que deberán tener su lógica cuantificación y desarrollo posterior.

Además del interés que para los Servicios Sociales de Base debería tener servir como guía a los inmigrantes en su primera aproximación a la necesidad de escolarización y de cara a evitar la concentración de alumnos inmigrantes en un solo centro, la acogida inicial y el proceso de adaptación son funciones de trascendencia para los alumnos inmigrantes y, en este sentido, ese periodo de adaptación no solo ha de referirse al alumno, sino también a su familia. En este marco, el papel a desarrollar por las APYMAs es fundamental para el alumno y por su colaboración con las nuevas familiares de alumnos, en la vida escolar y social de la localidad.

Por ello, y en tanto el Ministerio de Interior finaliza sus procesos de regularización abiertos actualmente, es importante que desde los colegios y los Ayuntamientos se puedan establecer cauces de relación entre y con esos inmigrantes que aún no disponen de la correspondiente autorización administrativa de estancia o residencia, de forma que esa limitación de sus derechos ciudadanos no interfiera sino que, por el contrario, la escolarización de sus hijos se vea fortalecida por la implicación y participación de los padres en la vida asociativa de la localidad. La escuela es, en este sentido, un agente de socialización no sólo para el alumnado sino, también, para las familias. El aprovechamiento de esta vía es importante, dotándola de los recursos precisos.

De otra parte, el acceso a la educación no obligatoria (educación infantil, formación profesional, bachillerato, EPA y Universidad) y a los sistemas públicos de ayudas por parte de estos alumnos y sus respectivas familias, es una importante inversión a futuro por la convivencia y el desarrollo social de la propia Comunidad.

Los criterios de adjudicación de plaza deberán perseguir el objetivo de una distribución racionalmente equilibrada, evitando grupos escolares con más de 25 niños matriculados, en los que se deberían reservar dos plazas por grupo para posibles alumnos inmigrantes que deseen matricularse una vez comenzado ya el curso, aunque procurando que la suma de alumnos inmigrantes, de minorías y con necesidades especiales no superen el 20% del total de miembros de un grupo.

A este respecto, parece conveniente la puesta en común de los centros públicos y concertados, ayuntamientos y ONGs presentes en el sector de la inmigración en cuanto a establecer los criterios más convenientes en materia de escolarización de menores inmigrantes, y de todos ellos, a partir de las propuestas adoptadas con la Comisión de Escolarización del Gobierno de Navarra.

SERVICIOS SOCIALES

Existe coincidencia en la necesidad de potenciar el conocimiento de la utilidad de los Servicios Sociales de Base entre los inmigrantes, porque están infrautilizados respecto a su capacidad real de apoyo y porque la utilización de cauces alternativos supone una duplicidad o triplicidad de recursos que dispersa la labor de apoyo y la eficacia de todos los servicios juntos. Al mismo tiempo, se reclama que los Ayuntamientos cumplan de manera rigurosa sus compromisos, fundamentalmente económicos, con estos Servicios y se otorgue a las Mancomunidades un mayor protagonismo/competencias en la resolución de los problemas colectivos. El criterio general es que la organización de las Mancomunidades es buena en este sentido, a pesar de su insuficiencia de medios.

Estos SSB tienen un papel protagonista que desarrollar en cuanto al proceso de acogida, con especial incidencia entre el colectivo de mujeres y los ciudadanos con menos capacidad de relación por problemas lingüísticos y personales. Esta mayor implicación debería ser primordial en cuanto a la primera información general sobre acceso a instituciones educativas, sanitarias y a diversos programas sociales; documentación y regularización administrativa; formación general sobre la realidad española y navarra; atención a centros de acogida de estancia temporal e inmigrantes especialmente vulnerables; gestión de una red de centros de estancia temporal y plazas de acogida complementaria o coordinada con las que los ayuntamientos, a través de otro tipo de ayudas, establezcan para alojamiento y primera acogida.

La conexión de estos Servicios con los de empleo y las organizaciones de apoyo presentes en este sector parece imprescindible, de forma que pueda tejerse una red que de cobertura al conjunto de los derechos económicos y sociales de los inmigrantes.

