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Apunte Estratégico 2001/2

El presentado como Apunte Estratégico 2001/2002 pretendía ser, y así ha sido, el marco general de actuación a fin de poder compaginar con un cierto método la atención a los ciudadanos y la instalación incluso física de la Institución.

Este Apunte Estratégico 2001/2002 dibujó el perfil de la Institución pues, aunque la Ley que crea la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra indica al mismo tiempo el marco general de actuación en cuanto a los principales objetivos que debemos plantearnos: (atender las quejas de los ciudadanos respecto a la actuación de las Administraciones Públicas forales, en aquellos casos en que esté prevista la capacidad de actuar), el desarrollo de la propia Ley abre un espacio complementario en el que cabe encajar la segunda línea definitoria de la Institución y que, efectivamente, está estrechamente vinculada a la propia personalidad de la Defensora del Pueblo de Navarra, a las características concretas de nuestra Comunidad y a la voluntad -y capacidad- de trabajo que la Institución y su equipo deseaba plantearse.

En este sentido, parece claro que, aunque con matices, ninguna Institución del Defensor del Pueblo ha asumido un papel meramente representativo, no sólo porque los ciudadanos no entenderían ni admitirían ese planteamiento, sino porque la decidida voluntad política de crear la Institución se contradiría con ese ?escenario?.

Así, y a partir del camino y margen que la Ley ofrece, sólo cabía decidir sobre dos opciones concretas, no antagónicas en ningún caso:

? Una institución / sensor en la sociedad a través de las quejas y consultas que lleguen hasta la Institución; razonable por adecuada a las características iniciales que se dieron en el arranque de la propia Institución y bastante coherente, de otra parte, en Comunidades con un alto grado de satisfacción de sus ciudadanos o con una Administración autocomplaciente; coherente asimismo con una dotación de perfil bajo en cuanto a medios materiales y humanos y, finalmente, adecuada a equipos profesionalizados capaces de hacer una función esencialmente de ?puente? entre la Administración y los ciudadanos. Una opción, en cualquier caso, que elimina cualquier riesgo, no ya técnico o profesional, sino de polémica con las Administraciones; en definitiva, con los Gobiernos responsables de esas Administraciones.

No obstante, este posible carácter más ?amable?, menos comprometido de la Institución, poco podrá contribuir no obstante a alcanzar ese objetivo básico señalado con nitidez en el discurso de investidura de la Defensora: El fortalecimiento institucional de la Comunidad, a través del fortalecimiento de su principal institución, el Parlamento, objetivo sólo alcanzable en lo que afecta a la Defensora del Pueblo a través del propio fortalecimiento social de su Institución.

De este modo, la Institución apostó por una mayor correspondencia con el perfil de la mayoría de las Instituciones del Defensor del Pueblo en España y los países europeos más avanzados en este sentido:

? Una Institución con mayor iniciativa propia, abierta a todos aquellos aspectos o situaciones sociales que afecten a los ciudadanos con carácter individual o colectivo y cuya resolución dependa de un mejor o un nuevo modo de funcionamiento de las Administraciones Públicas.

Cierto es que a ese ?status? han llegado otras instituciones afines después de no pocos avatares, oscilaciones políticas en torno a sus objetivos y actuación y, por supuesto, respecto a sus titulares en tanto que, como dependientes de la representatividad parlamentaria, todos son producto de un mayor o menor grado de consenso político. Pero también es cierto que su actual definición es producto de una voluntad decidida y permanente de actuar en la línea elegida, saber concitar la credibilidad de la Institución a partir de la confianza ganada de los ciudadanos, un mayor esfuerzo de generosidad personal y una efectiva -que no efectista- labor de puente entre Administración y administrados que responda a éstos en sus necesidades y, a la vez, permita a los Gobiernos una fuente de información testada sobre su propio funcionamiento interno y para con la sociedad.

Esta segunda opción requirió un planteamiento de trabajo mucho más ambicioso, incluso más allá de los propios medios con que se han contado durante el 2001; la ?administración? del Defensor del Pueblo aleja la imagen de gestoría de cómodo recorrido y se adentra en la raíz misma de las quejas, que no es sino una raíz social, con una profunda carga acumulada de desamparo.

Es, en definitiva, una opción puramente proactiva; anticipada por sensible a los problemas que, individualmente gestionados o globalmente considerados, afectan a colectivos de ciudadanos de manera importante, ya sean problemas especialmente conocidos públicamente o no.

Esa decisión a favor de la iniciativa es, asimismo, coherente con el sentir que los administrados tienen sobre la Institución en cualquier lugar y dimensión competencial.

La Ley marca las competencias y, en este sentido, la ?malla? competencial de la Institución. Es el perfil y el estilo de la Institución lo que se decide, y de esa decisión depende:

2.2.1.1. La capacidad de actuación desde la voluntad de trabajo y como expresión de la sensibilidad social de las instituciones de Navarra.

2.2.1.2. La carga de trabajo que se desee asumir a corto y medio plazo.

2.2.1.3. La adecuación ente objetivos y recursos