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Introducción

Este es el primer informe de carácter anual que el Parlamento de Navarra recibe de la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, por lo que forzadamente se convierte en mucho más que una descripción de los trabajos acometidos, que también se incluye, de nuestra actividad durante el año 2001.

La materialización de una institución de las características que ofrece la del Defensor del Pueblo, plantea el reto inicial del trabajo interno; es decir, la creación de la infraestructura precisa para poder desarrollar la misión encomendada por el Parlamento a través de la Ley de creación de la Institución. Aun pareciendo secundario, quisiera resaltar el ejercicio de equilibrio puesto en práctica entre medios disponibles -que dimensionan de una manera concreta la Institución en su nacimiento en cuanto a recursos humanos, dependencias y medios técnicos- y perspectiva del trabajo que se entiende como el encomendado por este Parlamento. Un ejercicio destinado a conseguir que la limitación espacial y material no determine ni la capacidad ni la ambición de esta Defensora por el análisis del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos en nuestra Comunidad y, aún más concreto, para ser capaces de valorar el carácter de la relación de las administraciones públicas con los administrados. Porque es evidente que los objetivos marcados por el legislador en la Ley 4/2000 de 3 de julio ¯y sin tiempo de espera una vez aprobada- y la respuesta / demanda sobre la Institución por parte de los ciudadanos, superan con creces los criterios de valoración del papel de la Institución en que se han basado inicialmente las decisiones políticas sobre el marco material y profesional de la misma.

Porque es el primer Informe Anual, siento la necesidad de expresar la satisfacción de haber podido hacerlo ¯saber hacerlo es siempre un concepto voluntarioso-, sabiendo ya, habiendo conocido en la práctica, que la Institución tiene un espacio de responsabilidad esperándonos mucho más amplio que el puramente material, que no suficiente, pero es el germen más positivo que podríamos imaginar el día siguiente a mi toma de posesión, en marzo de 2001.

En ninguna Institución del Defensor del Pueblo afín ?ni se prevé en las leyes que las hicieron posibles? los Informes Anuales tienen el valor de una ?rendición de cuentas? ante el Parlamento sobre el ejercicio anterior. Constituyen la base del diálogo, la mesa sobre la que soportar el análisis y el diálogo entre quienes tenemos la responsabilidad, encomendada por el Parlamento, de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, y el Prlamento mismo, como representación de los intereses sociales, culturales y políticos de esos ciudadanos. En este sentido, el Informe Anual es una herramienta que la Institución construye para el trabajo futuro del Parlamento. Así está planteado.

Cabría hacer una matización de este planteamiento en cuanto a los contenidos pues, precisamente por ser el primer Informe Anual, he creído conveniente la inclusión por esta sola vez de algunos aspectos de la definición y misión de la Institución que durante este año se ha ido realizando; aspectos de interés para este informe pues suponen el otro plato de la balanza entre lo pretendido y lo realizado, el contraluz que ofrece la realidad social de Navarra más allá de los deseos, la vocación o la sensibilidad personal.

Durante el primer año de vida de la Institución, he tenido la oportunidad de comprobar el nivel de debate existente en el seno de las organizaciones homónimas o afines de toda España y el propio Ombudsman de la Unión Europea en torno al fin mismo de estos Informes Anuales. Creo conveniente señalar que existe una preocupación colectiva sobre la utilidad de los mismos y la utilización práctica de lo que recogen por parte de los diferentes Parlamentos, de los que, quiero recordar una vez más, somos comisionados.

El valor principal de este Informe no radica en su esfuerzo de síntesis o acierto editorial cuando se hace, sino en su capacidad de orientación sobre el estado de los derechos y libertades ciudadanas en el país o comunidad a que se refiere su contenido. El valor de las resoluciones, recomendaciones, recordatorios de obligaciones legales o advertencias hechas desde las Instituciones del Defensor del Pueblo, supera el marco político en que se desenvuelve la actividad parlamentaria y ahí radica la independencia del criterio aplicado. Y servirán para conocer la capacidad desarrollada por la Institución para poner en práctica su principal método de trabajo generador de confianza: la convicción.

El Informe Anual es el regreso a sede parlamentaria, cada año, del trabajo encomendado por el Parlamento desde el momento mismo de la aprobación de la Ley creadora de la Institución. Confiar en que los titulares de los Medios de Comunicación sean el mejor medio para resolver la realidad que plasma el Informe Anual es restar confianza a la capacidad de las administraciones públicas para la autocorrección, a la capacidad representativa de esta sede parlamentaria y la credibilidad misma de la Institución y, por ende, del Parlamento.