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL

En cualquier caso, otras medidas de no menor importancia, incluso propuestas en diversos informes y durante los encuentros mantenidos por la Institución, como son las referidas al impulso de la educación intercultural, la recogida de información sobre los niños inmigrantes que se van a incorporar al colegio, los hábitos sanitarios o escolares del país de origen, o el conocimiento por los inmigrantes del sistema educativo en España y Navarra, forman parte del trabajo a desarrollar en el entorno de la vida del inmigrante y que, pese a ofrecer diversas perspectivas, es un trabajo importante en cuanto a su trascendencia; dedicación que exige medios humanos y materiales.

Las diversas opiniones surgidas sobre la necesidad de afrontar la realidad de la inmigración desde el punto de vista de las necesidades de los inmigrantes y de quienes han de atenderlos en las diversas facetas de su vida, conducen a la conveniencia de realizar una reflexión sobre algunos "instrumentos de acción" de especial calado.

La presencia de sindicatos y entidades de iniciativa social en la atención a los inmigrantes, o los acuerdos específicos con la Administración para el desarrollo de políticas coordinadas respecto a colectivos de inmigrantes temporeros, han sido importantes hasta ahora como iniciativa parcial en cuanto al fin y sus propios protagonistas. La realidad de la inmigración en Navarra requiere la atención prioritaria al conjunto de los derechos económicos y sociales y, a su vez, una mayor coordinación de las diversas entidades con el objetivo principal de la eficacia en la defensa de esos derechos y los beneficios económicos que reporta a la sociedad navarra una población inmigrante estable, altamente productiva e incardinada en el sistema laboral de la Comunidad.

La definición sobre el elemento que aglutine todas esas políticas más cercanas a los inmigrantes y las interrelacione con los esfuezos coordinados de las diversas entidades y administraciones, aparece como el punto de reflexión más importante en estos momentos.

Otras administraciones autonómicas y locales han llegado a una conclusión similar, tras analizar la realidad de la inmigración y la de sus propios ciudadanos que emigran periódicamente a otros territorios. Unos y otros coinciden en la conveniencia de propiciar ayudas en el país de origen o una vez que estén Navarra, como abogan por la bondad de la figura del mediador intercultural como elemento de cohesión, estable y no voluntario, impulsor de la conexión entre diversas culturas diferentes y de los derechos ciudadanos de los inmigrantes. Con distintas acepciones, el mediador intercultural sería el aglutinante de las diferentes iniciativas o políticas a desarrollar y actuaría como interlocutor de los propios SSB con los Ayuntamientos.

Menos consenso existe sobre la dependencia funcional de esa figura. Y en este sentido es importante recordar, de un lado, el papel que están inevitablemente obligados a desempeñar los Ayuntamientos frente al fenómeno migratorio, a todas luces más activo que el que desarrollan actualmente. Pero, también, claramente necesitado de medios que han de surgir de los acuerdos entre Administraciones para hacer frente a una realidad que sobrepasa, con mucho, los problemas ya crónicos en toda España del sistema de financiación de los servicios municipales.

La convivencia de los Servicios Sociales de Base, con un papel importante en el futuro inmediato; su coordinación obligada con los Ayuntamientos que participan en esos Servicios y la utilidad de esta referencia en cuanto a la relación con las organizaciones presentes en el ámbito de la inmigración, aconsejan que sea precisamente este marco, el de los SSB, en el que desarrolle su papel de forma autónoma el mediador intercultural, como función destacada de dichos Servicios, pero con la estructura y medios que sean precisos agrupados en una Oficina Intercultural.

Esta Oficina serviría para orientar a los inmigrantes y servirles como referencia municipal de carácter social, generar campañas de sensibilización destinadas a evitar focos racistas y procurar la integración social de dichos inmigrantes.

Asimismo, esta Oficina puede ser la herramienta de Planes Municipales de "Atención Integral al Inmigrante" como los desarrollados en algunas localidades españolas, realizados y diseñados por el Ayuntamiento en colaboración con las entidades de iniciativa social y sindicatos.

