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Cumplimiento de las resoluciones de la Defensora del Pueblo de Navarra.

La colaboración de las diferentes Administraciones Públicas con la Defensora del Pueblo de Navarra se manifiesta también con el grado de aceptación de las diferentes resoluciones que ésta adopta y que pueden presentar la forma de recordatorio de deberes legales, recomendaciones y sugerencias.

Éstas se adoptan en aquellos casos en los que se ha comprobado que la actuación de la Administración no ha sido correcta, bien porque no cumple alguna norma, bien porque vulnera algún derecho de los ciudadanos o bien porque dicha actuación es susceptible de realizarse de una manera más garantista o más eficaz en el cumplimiento de la finalidad de servicio público, propia de todas las administraciones. Hay que tener en cuenta igualmente que, en determinadas ocasiones, el hecho de solicitar la correspondiente información a la administración sobre una determinada queja ha supuesto la adopción de medidas por parte de ésta para la solución de la situación que nos había sido denunciada.

Durante el año 2001, en 24 ocasiones se ha formulado por la Defensora del Pueblo de Navarra algún tipo de resolución en relación con la queja planteada como consecuencia de una actuación que no se consideraba correcta.

En el resumen estadístico se recoge el número de cada una de las formas antes mencionadas que han adoptado dichas resoluciones (recordatorio de deberes legales, recomendación y sugerencia), así como las que han sido aceptadas y las que están pendientes de contestar, por lo que no se van a reproducir aquí estos datos.

Lo que sí interesa a estos efectos es destacar que, del conjunto de resoluciones adoptadas, han sido aceptadas por las Administraciones destinatarias un total de dieciséis, estando no obstante pendientes de recibir contestación a siete de ellas.

De las resoluciones que hasta el momento han sido contestadas por la Administración, todas, a excepción de una, han sido aceptadas, lo que sin duda representa un alto grado de receptividad y colaboración por parte de las Administraciones afectadas a las indicaciones que les han sido remitidas desde la Institución.

Solamente en un expediente puede considerarse que ha sido desatendido, en ese caso un recordatorio de deberes legales, como consecuencia de la postura adoptada por la entidad afectada en el sentido de considerar que su actuación era conforme con los últimos pronunciamientos judiciales recaídos sobre la materia que versaba la queja. En tal sentido explicaba en su contestación los motivos que le llevaban a tal opinión y citaba las resoluciones judiciales en la que la basaba.

En concreto se trata de la Mancomunidad de Aguas de Mairaga y al asunto viene recogido en el apartado en el que se resumen las diferentes materias que han sido objeto de supervisión por la Institución en el año 2001.

No obstante, y en relación con dicho asunto, tal y como exponemos al tratar el mismo, consideramos oportuno dejar constancia, y así se lo hemos hecho saber a la entidad en cuestión y al ciudadano afectado que, si bien desde un punto de vista de estricta legalidad las referencias a las resoluciones judiciales que nos hacía eran aplicables al tipo de procedimiento que se estaba analizando en ese caso, el hecho de que una determinada forma de proceder de la Administración supere el examen de legalidad a que pueda ser sometida, no obsta ni es óbice para que, desde las distintas administraciones, se realice un esfuerzo por dar la mayor información posible a los ciudadanos en sus relaciones o procedimientos que tengan abiertos con las mismas, ya que, además, muchos de esos ciudadanos no están habituados a los tecnicismos y lenguaje administrativo que normalmente se utiliza en estos procedimientos.

En ese caso concurría la circunstancia añadida de que se había interpuesto un recurso de reposición que no obtuvo contestación alguna por parte de la entidad, lo que sin duda pudo contribuir a que el interesado no tuviera un conocimiento real del momento y situación en que se encontraba el expediente en el que era parte afectada.

Este supuesto no es sino reflejo de algo que ya se ha tenido ocasión de resaltar con anterioridad respecto a la fundamentación y justificación de las resoluciones que adopta esta Institución pero también, y de forma especial, respecto a la argumentación que debe existir igualmente por parte de la Administración correspondiente en relación a sus posicionamientos, todo lo cual no hace sino corroborar la importancia que se concede a la confrontación técnico-jurídica como procedimiento para determinar la corrección o no de la actuación administrativa.

Por tanto, si bien no hemos conseguido modificar una actuación que consideramos mejorable, y por ello no nos queda sino reflejar nuestra opinión al respecto, cuando menos ello es consecuencia de una discrepancia sobre la interpretación de las normas y jurisprudencia aplicable, producida después de un contraste de opiniones entre ambas instituciones y que, por tanto, no surge de una actitud arbitraria. No hay que olvidar que la decisión de no aceptar una resolución de la Defensora del Pueblo de Navarra, sin justificar debidamente las causas a las que obedece, supone no sólo una fractura en el reconocimiento de un comisionado del Parlamento de Navarra, representante de la soberanía popular, sino también una actitud desconsiderada para con aquellos ciudadanos que, haciendo uso de los mecanismos previstos en el Estado de Derecho, han acudido en defensa de sus derechos a una institución garantista como es ésta.