De hecho, cada vez que esta Defensora indica que sus resoluciones no tienen carácter vinculante para la Administración afectada, según lo previsto por la Ley, no le está restando de forma involuntaria un valor a la Institución: simplemente, se incide en la necesidad de potenciar su capacidad de convicción, a la vez que quien me escucha mira hacia el Parlamento de Navarra, que es el que finalmente ejerce la capacidad de control político sobre las actuaciones administrativas que inciden en la vida de los ciudadanos.

Además de por este Parlamento, el conocimiento de este Informe Anual tiene añadido el objetivo de ser conocido por las Administraciones Públicas presentes en nuestra Comunidad, como reflejo de aquellos casos en que su actuación es responsable de las quejas y, en el otro lado de la moneda, como respuesta a las propuestas dimanadas desde la Institución. Pero, más allá de lo cuantificable en quejas, tiene el valor para esas Administraciones de detectar los nichos de problema de diversa índole que ascienden hasta la realidad y, en este sentido, concedemos un valor especial al análisis de las quejas aquí recogidas en tanto que la queja individual puede estar afectando a otras personas que, por cualquier motivo, no llegan hasta las Administraciones o hasta la Defensora del Pueblo.

Desde un principio de mi mandato he apostado por esa labor de detección y altavoz, como elemento de implicación con los ciudadanos y vínculo con las Administraciones Públicas. Confío en que ese valor no quede oculto bajo el obligado esfuerzo de síntesis.

El Informe, como prevé la Ley, contiene una valoración general sobre la protección de los derechos y libertades en Navarra al hilo de las quejas y consultas planteadas ante la Institución y de los contactos que, a iniciativa de esta Defensora, se han mantenido durante el año 2001. Refleja asimismo cuál ha sido el nivel de colaboración de las administraciones, su respuesta en plazo a las peticiones de información recibidas desde la Institución y la atención prestada a las recomendaciones. Son datos que, a mi entender, en un primer año de funcionamiento de la Institución reflejan el nivel de confianza que los ciudadanos han depositado en la Institución y, por otro lado, el respeto de la Administración a esas quejas y consultas y a quienes las plantean.

Sin posibilidad de hacer un cuadro comparativo en cuanto a Navarra, valga señalar que, en el conjunto de las Instituciones afines, el grado de aceptación de las administraciones a partir de las recomendaciones efectuadas por la Institución del defensor del Pueblo oscila entre el 80% y el 90% de los expedientes; dato obviamente vinculado a la capacidad técnica de la Institución pero, también e indudablemente, a la disposición de esa Administración respecto de los propios ciudadanos, de los que el Defensor en cuestión es un mero portavoz.

Se podría decir, como suelo decir y con la mirada vuelta hacia un año, que la creación de la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral cerraba el marco institucional de Navarra. Su puesta en marcha, diecinueve años después de la aprobación de la Ley Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), supone una adecuación de nuestra realidad institucional a los nuevos esquemas de funcionamiento democrático, un paso más en la profundización democrática de las instituciones navarras. Pero el arranque de la Institución en la puerta misma del vigésimo aniversario de la LORAFNA nos recuerda, una vez más que, los cambios, incluso los que avanzan hacia la mayor democracia, en Navarra siempre han sido lentos.

Así, además de cerrar ese marco institucional que citaba, la puesta en marcha de esta Institución en el 2001 viene a representar un nuevo ajuste en la convivencia de las diferentes instituciones, entre las nuevas y las más antiguas. Este nuevo escenario institucional exige un desarrollo lento y lenta ha de ser, forzosamente, la fijación final del espacio que cada institución ocupa y el asentamiento de la relación entre ellas.

Este primer año de existencia de la Defensora del Pueblo, como no podía ser de otra forma, ha transcurrido con un importante nivel de colaboración entre las diferentes instituciones y, de forma especial, con aquellas que en nuestro caso estamos obligados a mantener una relación constante: Gobierno y Parlamento, además de las entidades locales. La aparición de esta Institución ha supuesto la necesidad de ese reajuste entre todos para comprender y aplicar el mandato legal que todos los grupos parlamentarios navarros plasmaron en la Ley creadora de la Institución del Defensor del Pueblo de Navarra.

Sigue siendo válida aquella afirmación inicial de que la creación de la Institución fue un acto de valentía democrática del Parlamento foral y confío en que el avance en ese ajuste y respeto competencial introduzca la suavidad necesaria en el engranaje de la relación y la comprensión competencial de unas y otras instituciones. El esfuerzo realizado en este sentido durante 2001, creo que por parte de todos, deberá continuar en los próximos años, hasta alcanzar las cotas de normalización que se dan en otras comunidades y países, a los que el tiempo les ha hecho ver que, además de una decisión valiente, la existencia de la Institución del Defensor del Pueblo es conveniente para el fortalecimiento de la democracia diaria que se sirve a través de las administraciones públicas y útil para éstas. Me alienta tanto el escenario en el que hemos comenzado a movernos, como me inquieta el tiempo que se necesitará para consolidar una percepción clara de las funciones que nosotros hemos de desarrollar en ese marco.

Tal y como anuncié en mi toma de posesión, la Institución ha dedicado atención, esfuerzo y tiempo de forma especial, incluso por encima de nuestras propias posibilidades durante el 2001, a aquellos colectivos de ciudadanos más sensibles de ver dañados sus derechos o que presentan una mayor indefensión respecto a los abusos de la Administración y la simple aplicación incorrecta de las leyes y normas. Me refiero a colectivos como menores, personas mayores en residencias, inmigrantes y mujeres. Por ese mismo orden hemos ido poniendo las urgencias, aunque el final de las iniciativas ¯si existe un final para las mismas que no sea parcial- se haya producido en otro orden en función del tipo de acción o de la complejidad de lo iniciado.

Consciente de que los aspectos legales que inciden sobre la realidad de esas personas y sus derechos y libertades sobrepasan a veces el marco competencial de la Comunidad Foral, he aplicado en todos estos casos el criterio de la proximidad como pie para la mediación cuando fuese necesaria con las instituciones de carácter estatal, y la radicación física de las personas afectadas; es decir, su presencia en Navarra, pues, independientemente de ese marco competencial, es aquí donde las personas o colectivos afectados viven su propia realidad y es hacia las instituciones navarras, por inmediatas, a quienes dirigen su voz.

Producto de esa planificación han sido la elaboración entre junio y noviembre del informe especial elaborado por la Institución sobre la inmigración en la Ribera de Navarra y, respecto a algunos aspectos, en el conjunto de la Comunidad; el arranque de un Protocolo básico de actuaciones en abusos y malos tratos a menores y violencia de género en la Comunidad Foral y la obtención de los primeros datos para la elaboración, finalmente en el 2002, de una Carta de Derechos de las Personas Acogidas en Instituciones de la Tercera Edad (residencias, asilos?).

Junto a este trabajo, el esfuerzo por difundir la Institución y, más allá de su difusión, la presencia física real junto a los ciudadanos, constituyen una labor que en el balance de nueve meses ha reportado, incluso más que la Institución a los ciudadanos, un grado de conocimiento de valor incalculable sobre la realidad de nuestra Comunidad Foral en cuanto al potencial, el desarrollo y el respeto a las libertades y los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. O, como gusta de recordar el rector Magnífico de la Universidad Pública de Navarra, la radiografía de lo que los ciudadanos navarros asumen sobre sus derechos? y sus deberes.

Pero el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos no parte o se dañan únicamente en el ámbito de las administraciones. Empeñados todos en la defensa de esos derechos, al menos desde las declaraciones de principios filosóficos, quisiera recordar al conjunto de los grupos parlamentarios el valor de su representación democrática, como producto de la posibilidad de convivencia desde la discrepancia política. Pero no cabe discrepancia sobre el respeto al derecho de los ciudadanos a la convivencia en paz. Quisiera reclamar el valor útil de la paz como cauce de valor demostrado para el desarrollo de los pueblos y, más allá aún, exigir como Defensora del Pueblo la radical defensa del derecho a la vida y la integridad física y social de las personas, a la plena libertad para el ejercicio precisamente de esas libertades que nos empeñamos en defender.

Quisiera creer que todos valoramos como un grave contrasentido la defensa de la vida y la paz a la vez que la violencia permanece. El valor útil de la paz queda anulado. Y no hay paz que sobreviva a lomos de la violencia.

Las personas asesinadas por ETA durante el año 2001 aquí o fuera de Navarra no se pueden recuperar como moneda de cambio hacia cualquier modelo de convivencia. Su muerte borra radicalmente el valor de la causa de su muerte. Y extiende sospechosamente su sombra al ímpetu que presupongo a toda la sociedad para luchar conjuntamente a favor de los derechos y libertades, sea cuales sean éstos y éstas, en tanto que lo sean realmente.

La presión sobre la libertad de representación democrática a los cargos electos en los Ayuntamientos es una forma de violencia tan dañina como la agresión física, revuelve el interior mismo de la esencia de los derechos humanos, individuales y colectivos, y rompe no ya el marco de convivencia sino la convivencia misma y el avance hacia el punto de encuentro.

Acostumbrados como vamos estando a potenciar la igualdad entre mujeres y hombres, nunca podremos acostumbrarnos a eliminar la igualdad entre las personas porque esa es la base de la tolerancia y los sentimientos solidarios.

En otro orden de cosas, finalmente, quisiera agradecer la colaboración que se nos ha dado abierta y desinteresadamente desde instituciones afines, entidades locales, centros educativos, organizaciones sociales y colectivos profesionales y cuantas aportaciones personales nos han permitido impulsar la Institución, desde el convencimiento sobre la autonomía e independencia mutua y el afán común de la colaboración.

María Jesús Aranda Lasheras
Abril de 2002