De esta forma, la responsabilidad municipal podrá ejercerse en el ámbito de la atención social sin que ello bloquee otro tipo de servicios municipales; las organizaciones más activas podrán centrar su atención en aspectos de la vida de los inmigrantes que les sean más propios -sindicales, atención social directa...-; los centros educativos podrán contar con su colaboración para elaborar programas de ayuda en los que se pueda ejercer la mediación con el colectivo de inmigrantes; y, a su vez, estos contarán con un referente claro, estable y con competencias. Por último, los propios SSB se verán potenciados, además de mejor utilizados en su actual configuración.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Sólo a partir de los seis meses de estancia en Navarra, los inmigrantes recién llegados comienzan a trabar relaciones de amistad con ciudadanos de nacionalidad española, probablemente también interrelacionados entre sí. En el largo plazo, se hace más nítida la tendencia a la igualación de las redes de amistad intranacional y transnacional (con españoles).

El asociacionismo es muy bajo entre los inmigrantes, cuatro veces por debajo del nivel registrado entre la población de acogida y, en cualquier caso, no se dirige a las organizaciones de la sociedad de acogida, con una ligera excepción en el caso de los sindicatos. La afiliación sindical puede ser de un cuarto de la del conjunto de los trabajadores.

Por colectivos nacionales, son los argelinos quienes muestran un mayor grado de participación, además del colectivo del resto de Africa. Los ciudadanos que en mayor grado no participan ni están asociados son los procedentes de la Europa del este, seguidos de los ecuatorianos.

La evolución de algunos indicadores de integración social señalan un alto nivel de relación con amigos españoles (por encima del 70%), un lento pero creciente acceso a los Servicios Sociales de Base conforme se estabiliza su estancia, y un incremento de la pertenencia a alguna asociación una vez superados los 5 años de estancia (aunque en niveles muy bajos, inferiores al 30%).

Según el informe de la UPNA, la escasa práctica asociativa se ve condicionada seguramente por las limitaciones del tiempo de trabajo y por la composición demográfica, en edad activa. En opinión de los autores, el proceso de integración social es positivo, aunque lento.

En los niveles de integración ha sido determinante la presencia de las entidades de iniciativa social, que han jugado un papel fundamental en la acogida de dichos ciudadanos. Sólo un 5% de los inmigrantes no las conocen y sólo uno de cada 10 no las ha utilizado a pesar de conocerlas. Estas entidades son, por orden de incidencia en la población inmigrante residente en Navarra, ANAFE-CITE-CC.OO, Cáritas, el Centro Guía de UGT, la Cruz Roja y SOS Racismo.

Estas cinco entidades han acogido al 85% de los inmigrantes presentes en Navarra y su presencia ha sido determinante en la acogida y en los procesos, aunque lentos, de integración social que se producen.

Esta presencia contrasta con la ausencia de iniciativas de carácter oficial, tanto en la recepción de inmigrantes como en la puesta en marcha de mecanismos de integración, que ha optado por la financiación de los servicios que prestan las entidades de iniciativa social, trasladando a ellas la responsabilidad de dichos servicios a los inmigrantes. La Administración elude su responsabilidad directa ante el fenómeno de la inmigración, tanto en lo relativo a los inmigrantes regularizados como a los que califica de ilegales, aunque todos ellos vivan en mayor o menor grado las consecuencias de su condición de inmigrantes.

DISCRIMINACIÓN

Existe una discriminación más estructural que subjetiva, más desarrollada en el seno de la sociedad civil que en las administraciones públicas, y que afecta preferentemente a los africanos .

Los procesos de discriminación se dan preferentemente en el seno de la sociedad civil, mientras que la Administración Pública del Estado parece aplicar un tratamiento más igualitario, propio de su regulación normativa. Sin embargo, existen dos tipos de discriminaciones que se refieren a las Administraciones públicas presentes en Navarra: la elección de determinados paises en detrimento de otros supone una discriminación para los inmigrantes procedentes de estos últimos paises, aunque aquellos pñuedan ser más "apropiados" para desarrollar tareas concretas de la oferta de trabajo existente, oficial o extraoficialmente. De otra parte, la discriminación derivada que ello supone en cuanto a condiciones laborales para aquellos colectivos que, pese a no reunir las mismas características de "adecuación", las desempeñan, pues la oferta directa de trabajo en tareas de actividad muy concretas en Navarra no discrimina.

Asimismo, la ausencia de la Administración foral en cuanto a su relación con los inmigrantes, derivando exclusivamente esa responsabilidad hacia los municipios o las entidades sociales, constituye una discriminación por pasividad al trasladar a las propias entidades de iniciativa social y municipios la responsabilidad, independientemente del interés de éstas, su preparación, capacidad y medios para llevar a cabo esa labor.

