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Su significado y alcance

La actividad de supervisión de la actividad administrativa de las diferentes entidades a que se refiere el art. 1.3 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, se materializa fundamentalmente a través de las quejas que los ciudadanos presentan ante esta Institución. Y ello sin perjuicio de la capacidad que legalmente tiene reconocida para actuar de oficio cuando lo considere oportuno en defensa y mejora de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Este trámite o procedimiento que se sigue con las quejas que son presentadas, y a través del cual se materializa el cauce de relación entre la Defensora del Pueblo de Navarra y las diferentes Administraciones Públicas o Entidades objeto de supervisión, no constituye un auténtico procedimiento administrativo en sentido estricto. La propia especialidad de las funciones encomendadas a la Institución y la forma de actuar de la misma hacen que los diferentes principios inspiradores del procedimiento administrativo no desplieguen toda su virtualidad en su actuación, aunque si que, de alguna manera, supongan un referente de la misma.

Es por ello que, con ocasión del estudio de aquellas quejas en las que se considera que la Institución debe de intervenir, y una vez conocida la versión de la persona que ha formulado la queja, hay un factor en este tipo de actuaciones que resulta insoslayable, cual es que la Administración debe de expresar siempre su parecer en relación con la cuestión que haya sido planteada en la queja, aportando, además de su opinión al respecto, la información que le haya sido solicitada en relación con dicha queja.

Es en esta relación que se establece con las distintas Administraciones donde fue conveniente realizar algunas puntualizaciones, dada la importancia de esta fase en la tramitación de las quejas y, sobre todo, los momentos iniciales en que nos encontramos en el primer año de funcionamiento de la Institución.

Hay que tener en cuenta en el ámbito de esta relación que, al tratarse de una Institución garantista sin facultades vinculantes, cuya fuerza se basa en la capacidad de convicción y persuasión que despliegue ante las Administraciones que supervisa, cobra capital importancia la justificación adecuada de sus resoluciones, fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, incidiendo en la solidez argumental de sus recomendaciones y motivando y explicando adecuadamente sus posicionamientos. Piénsese en este sentido que, en ocasiones, se puede solicitar la modificación de una actuación administrativa, la variación en la forma en la que se actúa en relación con un determinado servicio público o efectuar un recordatorio del cumplimiento de deberes legales, para lo cual es necesaria una incuestionable solidez argumental. Es por ello que se debe ejercer en esa labor lo que se ha venido en llamar la ?magistratura de persuasión?, que caracteriza la actuación de este tipo de instituciones garantistas.

Pues bien, esa misma justificación y solidez argumental es la que, con ocasión de la tramitación y resolución de las quejas, es exigible igualmente a las distintas Administraciones en los informes que deben de remitir en este caso a la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra a petición de esta, así como en sus posicionamientos finales respecto a las resoluciones (recomendaciones, sugerencias, etc.) que esa Institución genera en relación a las quejas sometidas a su consideración. La debida justificación o motivación en la actuación de una Administración respecto a una cuestión determinada que haya podido ser planteada ante la Institución es la que nos permitirá formarnos un juicio cierto sobre lo planteado en la queja, además de que, en la mayoría de los casos, esta información resulta del todo punto necesaria.

De la misma forma, en el ámbito de esta relación es importante que la transmisión de dicha información se realice con la máxima agilidad posible y con respeto a los plazos fijados en cada caso, que deberán atender a las circunstancias concretas del supuesto que se plantee. Todo ello a los efectos de dar una respuesta lo antes posible a quienes promueven una queja y de posibilitar el efectivo cumplimiento de la función de control que la Institución tiene encomendada, para lo cual no conviene olvidar que el art. 26.1 de nuestra Ley Foral hace referencia al carácter preferente y urgente con el que se está obligado a auxiliarle en sus investigaciones e inspecciones.

Hechas estas precisiones en lo que se refiere a la tramitación de las quejas, interesa además destacar que, una vez analizadas las mismas, previo estudio y contraste de las consideraciones esgrimidas por las administraciones afectadas se elabora la correspondiente resolución a través de la cual se concreta la aceptación o desestimación de la queja.

En concreto, parece conveniente exponer siquiera las formas que puede adoptar este tipo de resoluciones en el caso de que se deba de realizar algún tipo de observación a la Administración correspondiente. Estas diferentes formas que, por otra parte, están previstas en la propia ley reguladora, permite que las resoluciones que emanen de la Institución se ajusten y gradúen a las características de cada caso. Son las siguientes:

? Recomendación: mediante esta forma de resolución se pone de manifiesto una mayor pretensión coercitiva por parte de la Institución; a través de ella se hace referencia, fundamentalmente, a cuestiones de legalidad y con ella se pretende poner fin a un defecto o irregularidad manifestando a la Administración la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para corregir dicha situación.

? Sugerencia: viene a constituir la forma más flexible que puede asumir la resolución. Se ha definido como una resolución ?no conflictiva?, a través de la cual se razonan e impulsan cambios asumibles por la Administración, y que no afecta a la legalidad sino a la oportunidad del acto o resolución. Se pretende con ella hacer entender a las administraciones afectadas que es susceptible de mejora el modo en que se ha ejercido una función administrativa.

? Advertencia: a través de ella se comunica a la Administración, autoridad o funcionario, la necesidad de modificar un determinado comportamiento perturbador de las facultades de investigación que ostenta la Institución, haciéndole saber las medidas correctoras que pueden adoptarse en contra de quien persiste en dicha actitud.

? Recordatorio de deberes legales: como su propio nombre indica, a través de ellos se recuerda la obligación de ajustarse a un determinado precepto legal o disposición administrativa de carácter general, indicándole a la Administración que haga o se abstenga de hacer algo concreto.

Formulada la resolución bajo alguna de estas formas, es importante tener en cuenta que la Administración a la que se dirige está obligada, en el plazo de dos meses, a adoptar una medida adecuada en el sentido propuesto por la Institución o, bien, caso contrario, a informar de las razones que estime para no adoptar tales medidas. En el caso de no informar sobre tal extremo o no obtener de la Administración una justificación adecuada en los supuestos en que considere que era posible una solución positiva y esta no se consiguiera, la Defensora del Pueblo de Navarra esta facultada para incluir este tipo de casos en su informe anual o especial, con mención expresa de las autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas que no hayan adoptado una actitud favorable en dichos supuestos.

En este contexto cobra de nuevo gran importancia lo comentado anteriormente, con ocasión de la información que debe de ser remitida desde la Administración en la fase instrumental o de investigación, en el sentido de la necesaria solidez argumental de los posicionamientos de las diferentes administraciones públicas, motivando y explicando adecuadamente sus respuestas en el caso de discrepar de la postura finalmente adoptada por la Institución, ya que, de lo contrario, la falta de fundamentación puede suponer en la práctica una significativa quiebra en el reconocimiento de la propia Institución.

Es importante tener en cuenta que para lograr sus objetivos y, podría decirse, para la propia supervivencia de la Institución en términos que sean reconocibles por el régimen jurídico configurado en su Ley Reguladora, la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra debe contar, tanto en la fase instrumental como en esta fase final en la que efectúa sus pronunciamientos, con la cooperación de la Administración que es objeto de fiscalización ya que sin ella no sería posible el cumplimiento de la función de control que tiene encomendada. La relación entre aquella y esta debe basarse necesariamente en el principio de mutua confianza y lealtad institucional porque, en definitiva, la supervisión que realiza no tiene como misión sino, como dice el art. 1 de su ley reguladora, la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, salvaguardando a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración.