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Petición de ayuda como ex-preso de la Guerra Civil Española

ANTECEDENTES
Un ciudadano planteó (queja 139/2001/2) que se solicitase la oportuna información respecto a la posibilidad de acogerse a algún tipo de ayudas en su condición de ex-preso de la guerra civil española, ya que el interesado había tratado de obtener información, sin conseguirlo, en el Gobierno de Navarra.
Tras la devolución de un primer escrito dirigido al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, se solicitó de nuevo que nos informase sobre la materia, al tener conocimiento de que en 1995 se reconocieron unas ayudas a favor de los ex-presos políticos que no pudieron beneficiarse de las indemnizaciones reguladas por el Estado con carácter general en el año 1.990.
En su contestación, dicho Departamento manifiesta que el Decreto Foral 75/1995, de 20 de marzo -que regula la concesión de indemnizaciones a las personas que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en Ley 15 de octubre de 1.977, de Amnistía, y que no resultaron favorecidos por lo dispuesto en la disposición adicional 18 de la Ley General de Presupuestos del Estado de 1.990- en su art. 9 establecía el plazo de tres meses para la presentación de solicitudes, y en consecuencia cualquier solicitud que tuviera entrada con fecha posterior se encontraría fuera del plazo legal y, por tanto, sería desestimada.
Por otra parte manifestaba que no está previsto que el Gobierno de Navarra establezca un nuevo plazo de solicitud por este tipo de ayudas.
ANÁLISIS
El origen de la cuestión planteada podemos remontarlo a la Ley 46/77, de 15 de octubre, de Amnistía, en la cual no se preveía ningún tipo de indemnización para quienes se encontraban entre los supuestos contemplados en la misma. Este vacío se solventaría posteriormente en la Disposición Adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, General de Presupuestos para 1990, que concedió indemnización a toda aquella persona que acreditase haber sufrido tres o más años de prisión por motivos políticos y tener cumplida la edad de sesenta y cinco años el 31 de diciembre de 1990.
Ante la existencia de un amplio colectivo de afectados que quedaron fuera de las indemnizaciones previstas por no reunir alguno de los requisitos establecidos, y tras la existencia de un importante número de quejas e iniciativas tendentes a corregir la situación, en Navarra se aprobó el Decreto Foral 75/1995 antes citado, que venía a constituir la primera iniciativa de ampliación de este tipo de ayudas, al margen de las de ámbito nacional contempladas en la citada Ley de Presupuestos de 1990.
El Decreto Foral rebajó los requisitos exigidos por dicha Ley en un doble aspecto: tiempo de estancia en prisión y edad mínima exigida. Respecto a las indemnizaciones, se mantenían en un margen similar, siendo algo inferiores. En concreto se exigía un año de estancia en prisión para el caso de las personas de edad comprendida entre 60 y 65 años, o de seis meses para personas mayores de 65 años, todo ello referido al 31 de diciembre de 1.994. Según datos elaborados por el Instituto Navarro de Bienestar Social, ello propició un importante número de solicitudes (en torno a las 240), de las cuales fueron atendidas alrededor de 140 durante los ejercicios de 1995/1996, que supusieron una cifra cercana a los ochenta millones de pesetas, siendo igualmente denegadas unas cien solicitudes.
Tras esta iniciativa, pionera en el ámbito autonómico, diversas Comunidades Autónomas adoptaron iniciativas similares, entre las que podemos citar la Comunidad de Madrid (Decreto 39/1999), el Principado de Asturias (Decreto 22/1999) y, por último, Cataluña (Decreto 288/2000).
En base a lo anterior, esta Institución considera que la Administración de la Comunidad Foral ha dado un tratamiento correcto a la cuestión planteada, máxime si tenemos en cuenta que requisitos como el del cumplimiento de una determinada edad para poder ser beneficiario de las indemnizaciones, fueron sometidos a través de diversas cuestiones de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional que, en sentencia 361/1993, de 3 de diciembre, se pronunció en favor de la constitucionalidad de dicha exigencia.
Es por ello que entendemos que no procede efectuar recomendación alguna en este sentido, salvo que existieran o se detectaran situaciones que aconsejaran llevar a cabo otro tipo de actuación.