Respecto a la sociedad civil, la propia investigación realizada recientemente a instancia del Parlamento revela el apoyo de la población (más de un 75%) a que se regularicen a todos los inmigrantes residentes en Navarra, como forma de amortiguar este problema. Aunque esta postura mayoritaria entra en contradicción con otros comportamientos, bastantes generalizados, respecto al acceso de los inmigrantes a iguales bienes y servicios que el conjunto de los ciudadanos navarros. De hecho, vivienda y mercado de trabajo constituyen el mayor marco de discriminación real de los inmigrantes.

Estos datos, extraídos básicamente del informe de la UPNA, enmarcan la situación de la inmigración en Navarra en cuanto a su integración social y permiten realizar algunos planteamientos para entender el fenómeno, en su configuración actual, y hacia el futuro, de cara a la puesta en marcha de las medidas que se consideren convenientes para hacer efectiva esa integración.

Es un criterio generalmente compartido que integración no equivale a asimilación. La integración posibilita, potencia la participación de los ciudadanos en un sistema social, al que se incorporan, sin cambiar de identidad, adoptando como propias las señas de civilización desarrollada a la que desean acceder e incorporarse. Esa integración enriquece a ambas partes y este es un hecho indiscutible y, como valor, de indiscutible importancia para entender, vigilar y rechazar el concepto antitético, el de exclusión.

Durante años se ha entendido el denominado fenómeno de la inmigración como un tema complejo, que requería un tratamiento equilibrado entre los aspectos de dirección y control de flujos y los relacionados con la integración social de los inmigrantes . El comienzo de esa preocupación por el desequilibrio entre las cifras de los flujos y la situación de las personas incluidas en ellos, los inmigrantes, no ha tenido una continuidad efectiva, probablemente por el mucho mayor desequilibrio producido a partir de 1997, en que se dispararon las previsiones sobre llegada de inmigrantes a España, lo que ha dejado constreñido el espacio para el debate sobre las condiciones sociales de los sujetos pasivos de esa situación que son, precisamente, los inmigrantes.

La incidencia de los ciclos económicos es clara en el fenómeno migratorio, como evidente es que ese fenómeno tiene sus propios ritmos internos (regularizaciones, crecimiento demográfico, tasa de nacionalización...). El diálogo (o tensión) entre necesidades de inmigrantes y capacidad de acogida puede y debe ser moldeado por los responsables políticos, de forma que las acciones encaminadas a "determinar" los flujos partan de una realidad conocida y cierta, y que esa capacidad de acogida esté determinada de forma positiva por los medios y nunca por la actitud personal; es decir, convertir la simple tendencia a albergar, que puede darse en el caso del trabajo de inmigrantes temporeros, en estrategia para integrar de manera estable.

La integración constituye un proceso largo destinado a conseguir la incorporación de los inmigrantes en la plenitud de sus derechos: económicos, sociales y culturales, en un clima de respeto y aceptación mutuos. Por eso, y en tanto que la inmigración tiende también a consolidarse como un hecho estructural de nuestras economías y nuestros propios desarrollos sociales y culturales, es necesario que se abra definitivamente y de forma inmediata el debate público sobre la integración social de estos ciudadanos que se prevé en el proyecto de Plan de Integración del Gobierno de Navarra; para evitar que la habitual improvisación y falta de criterio en política migratoria de los gobiernos interfiera en el diseño y establecimiento urgente de esa imprescindible red de protección de derechos.

Ha de ser la sociedad de acogida, en su conjunto, y el colectivo de inmigrantes, a través de sus organizaciones y por medio de los cauces de participación que les deben ser abiertos, quienes deben protagonizar ese proceso de integración. Las Administraciones deben impulsar un marco de respeto a los derechos de todos, con igual insistencia y perseverancia, y establecer cauces que permitan el desarrollo de la convivencia, el progreso personal y el conocimiento mutuo. El desinterés o la indiferencia, como actitud ante la convivencia, no es sino una forma de xenofobia encubierta.

