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Respuesta de las Administraciones a las peticiones de información.

En general, las Administraciones Públicas de Navarra con las que se ha mantenido la correspondiente relación a consecuencia de la tramitación de las diferentes quejas que han sido presentadas en la Institución, han colaborado adecuadamente con la Defensora del Pueblo de Navarra en sus contestaciones a las peticiones de información.

Sería deseable, no obstante, observar una mayor agilidad en algunos casos en la remisión de los informes solicitados, así como una más amplía información (motivación) en las contestaciones solicitadas.

En lo que se refiere a la agilidad o contestación en plazo a las solicitudes de información conviene tener en cuenta que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 24.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la Institución, las Administraciones Públicas deben de remitir la información solicitada en el plazo máximo de quince días, estando obligados en este sentido los poderes públicos y organismos de la Comunidad Foral a auxiliar, con carácter preferente y urgente, a la Defensora del Pueblo de Navarra en sus investigaciones e inspecciones.

No obstante lo anterior, y salvo en aquellos casos en que la urgencia del caso lo requería y a fin de facilitar la respuesta de las diferentes Administraciones y organismos, durante el año 2001 el plazo concedido para contestar a las solicitudes de información ha venido siendo de un mes y, en este sentido, hay que decir que, en términos generales ha sido cumplido por las entidades a las que se han dirigido, si bien en algunos casos ha debido remitirse el correspondiente recordatorio al no haberse recibido contestación a lo solicitado.

En esta materia del cumplimiento de los plazos se ha sido consciente igualmente del retraso que hemos acumulado en la resolución de los expedientes en la propia Institución, que por término medio ronda entre los cuatro o cinco meses, si bien en algún caso ha sido mayor. Por ello no hemos actuado en este sentido de una forma rígida y con la única referencia de los plazos sino también de la complejidad que plantea la propia queja y la tramitación de su expediente.

En cuanto al contenido de los informes que remiten las entidades a las que se solicita información, ya se ha destacado anteriormente la importancia que tienen a la hora de que la Institución pueda formarse un juicio cierto sobre lo planteado en la correspondiente queja, además de que, en la mayoría de los casos, esta información resulta del todo punto necesario para ello, por cuanto normalmente sólo se dispone de los datos que pueda aportar el autor de la queja, en muchos casos insuficientes.

Por lo anteriormente expuesto, la insistencia en el esfuerzo por la remisión de la información necesaria, acompañada en muchas ocasiones de la debida justificación y explicación de la actuación de la Administración en cada caso, se nos antoja imprescindible en un informe de estas características, teniendo en cuenta la experiencia del año 2001, en la que se ha observado que la información que se nos ha remitido ha sido insuficiente en algunos casos, lo que ha motivado que nos hayamos tenido que dirigir de nuevo en ocasiones a alguna Administración solicitando datos complementarios a los inicialmente remitidos.

De otro lado, el conocimiento por el ciudadano de la reflexión que la Administración se hace sobre sus planteamientos que están en el origen de la queja, es una labor de importancia de cara a la propia satisfacción de esos ciudadanos, no ya con esta Institución, sino con su propia Administración.