SALUD

Los inmigrantes tienen derecho a la asistencia sanitaria, en el marco de la prestación universal de dichos servicios al conjunto de los ciudadanos. Las sucesivas leyes que afectan al sector de inmigrantes han venido a consagrar ese derecho constitucional también en cuanto a su aplicación a los inmigrantes.

Pero esa extensión de la asistencia sanitaria, que resuelve el tema asistencial, queda corta en cuanto a las necesidades de promoción y prevención con el colectivo inmigrante, especialmente con las mujeres. Éstas presentan especificidades de género en cuanto a cuestiones acerca de la contracepción, planificación familiar, revisiones periódicas que no están suficientemente atendidas por una inadecuada utilización de los recursos sanitarios y por un desconocimiento en el seguimiento de prescripciones facultativas que tiene su origen probablemente en las dificultades de comprensión lingüísticas o culturales .

De otra parte, un sector importante de los inmigrantes, justamente el que, por dificultades en el acceso al trabajo regular, sufre una mayor marginación económica y social, tiene también dificultades para poder costearse los gastos de la medicación que corresponde al tratamiento de la enfermedad que padece.

Como se señalaba anteriormente, en el ámbito de los trabajos de temporada cada vez es menor la diferencia entre trabajadores temporales de retorno y los que permanecen en las poblaciones cercanas o los centros de trabajo temporales tras la realización de dichos trabajos. Por eso, apenas pueden apreciarse diferencias en cuanto a las necesidades que en materia sanitaria se plantean en el ámbito de la inmigración, especialmente en cuanto a medios, por lo que el criterio más adecuado sería el de la atención en el sistema sanitario general, con medios suficientes y estables.

El informe elaborado en el Hospital Reina Sofía de Tudela sobre la población inmigrante que acudió al Servicio de Urgencias de dicho Hospital durante el mes de junio del presente año 2001, aporta datos significativos en materia de salud respecto a la situación de la población inmigrante del área de influencia de Tudela, especialmente de cara a establecer los criterios en cuanto a medios para un futuro inmediato.

Del total de 3.325 casos atendidos en dichas Urgencias, 198 correspondían a personas extranjeras, con una media de edad de 26,4 años. Su estancia anterior en España era de unos 40 meses y, en Navarra, de dos años. Un total del 77,9% de los extranjeros atendidos disponían ya o habían solicitado la Tarjeta Individual Sanitaria. El hecho de que más del 60% de los casos atendidos fueran personas procedentes de Africa tiene una especial significación sobre la sanidad de este colectivo de inmigrantes, aunque probablemente ese elevado porcentaje tenga relación directa con los niveles de atención sanitaria de sus paises de origen, a pesar del tiempo transcurrido desde que llegaron a España o Navarra.

Los asistidos procedentes de Sudamérica se aproximaban al 40% del total, con una proporción muy similar de hombres y mujeres, mientras que en el caso de los procedentes de Africa las mujeres apenas superaban el 22% del total de ciudadanos de esos paises atendidos.

Al contrario de la situación registrada en localidades con especial concentración de temporeros (como en el caso analizado de Mendavia), la asistencia a dichos Servicios de Urgencia se produce en las mismas franjas horarias que la población total.

Se detecta un incremento de los casos de tuberculosis derivados fundamentalmente de la falta de prevención y las condiciones de vivienda anteriores y actuales, de forma genérica, pero con especial incidencia entre el colectivo de temporeros

La población extranjera atendida representa un 8% del total de Urgencias que desembocan en un ingreso, con un 7% de la población general para las edades comprendidas entre 21 y 31 años.

La necesidad de mayores conocimientos por parte del equipo médico en cuanto a enfermedades de los paises de procedencia, como forma de superar las diferencias salud-enfermedad, aparece de forma constante, así como la conveniencia de realizar una educación sanitaria orientada específicamente al sector inmigrante en los primeros contactos formales entre las administraciones -Ayuntamientos, Servicios Sociales...- y el inmigrante.

Finalmente, son significativos los datos sobre población inmigrante que, pese a la extensión de la cobertura sanitaria en Navarra, aún no han solicitado la T.I.S.: el 19,2%, mientras que un 17,1 afirma tenerla en trámite. Los inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social, según el mismo cuadro, constituyen el 43,4%, mientras que el 20,4 restante están acogidos a la prestación universalizada.